El Gobierno se ha reunido en la mañana de este martes con las principales empresas eléctricas, pero hasta el próximo no anunciará medidas concretas para afrontar la crisis energética, que ha llevado a la luz, al gas y a los combustibles a máximos históricos en plena invasión de Ucrania. De momento no hay acuerdos, a la espera del Consejo Europeo que empieza el jueves, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha limitado a pedir un “esfuerzo adicional” a los directivos.
La también vicepresidenta tercera no suelta prenda. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha evitado revelar detalles de la reunión, en la que también ha participado el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Junto a ellos, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, o el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, entre otros. Por la tarde será el turno de las petroleras, a las que Moncloa cargará parte de los 500 millones de ayudas al transporte.
Lo único que ha trascendido son los tres mensajes genéricos lanzados por Sánchez a los directivos: aliviar la situación que sufren los consumidores, activar la respuesta de la Unión Europea a la crisis, que pasa por transformar el sistema energético y acelerar el despliegue de las renovables, y compartir el análisis sobre las respuestas en las que está trabajando el Gobierno en Bruselas, tras la gira del presidente por diferentes capitales europeas para conseguir apoyos.
Ribera ha enfatizado que la situación actual requiere un compromiso por parte de todos, incluidas las empresas, que “pueden y deben” hacer un esfuerzo adicional, pero este no consistirá en una carga fiscal superior al actual impuesto de sociedades, como defienden los socios de gobierno de Unidas Podemos y la propia OCDE. Las grandes eléctricas se oponen a limitar los llamados ‘beneficios caídos del cielo’ y defienden aumentar el número de contratos bilaterales a largo plazo para dar estabilidad al mercado.
De momento, no hay noticias de un nuevo encontronazo, como ocurrió con el ‘hachazo’ aprobado el pasado septiembre y que finalmente el Ejecutivo tuvo que suavizar. Fuentes del sector consultadas por Europa Press califican la reunión de “constructiva” y se han mostrado dispuestas a arrimar el hombro. La propia ministra ha quitado hierro al encuentro al enmarcarlo en el “diálogo amplio” que Moncloa mantiene en los últimos días con los partidos y los agentes sociales. El objetivo: lograr el mayor consenso posible de cara a la aprobación del paquete de medidas económicas para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania, que tendrá lugar en el Consejo de Ministros del 29 de marzo.
Sobre la posición que defenderá el Gobierno en el Consejo Europeo que comienza este jueves, Ribera ha vuelto a ser ambigua. España aboga por reformar el funcionamiento actual del mercado marginalista para limitar la “distorsión” que producen las centrales de ciclo combinado, que emplean gas, en la fijación de los precios de la luz. Sin embargo, no está claro cómo lo logrará. “Lo más sencillo es ver el precio máximo al que pueden ofertar la electricidad las centrales de ciclo combinado y, en el supuesto de que esté por encima de ese coste, que se produzca un ajuste ‘ex-post’ en el mecanismo automático del funcionamiento del mercado mayorista”, ha dicho la ministra, para quien esta medida tendría un carácter coyuntural.
El Gobierno ha especulado en los últimos días con la idea de limitar el precio del gas para que no dispare el de la luz, lo que le ha granjeado el apoyo de algunos directivos presentes en la reunión, según Europa Press. Pero Ribera ha supeditado cualquier reforma a los flecos técnicos y ha abierto la posibilidad de que solo se sumen algunos Estados. Los reguladores se oponen a que España y Portugal ‘topen’ unilateralmente el gas, pues supondría la ruptura del mercado europeo. De momento, no hay consenso entre los Veintisiete, pero la propuesta española está en el menú de las opciones que maneja la Comisión Europea.
Fuente El Confidencial
