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Desde el ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán explicaron a Ámbito que la postergación de pagos está vinculada a la situación de reacomodamiento a partir de la guerra en Ucrania y sus consecuencias. Y no descartaron que el pago se concrete antes del deadline del 31 de marzo.
Argentina y el FMI sellaron un acuerdo final para refinanciar una deuda cercana a 45.000 millones de dólares, que contempla un plan para estabilizar una economía en crisis hace años. Ya con la sanción del Congreso, que dejó heridas en la coalición entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner, y Sergio Massa, ahora resta el visto bueno del board del Fondo. Llamativamente, el organismo resalta en su comunicado el apoyo político y social que recibió el acuerdo.
El comunicado del FMI sostiene:
“Acogemos con beneplácito la reciente aprobación por parte del Congreso Nacional Argentino del acuerdo alcanzado con el personal del FMI para ser respaldado por un Acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés). El FMI otorga gran valor al amplio apoyo de la sociedad para el éxito del programa y la aprobación legislativa es una señal importante de que Argentina está comprometida con políticas que fomentarán un crecimiento más sostenible e inclusivo. También es testimonio de la dedicación y el arduo trabajo de las autoridades argentinas que han ayudado a lograr este importante paso adelante.
“Para dar tiempo a tener en cuenta el entorno mundial que cambia rápidamente, incluida la guerra en Ucrania, el Directorio Ejecutivo del FMI se reunirá para analizar la solicitud de Argentina de un programa respaldado por el FMI el viernes 25 de marzo.
“También puedo confirmar que las autoridades han informado al FMI que combinarán las obligaciones de pago de marzo de Argentina con vencimiento el 21 y el 22 de marzo en una sola recompra antes del 31 de marzo de 2022, por un monto total equivalente a unos DEG 2.014 millones. La decisión del gobierno, que no requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, es consistente con las reglas del FMI [1] y con que Argentina se mantenga al día en sus pagos al Fondo y, por lo tanto, no incurra en atrasos”.
El acuerdo con el FMI
El acuerdo es una refinanciación de la deuda de Macri. Es decir, plata pedida al Fondo para pagarle al Fondo los vencimientos de aquel préstamo y así mejorar el perfil de vencimientos netos.
Tendrá 10 revisiones y serán trimestrales con desembolsos. El pago de los mismos será entre 2026 y 2034, ganando 4 años y medio sin sacrificar dinero de la Argentina para pagar deuda en estos dos años y medio. El primer desembolso del FMI será de u$s9800 millones.
PRINCIPALES 10 EJES DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON EL FMI
Habrá un aumento moderado y sostenible del gasto con expansión en infraestructura, ciencia y tecnología y políticas de fortalecimiento de asistencia social y transición de planes sociales a empleo genuino
“Como parte de nuestro enfoque equilibrado de política fiscal, nos comprometemos a mantener un crecimiento real positivo del gasto y a mejorar la eficiencia y la progresividad del gasto, en particular en lo que se refiere a asistencia social, ciencia y tecnología e inversión púbica”
Más fondos para inclusión social
”Continuaremos afianzando nuestros mecanismos de asistencia social para atender de manera óptima a las personas más necesitadas, y nos concentraremos en combatir la pobreza infantil y reorientar las ayudas para fomentar la inclusión en el mercado laboral, sobre todo para las mujeres y los trabajadores con calificaciones bajas o insuficientes”
“Además, se procurará reorientar el gasto social hacia programas de capacitación y empleo, y seguir reforzando los sistemas presupuestarios para garantizar que el gasto aborde las desigualdades de género”
Más inversión en obra pública e innovación
“Tenemos previsto seguir incrementando la inversión en infraestructura a más de 2% del PIB en 2022 (de un promedio de 1% del PIB en 2018-20) y mantener este nivel a lo largo del programa. Esta inversión se centrará sobre todo en mejorar las condiciones de vivienda y sanidad en las zonas urbanas más pobres, y en reforzar la infraestructura vial, energética, digital y logística del país. Además, se protegerá y ampliará el gasto en ciencia y tecnología a fin de promover la innovación”
Jubilaciones
El acuerdo no prevé NINGUNA REFORMA PREVISIONAL, solo contempla dos párrafos en los memorandos sobre el tema que dicen lo siguiente:
“El gasto en jubilaciones y pensiones estará guiado por el nuevo mecanismo de actualización adoptado a finales de 2020”
“Realizaremos y publicaremos un estudio que describa las opciones y recomendaciones para afianzar la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional, focalizado en determinados regímenes especiales de jubilaciones alcanzados por la Ley 27.546 así como en los mecanismos para facilitar la continuidad voluntaria de la vida laboral de las personas”
Reducción virtuosa del déficit fiscal, es decir que irá acompañado del crecimiento real
“Hemos trazado una estrategia plurianual de consolidación fiscal en la que se ha fijado como meta un déficit primario de 2,5% del PIB en 2022, que se reducirá a 1,9% del PIB en 2023, y a 0,9% en 2024”
Política fiscal contracíclica
“Si los ingresos reales del gobierno federal (netos del gasto asociado legalmente) fueran superiores a lo programado, nos comprometemos a aprovechar esta oportunidad para reducir debidamente el déficit fiscal según corresponda, o para asegurar que nuestro escenario base de meta fiscal se cumpla en el evento de que ocurra un shock externo adverso, y de esta manera reflejar nuestro compromiso respecto a las políticas de estabilización macroeconómicas
Financiamiento trayectoria fiscal
“El sendero fiscal previsto se financiará principalmente mediante una firme expansión de la deuda pública denominada en pesos y el apoyo de la comunidad internacional, lo que facilitará la eliminación total del financiamiento monetario del déficit para finales de 2024”
Tarifas
Quienes más contribuirán a la reducción de los subsidios energéticos serán aquellos sectores con mayor capacidad de pago, mientras que el resto de los usuarios tendrán aumentos que estarán por debajo de la suba de los salarios
Se apunta a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad
Estas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales y contendrá las propuestas de exclusión si correspondiere
Usuarios residenciales
Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial (anteriormente denominado CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior
Se impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago, e incentivando la adopción de medidas que promuevan al uso racional de los servicios.
La segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles:
usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago
usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior
para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior
“Se ha diseñado un nuevo esquema de segmentación de los subsidios a los consumidores residenciales de manera que podamos focalizar las revisiones de los precios mayoristas de la energía en aquellos usuarios que, en base a criterios objetivos, posean mayor capacidad de pago. Siguiendo todos los mecanismos institucionales, antes de que finalice abril, convocaremos a una audiencia pública con la propuesta de eliminar los subsidios a la electricidad y el gas, a partir del primero de junio del corriente año, al 10 por ciento de los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago”
“El ahorro fiscal previsto con el plan de segmentación podría alcanzar el 0,06 por ciento del PBI en 2022, y ahorros adicionales resultarían en 2023 como consecuencia de la expansión del plan de segmentación”
Usuarios no residenciales
Contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública
Inflación
Hay entendimiento de que la inflación es multicausal y no solo un fenómeno meramente monetario como afirmaba el Gobierno anterior y el FMI de ese entonces.
“La alta y persistente inflación en Argentina es un problema multicausal, cuya solución requerirá una estrategia de varios frentes. Para reducir la inflación de forma duradera se precisará un programa integral de políticas económicas. Un pilar importante será contar con un sendero fiscal y de financiamiento que sea sostenible y que ayude efectivamente a reducir sin demora el financiamiento del presupuesto por parte del banco central. Será fundamental complementar esto con una política monetaria prudente y proactiva para respaldar la demanda de activos en pesos y con políticas voluntarias de precios e ingresos para hacer frente a los desafíos derivados de la fuerte inercia de la inflación y del desanclaje de las expectativas de la dinámica inflacionaria”
Políticas de ingresos y precios cuidados
“A mediados de enero se suscribió un nuevo acuerdo voluntario de precios (Precios Cuidados) con más de 150 participantes del sector privado, para que los aumentos de precios no superen el 2% mensual en 1.300 productos representativos de la canasta de consumo masivo. Estos acuerdos de precios serán un complemento importante de los acuerdos salariales vigentes para apoyar el crecimiento de los salarios reales. Nuestras políticas de ingresos y precios se actualizarán en función de las circunstancias para hacer frente a la inercia y para orientar las expectativas sobre la dinámica futura de la inflación”
Tipo de cambio. No habrá ningún salto cambiario
“Calibraremos nuestra gestión del tipo de cambio para garantizar la competitividad a mediano plazo del tipo de cambio real efectivo, e incentivaremos la acumulación de reservas. Con este fin, y para ayudar a alcanzar las metas de acumulación de reservas en el marco del programa, la tasa de ajuste del tipo de cambio oficial mantendrá el tipo de cambio real efectivo en 2022, en general, invariable con respecto a los niveles de 2021 a fin de preservar la competitividad”
Políticas de crecimiento y resiliencia
“Las reformas que promuevan el crecimiento serán críticas para comenzar a abordar cuellos de botella de larga data y sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo”
Las políticas promotoras del crecimiento y la resiliencia buscarán estimular:
- la expansión y la diversificación del sector de bienes transables
- la inversión y la productividad
- el desarrollo económico local y regional
- el empleo formal y la inclusión laboral
- mejoras de la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético
- las políticas de adaptación y mitigación climática
- el desarrollo más amplio de los mercados de capital.
Tasa de interés
Se acordó un marco que tiene como objetivo tener una estructura de tasas de interés reales positivas, de modo de fortalecer la demanda de activos en nuestra moneda y contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera
“El BCRA procurará mantener una tasa de política monetaria efectiva positiva en términos reales, conservando coherencia con una trayectoria sostenible para los títulos del BCRA. Al determinar la tasa de interés real se tendrán en cuenta indicadores coincidentes y prospectivos de la inflación que se actualizarán mensualmente, en comunicación con el personal técnico del FMI, teniendo en cuenta también otros factores, como la evolución de las reservas. Esto ayudará a garantizar que, en adelante, las tasas de interés de los depósitos bancarios a plazo sigan siendo positivas en términos reales, a fin de apoyar la demanda de depósitos en pesos y el desarrollo de un mercado interno de títulos públicos”.
Se espera que el acuerdo, que se negoció por más de un año, lleve tranquilidad a los mercados de la Argentina, que ha sufrido una fuerte devaluación de su moneda en medio de una inflación del 50% anual.
“Luego de intensas negociaciones, el Gobierno nacional logró cerrar con el FMI un acuerdo que permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa ‘Stand By’ de 2018, que presentaba vencimientos concentrados principalmente en los años 2022 y 2023”, dijo el Ministerio de Economía en el comunicado.
El FMI aclaró que el programa está sujeto a la aprobación del directorio, una vez que el Congreso argentino lo haya respaldado.
La tarea no será sencilla ya que el acuerdo tiene resistencia de la oposición y también de algunos sectores del propio oficialismo.
El debate será contrarreloj, dado que Argentina enfrenta en marzo un vencimiento por unos 2.800 millones de dólares, que podría evitarse si se aprueba el acuerdo, un aspecto clave para mantener las escasas reservas del banco central.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, asistirá el lunes a la cámara baja para dar detalles del acuerdo, dijo el diputado de la oposición Cristian Ritondo a periodistas.
DÉFICIT
El acuerdo establece que el período de pago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, por lo que el país comenzará a pagar la deuda en 2026 y terminará en 2034.
También confirma la pauta para la reducción gradual del desequilibrio fiscal hasta la eliminación del déficit en 2025, una cifra estipulada en el entendimiento alcanzado hace meses entre las partes.
Funcionarios del organismo dijeron el jueves en un encuentro virtual con periodistas que, como parte de la reducción del déficit, el nuevo programa busca recortar los subsidios a la energía en un 0,6% del PIB. Aseguraron también que la inflación del país sudamericano caería a entre el 38% y el 48%, desde el 51% registrado en 2021.
El programa es “pragmático y realista, con políticas económicas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica y abordar los desafíos profundamente arraigados de Argentina para el crecimiento sostenible”, dijo el organismo en un comunicado.
El aumento en las tarifas de los servicios públicos -incluyendo la energía- fue uno de los temas de discusión con el FMI, dado que las mismas determinan el gasto del Gobierno en subsidios, un punto clave para la reducción del déficit fiscal.
“El tema tarifario fue uno de los de mayor discusión e intensas negociaciones, pero se ha logrado un entendimiento y un sendero que cuida a los más vulnerables y avanza en la construcción de tarifas razonables”, dijo la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, en una conferencia de prensa previa al anuncio.
La deuda se originó en un préstamo por 57.000 millones de dólares, el más grande en la historia del FMI, que el organismo otorgó a Argentina. En medio de una crisis, el país rechazó la última parte del crédito.
Fuente Ambito
