Una acción será exonerar del Impuesto General a las Ventas a los artículos de primera necesidad, según les dijo Castillo a los parlamentarios. “Es un proyecto que va a tener efecto inmediato en el bolsillo de la gente”, afirmó después la presidenta del Congreso, la opositora Maricarmen Alva.
Sin embargo, Alva se quejó de que Castillo y sus ministros llegaron a una reunión ayer con la Junta de Portavoces del Congreso sin ninguna otra iniciativa, sobre todo para sectores que viven difíciles momentos económicos, como la agricultura y el transporte.
La reunión entre los enfrentados Ejecutivo y Legislativo, que transcurrió sin que se divulgaran detalles, sirvió para que Castillo levantara el toque de queda con siete horas de anticipación, pero no impidió los choques en Lima, que dejaron varios heridos
La ola de movilizaciones había comenzado la semana pasada en distintos puntos del país, pero se trasladó a la capital después de que el lunes el presidente decretara la inmovilización social, que en la práctica representa un toque de queda, de las 02 a las 24 horas locales del martes, pero solo en Lima y la aledaña ciudad de Callao.
Hasta ese momento, los problemas se concentraban en departamentos como los costeños Ica y La Libertad y sobre todo en el andino Junín, en los que sectores liderados por agricultores y transportistas se levantaron contra los altos costos y bloquearon diferentes rutas .
Según portavoces del Gobierno, informes de inteligencia, de los que no se han dado detalles y que el periodismo de investigación no ha podido rastrear, daban cuenta de que para el martes se estaban organizando desmanes.
El supuesto peligro fue confirmado por algunos portavoces de la oposición de derecha, como el parlamentario Jorge Montoya, principal impulsor de las iniciativas de destitución contra Castillo, quien sostuvo que había planes para tomar la ciudad desde los cerros periféricos.
Entre las diversas reacciones, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, exigió la renuncia de Castillo por “incapacidad”; la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, pidió que se convoque al Consejo de Estado para que las principales instituciones acuerden medidas para superar la situación, y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó un habeas corpus por las restricciones a la ciudadanía.
El constitucionalista Pedro Grández descartó en ese marco que la medida sea motivo para otro intento de destitución del presidente, ya que eso solo se habría dado si se impedía que el Congreso se reuniera.
“Creo que el decreto supremo (sobre inamovilidad) fue la gota que derramó el vaso. Ha sido un descontento total por haberse infringido un derecho tan fundamental como salir a trabajar”, dijo Alva, quien sin embargo precisó que las protestas “deben ser pacíficas y sin dañar la propiedad”.
El costo de vida se disparó en Perú, como en varios países, por el alza de los precios de los combustibles derivado del conflicto ruso-ucraniano. Para analistas, en el caso peruano el tema se agravó por prácticas especulativas y la lenta reacción del Gobierno.
Recién cuando la tensión social amenazaba con estallar, el Ejecutivo excluyó a los combustibles del Impuesto Selectivo al Consumo, lo que gradualmente hará que sus precios caigan cerca del 23%. Esta medida, sin embargo, trae el efecto colateral de que el fisco deja de recibir 100 millones de dólares mensuales.
Pero el conflicto se relaciona también con las permanentes tensiones entre Castillo y una oposición que ya ha tratado dos veces de destituirlo.
Los críticos del mandatario afirman que carece de reacciones rápidas, es poco preparado y está controlado por los líderes de PL, partido que se autodefine como marxista-leninista.
En los últimos días, numerosas voces se han sumado al clamor de “que se vayan todos”. Aunque Castillo, según las encuestas, tiene fuerte resistencia popular, el apoyo a su destitución es limitado porque el Congreso es aún más resistido.
Fuente Ambito
