En conferencia de prensa, el funcionario explicó que la medida fue conversada con agrupaciones de familiares de los presos de las protestas y con algunas de las víctimas, y remarcó que la decisión apunta a “revisar y sanar ciertas heridas que dejó el estallido en la sociedad” en Chile.
La iniciativa busca amnistiar a los presos de las masivas protestas que hayan cometido delitos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, y está en debate en el Congreso.
La administración de Sebastián Piñera había adelantado que vetaría el proyecto si avanzaba hasta su sanción.
“Por cierto, hay una primera deuda y misión respecto a conseguir la verdad y conseguir justicia respecto a los distintos casos que han ocurrido de violaciones a los derechos humanos”, subrayó Jackson, según la agencia Sputnik.
En la conferencia, el ministro estuvo acompañado de la senadora Fabiola Campillai, la primera parlamentaria ciega de Chile, quien perdió la vista luego de que un carabinero (policía militarizado) le disparara una granada lacrimógena en el rostro.
El proyecto ingresó al Congreso como propuesta de indulto y posteriormente fue mutando a una amnistía, y establece la extinción de la responsabilidad de los manifestantes acusados de delitos durante manifestaciones, dejando fuera a aquellos acusados de cometer delitos graves o que pusieron en riesgo la vida de alguna persona.
El estallido social fue un movimiento de protestas ciudadanas originado el 18 de octubre de 2019 contra el sistema económico vigente del entonces presidente Piñera y la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90), y terminó dando paso al actual proceso constituyente.
La represión ejercida por Carabineros y las Fuerzas Armadas durante las protestas dejó miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos, ratificadas por organismos nacionales e internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros.
Fuente Ambito
