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El giro de España en su postura sobre el Sahara Occidental, que asume plenamente las tesis de Marruecos, ha tenido ya un primer efecto tangible: el regreso a Madrid de Karima Benyaich, embajadora de Rabat en nuestro país, del que salió a mediados de 2021 como respuesta a la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, y ser llamada a consultas. Pero Rabat no se conformó con eso, sino que además lanzó a miles de sus ciudadanos contra la frontera de Ceuta, ciudad a la que consiguieron entrar de forma ilegal más de 10.000 personas ante la pasividad de las fuerzas marroquíes. Esta crisis diplomática con Marruecos le costó el puesto meses después a la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que fue señalada como la principal responsable. Lo cierto es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la había apoyado en su decisión de acoger al líder del Frente Polisario por «razones humanitarias» –iba a ser tratado en un hospital de La Rioja de su infección por Covid–, en contra de otras opiniones dentro del Gobierno, en especial del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la de Defensa, Margarita Robles, que advirtieron de las consecuencias que una decisión así podía tener. Desde su llegada al Ministerio de Exteriores José Manuel Albares se fijó como prioridad recuperar las buenas relaciones con nuestros vecinos del sur, y el principal exponente de esa estrategia ha sido el polémico comunicado sobre el Sahara Occidental, que cambiaba la postura española de décadas y rompía también con lo que habían sido las posiciones tradicionales del PSOE. Todo ello, además, sin habérselo comunicado ni a sus socios de Gobierno –el malestar de Unidas Podemos con este asunto es muy importante–, ni al principal partido de la oposición, el PP, que se enteró por los medios de comunicación. Tampoco el resto de fuerzas políticas con representación parlamentaria fueron consultadas al respecto. Compromisos de Rabat A cambio, desde Exteriores se aseguró que se habían obtenido de Rabat compromisos de que no se repetirán «acciones unilaterales» como el asalto masivo a la frontera de Ceuta de los días 17 y 18 de mayo del año pasado, o la extensión de la zona económica exclusiva marroquí hasta aguas de Canarias; de que se respetará «la integridad territorial» de España, incluidas las dos ciudades autónomas y de que Marruecos cooperará «en la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico». Sin embargo, lo cierto es que ninguno de esos compromisos figura en el comunicado que hizo público el Ministerio de Exteriores marroquí, lo que ha levantado algunas suspicacias. Desde Moncloa, en cualquier caso, se asegura que los compromisos han sido asumidos de forma plena por el Gobierno de Rabat. El siguiente paso para escenificar esta nueva etapa en las relaciones bilaterales de los dos países es la próxima visita a Marruecos de Albares, a la que seguirá, no mucho después, otra del presidente del Gobierno. Lo que más llama la atención de los pasos de Pedro Sánchez en materia diplomática respecto a este país y Argelia es su incapacidad para prever las consecuencias de los mismos. Ni en mayo del año pasado sospechó que Marruecos iba a llamar a consultas a su embajadora por tiempo indefinido –mucho menos que fuera a provocar los gravísimos episodios de la frontera de Ceuta–, ni tampoco ahora ha sido capaz de prever que Argelia iba a reaccionar con esta dureza, en un momento crítico además por la crisis energética agravada en las últimas semanas por la invasión de Ucrania.
Fuente ABC
