La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha pedido al Gobierno que retire la bonificación de 20 céntimos a la que podrán acceder todos los ciudadanos a partir del viernes, ya que consideran que esta medida “asfixiará” al sector.
La organización empresarial que reúne a las gasolineras automáticas y de bajo coste justifica que los pequeños y medianos empresarios no podrán hacer frente al adelanto del importe necesario para acometer este descuento, a pesar del anuncio del Gobierno de que adelantará la liquidez. De la misma manera, el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Nacho Rabadán, ha explicado que sus asociados pueden solicitar un anticipo a cuenta a la Agencia Tributaria a través de un formulario, pero que este todavía no se encuentra disponible en la web de Hacienda.
Aesae no confía en que los plazos que ha dado el Ejecutivo sean reales, por lo que advierte de que muchas estaciones de servicio tendrán que cerrar antes de recuperar los fondos por parte del Ministerio de Hacienda.
“Este decreto pone en peligro el negocio del que viven miles de familias, somos pequeños empresarios y autónomos que hemos estado al frente del negocio en los peores momentos de la pandemia, como ante la subida de precios, absorbiendo parte de ese incremento y vendiendo el producto final sin margen de beneficio para minimizar el impacto de la crisis energética en los consumidores”, señala.
Además, la asociación empresarial explica que la implementación informática de todos los cambios que acarrea esta bonificación, como el de que la factura tenga el desglose de la compra en el momento del repostaje, necesitará más de tres días. Sin embargo, el real decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) da de margen hasta el 15 de abril para esta adaptación.
Pese a ello, Aesae insta al Gobierno a que dé una solución del precio de los carburantes “vía ajustes en los impuestos y no obligando a hacer un descuento en el precio de venta que vulnera la libertad del empresario que protege la Constitución”.
Fuente El Confidencial
