Luego de aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), iniciativa que agudizó los conflictos en la interna del Frente de Todos, el Senado retomará el trabajo parlamentario con el análisis del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para reformar el Consejo de la Magistratura.
Allí, dos mendocinos se destacarán en el debate: por un lado, Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos, quien defenderá la postura oficial. Por el otro, Alfredo Cornejo, quien es autor de un proyecto propio de reforma de ese cuerpo.
Como sea, Juntos por el Cambio logró unificar sus propuestas y ayer presentó un contraproyecto que será considerado durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, que se reunirá esta tarde a las 16.
El tema había sido incluido por el Gobierno en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, pero por voluntad política del oficialismo no hubo tratamiento de ese proyecto ni de ninguno durante los meses del verano. Sin embargo, ahora sí hay una decisión de tratar el tema con la mayor celeridad posible en las comisiones.
Ambos cuerpos parlamentarios fueron constituidas recientemente, y se designó al peronista jujeño Guillermo Snopek al frente de Asuntos Constitucionales y al kirchnerista neuquino Oscar Parrilli a la cabeza de Justicia.
El oficialismo quiere cumplir con el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la actual ley (que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura) e intimó al Congreso a sancionar una nueva norma antes del 15 de abril.
El máximo tribunal consideró en su sentencia que la normativa que está vigente -impulsada hace 15 años por el Gobierno de Cristina Kirchner- no respeta el equilibrio entre los estamentos de la política, los jueces y los abogados que dan forma al organismo encargado de seleccionar y disciplinar a los magistrados.
De no cumplir con el plazo perentorio, el cuerpo quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y a su vez, será obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando eran 20 miembros y no 13 como ahora. El proyecto del oficialismo apunta a elevar de 13 a 17 los integrantes del Consejo, incorporando dos abogados, un juez y un representantes del ámbito académico y científico.
De prosperar la iniciativa del Gobierno, el Consejo quedaría integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (ahora son dos), seis miembros del Poder Legislativo (tres diputados y tres senadores nacionales, siendo dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría), cuatro representantes de los abogados (ahora son tres), un representante del Poder Ejecutivo, y por último dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo).
En cumplimiento con un criterio de paridad de género, tanto en el caso de los legisladores nacionales como en el del estamento de académicos y científicos, al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres. También deberá haber dos mujeres de los cuatro que representan al estamento de abogados, quienes serían elegidos por el voto directo de acuerdo al sistema D´Hondt por los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales con asiento en las Provincias.
Juntos por el Cambio tenía varios proyectos presentados, pero se logró unificar las propuestas y ayer se presentó la versión final del contraproyecto, con un pilar fundamental: prevé que la Corte Suprema vuelva a tener un integrante en el Consejo de la Magistratura y que además lo presida (como sucedía antes del 2006), una pretensión que el Frente de Todos rechaza. Allí radicará la clave de las discusiones entre oficialismo y oposición.
La iniciativa de Juntos por el Cambio propone restaurar la antigua composición del Consejo de la Magistratura de 20 miembros con el presidente de la Corte Suprema a la cabeza (actualmente le tocaría asumir el cargo a Horacio Rosati).
Además, el proyecto opositor estipula que el organismo esté integrado por cuatro jueces o juezas del Poder Judicial de la Nación, elegidos por sistema D´Hont, “debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del interior de la República y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.cuatro jueces (dos por la Capital Federal y dos por el interior)”.
A su vez, se incluye en la composición del Consejo un representante del Poder Ejecutivo; cuatro senadores nacionales (dos por el bloque con más integrantes, uno para la segunda bancada y uno para la tercera) y cuatro diputados (misma distribución). En el caso de los legisladores nacionales, serán designados por los titulares de Senado y Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, y deberá resguardarse la representación equitativa de género.
A ellos se les suman cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal (dos por la Capital Federal y dos por el interior); y dos representantes del sector académico, que deberán ser abogados y profesores titulares en cátedras de facultades de Derecho de universidades nacionales.
Por otra parte, se propone aumentar a dos tercios la mayoría necesaria para integrar las comisiones. “Esto es para garantizar el diálogo y el consenso, para que no haya un grupo que pueda designar permanentemente mayoría en todas las comisiones. La misma mayoría se necesitará para designar al Vicepresidente y a la Secretaría General”, explicó Juntos por el Cambio en un comunicado.
Fuente Mendoza Today
