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Cruzó a un economista del Banco Nación invitado por el oficialismo y exponía sobre el gravamen que Cristina Kirchner impulsa sobre los bienes en el exterior no declarados, al que el senador llama “Ley Daniel Muñoz”.
El proyecto de ley que propone crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” con bienes no declarados en el exterior comenzó a ser debatido en un plenario de Comisiones del Senado entre chicanas y cruces.
En ese marco, Martín Lousteau acorraló a un orador invitado por el oficialismo, quien terminó reconociendo que llevar depósitos provinciales fuera del país – como realizara Néstor Kirchner con los fondos de regalías petroleras cuando era gobernador de Santa Cruz – constituye una “fuga” de capitales.
Luego de la exposición de Guillermo Wierzba, director del Banco Nación invitado por los senadores del Frente de Todos para defender el proyecto, Lousteau le pidió que defina técnicamente de qué se trata lo que se llama “fuga de capitales”.
El economista invitado le respondió: “Si uno entiende que los recursos radicados en Argentina deben ser dedicados al desarrollo nacional, la radicación de activos externos constituye un problema en los países periféricos”.
“¿Si alguien tiene un depósito en pesos en el país y lo saca al exterior es fuga?”, insistió Lousteau a a lo que Wierzba respondió que sí.
Y continuó el senador radical: “Entonces, si alguien, una persona o una provincia, tiene un depósito en el país y lo radica en un banco del exterior, es fuga?”. Wierzba dijo que era “una definición semántica”, aunque terminó reconociendo que se trata de una fuga.
Guillermo Wierzba, director del Banco Nación invitado por los senadores kirchneristas. Foto: Federico López Claro.
“¿Si alguien tiene un depósito y lo saca y lo mete en una caja de seguridad, es fuga, técnicamente es fuga?”, preguntó una vez más Lousteau en clara alusión a los 4 millones de dólares que se encontraron en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, a lo que el invitado por la bancada del Frente de Todos volvió a sostener que sí.
El senador opositor es quien catalogó al proyecto impulsado por Cristina Kirchner como “la ley Daniel Muñoz”, en referencia al fallecido exsecretario privado presidencial investigado por la compra millonaria de propiedades en Miami y Nueva York con fondos que se presumen provenientes de la corrupción.
Y en ese sentido, Lousteau aprovechó para lograr que el técnico invitado catalogara de “fuga de capitales” medidas o decisiones personales de los Kirchner, sin hacer mención a ningún nombre propio.
Los integrantes de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda llevaron a cabo este miércoles su primera reunión para tratar el proyecto en el Salón Azul del Palacio Legislativo.
Los senadores tendrán a la vista dos expedientes presentados la semana pasada y que el interbloque de Juntos por el Cambio ya anunció que rechazará.
De qué trata el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI
El primero crea el “Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional” y el segundo modifica la Ley 21.526 de Entidades Financieras, para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.
El proyecto que crea el fondo establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos. La oposición lo cuestiona por ser otro impuesto y por ser innecesario al considerar que el Estado ya tiene los instrumentos para identificar y denunciar bienes no declarados en el extranjero.
Según el proyecto del kirchnerismo que responde a la vicepresidenta, la vigencia de este nuevo fondo sería hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.
Oscar Parrilli en la Comisión en el Senado por la ley de blanqueo bienes exterior para pagar deuda con FMI. Foto Federico López Claro.
Sostiene el texto que el fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
Pese a los cuestionamientos opositores, la iniciativa sostiene que el aporte del blanqueo “no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero“.
Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
El proyecto indica que “en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%”, y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte “corren el riesgo de tener una pena en prisión”, tal como lo estipula la ley vigente.
Martín Lousteau trajo a la discusión los fondos de Santa Cruz sacados al exterior del país. Foto Federico López Claro
Los senadores oficialistas proponen también usar la figura del “colaborador”, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados.
Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor, tal como lo establece el segundo expediente.
Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.
La iniciativa modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.
La oposición sostiene que el proyecto es un blanqueo para amigos del poder.
DS
