El diputado nacional de la UCR por La Pampa, Martín Berhongaray, consideró que el gobierno pampeano debe acudir a la Corte para voltear Portezuelo del Viento. “Este gobierno nacional también nos quiere perjudicar, hay que sacarlo de la cancha. La obra es inviable”, dijo a Diario de La Pampa.
“Este gobierno nacional juega muy fuerte para Mendoza”, afirmó consultado sobre el proceso de laudo presidencial pedido por Mendoza, que abrió esta semana el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.
Berhongaray, que integra además la Fundación Chadileuvú, opinó que el gobierno provincial debe judicializar el conflicto desatado sobre la obra ya que sería “ridículo” confiar en un laudo del presidente Albero Fernández, ya que el gobierno nacional es “socio” del consorcio que eventualmente se adjudicaría la construcción.
En primer lugar, recordó que cuando el laudo se planteó durante la presidencia de Mauricio Macri, ya había sostenido que no se puede arbitrar sobre ninguna obra “sin tener la certeza técnica de que no va a provocar daño al ambiente”. “No existe un estudio de impacto ambiental que diga que esto no va a contaminar”, indicó.
“Esto lo dije antes y lo digo ahora, siempre fui consecuente, no como el gobierno provincial, que hasta hace pocos años apoyaba esta obra abiertamente. Yo estuve siempre en contra, y al principio prácticamente en soledad”, punzó.
En segundo término, consideró “ridículo” que el presidente laude cuando “el estado nacional adquirió las dos terceras partes de las acciones de IMSA (Pescarmona), y lo hizo en sociedad con Mendoza, que adquirió una quinta parte”. “El estado nacional se transformó de esa manera en integrante del consorcio adjudicatario de la obra, el único oferente de la licitación. La empresa china Sinohydro tiene el 46%, IMSA el 22%, Electromecánica el 16% y CEOSA el 16%”precisó.
“Esto llevó a peder la imparcialidad al estado nacional a la hora de decidir. No se puede involucrar en una controversia. Tiene un interés particular en la ejecución del emprendimiento. Más claro, hay que echarle agua”, graficó.
Como tercer punto, planteó que a partir de la reforma del ’94 la Constitución Nacional y la ley de presupuestos mínimos, que están por encima del estatuto interno de COIRCO, que debería “ajustarse a normas superiores”, establecen que toda obra que afecta a un recurso ambiental en diferentes jurisdicciones, debe tener la aprobación de todas las provincias, y si una sola se opone, no puede llevarse adelante.
Fuente Mendoza Today
