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Las incógnitas sobre la trama de espionaje que dinamitó al Partido Popular y puso punto final a la relación entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso comenzaron a desvelarse este lunes en el edificio de los grupos municipales. Cuarenta días han tenido que pasar para intentar esclarecer qué papel jugó el Ayuntamiento de Madrid en el contacto con una empresa de detectives para conseguir datos del hermano de la presidenta regional, ya que fue a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) desde donde se habría contratado. Ayer, el consejero delegado negó de forma tajante este extremo, en la primera sesión de la comisión de investigación: no hay ningún contrato y no puede haberlo por los filtros internos de la empresa, pero eso no impide que alguna persona se citase con los espías a título individual. «Si alguien fue a hablar con el detective lo tuvo que pagar con su dinero. La empresa no lo puede pagar», dijo Diego Lozano. El primer compareciente –tras el rechazo a acudir de Ayuso, Pablo Casado, Rafael Catalá, Alberto Ruiz-Gallardón y Félix Bolaños, citados también ayer– explicó que supo que las sospechas recaían en la EMVS el 12 de enero, tras una reunión celebrada en el Área Delegada de Vivienda. Al finalizar, se personó en el enclave Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad, y se quedaron en la sala solo cuatro personas: Carabante; el presidente de la EMVS, Álvaro González; el entonces director de Comunicación, David Fernández, y él. «Nos dicen que existe un rumor de que alguien de Comunicación ha podido contratar el servicio de detectives. Fernández lo niega y yo digo que es imposible, que si hubiera un contrato lo conocería y me comprometo a entregar una relación de los contratos de los últimos dos años», comenzó a relatar Lozano. Lo hizo un día después ante el presidente, pero no lo comunicó al consejo de administración porque consideró que había sido «una conversación privada, en grado de confidencialidad y confianza». David Fernández dimitió a finales de febrero, quince días después de que la opinión pública se hiciese eco de la trama. «No me voy por este escándalo, pero tampoco me voy a quedar por este escándalo» fueron las explicaciones que le dio a Lozano sobre su marcha, aunque este ya conocía que el jefe de prensa –que al parecer tenía otra oferta laboral– quería abandonar la comunicación política el próximo año, una vez finalice el mandato: «Era consciente de que se iba a decir que él tenía algo que ver, pero pensaba que irse era lo mejor». Defensa
Lozano defiende a Fernández, que podrá explicarse si así lo desea (no tiene obligación puesto que ya no ocupa ningún cargo en el ayuntamiento) en la tercera sesión de la comisión, el 6 de abril. «Yo no puedo iniciar un procedimiento de contratación, tampoco el director financiero ni los servicios jurídicos. Comunicación tiene pocas competencias, en su presupuesto solo entra hacer campañas de comunicación o comprar folletos», contó el consejero, que subrayó que «no se ha desviado dinero público». Sobre los protocolos, Lozano argumentó que para que un contrato recibiese el visto bueno tenía que presentarse una memoria, aprobarlo la directora financiera o el área de Contratación y llegar a la mesa de esa área, compuesta por representantes de todos los partidos políticos. «Si se hubiera intentado contratar no habría pasado ni el primer control», afirmó. Desde el día de la cita con Carabante hasta que la información llegó a los medios de comunicación, la noche del 16 de febrero, en la EMVS no se realizó ninguna gestión más para esclarecer los hechos. O, al menos, ninguna conocida por Lozano. Y aquí llega la primera contradicción con la versión hasta ahora oficial: el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, horas después de conocerse la noticia, aseguró que llevaban «dos meses» investigando, desde que le dieron el ‘chivatazo’ de la presunta implicación de la EMVS, a mediados de diciembre. Las dudas sobre qué pasó realmente han surgido tanto en Ciudadanos como en los grupos de la oposición. «El consejero delegado tuvo conocimiento en el seno del ayuntamiento un mes antes de que saliese la noticia, pero el alcalde dijo que llevaban dos meses investigando. ¿Qué se investigó durante esos dos meses? Ese es el agujero negro de esta comisión», se pregunta Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano y vicepresidente de la EMVS por parte de Cs, socio de investidura y Gobierno de Almeida. Las siguientes sesiones intentarán arrojar algo de luz en el entramado que costó la cabeza política de Pablo Casado y Teodoro García Egea.
Fuente ABC
