El Gobierno ha sacado a consulta pública el 7.º Plan General de Residuos Radiactivos 16 después de que se aprobara la anterior hoja de ruta atómica en España, que data de 2006. En el nuevo programa se contempla un gasto para la gestión y clausura de las plantas nucleares, cuya tarea está encomendada a la firma pública Enresa, de más de 26.000 millones de euros.
Se trata del coste global que tendrá que asumir el Estado desde 1985 hasta 2100. El análisis económico que ha presentado el Ministerio para la Transición Ecológica ofrece dos alternativas. Una vía es la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC), como el que se proyectó hace más de una década para Villar de Cañas (Castilla-La Mancha) y la otra opción es la instalación de cementerios individualizados situados junto a las actuales siete plantas atómicas, que cuentan con un plan de cierre que llega hasta 2035.
Según los cálculos elaborados por el departamento que dirige Teresa Ribera, sin el ATC, habría que asumir un sobrecoste de más de 2.100 millones de euros. Con un almacén único para todos los residuos que generan las nucleares en España, habría que gastar entre 2023 y 2100 otros 17.109.640.000 euros, mientras que, si se opta por la vía de siete almacenes, el coste de gestión de residuos y clausura se elevaría hasta los 19.234.554.000 euros.
El ATC previsto para Villar de Cañas que aprobó el Gobierno del Partido Popular en 2011 acumulaba un fuerte retraso en su ejecución, dada la oposición de grupos ecologistas y varios partidos políticos, cuando en 2018 el Ministerio para la Transición Ecológica (PSOE y UP) decidió paralizar su tramitación.
Ahora, el Gobierno quiere que el 7.º Plan General de Residuos Radiactivos salga adelante “de un alto grado de consenso social, político e institucional, además de una buena valoración técnica y un marco de participación pública”, detalla en un comunicado.
“Una vez concluido el periodo de información pública y analizados los informes y las alegaciones presentadas, el Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica) elaborará la versión definitiva del 7.º PGRR, que será aprobado por el Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear y oídas las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. Del plan aprobado se dará cuenta posteriormente a las Cortes Generales y a la Comisión Europea en cumplimiento de la Directiva de gestión de residuos radiactivos”, explica la Vicepresidencia Tercera del Gobierno.
Fuente El Confidencial
