En la mañana del 28 de marzo, un comando de las Fuerzas Armadas irrumpió en un caserío de esa localidad ubicada en la frontera con Ecuador y Perú, en el departamento de Putumayo, donde se celebraba una feria de tres días a la que asistieron cientos de pobladores.
“Como resultado de la operación militar y del uso de la fuerza letal en Alto Remanso (suroeste) resultaron muertas unas 11 personas y 5 más quedaron heridas”, precisó Juliette De Rivero.
El ejército “habría hecho uso de armas de fuego, mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres”, añadió.
Según la Defensoría del Pueblo (ombudsman) estatal, la oficina de Human Rights Watch (HRW) y autoridades indígenas, entre los fallecidos podría haber al menos cuatro civiles: un menor de edad, un gobernador del pueblo nativo kitcwhwa, un líder comunitario y su esposa embarazada.
El gobierno del derechista Iván Duque y los mandos militares defienden la operación como “legítima” y aseguran que los muertos son rebeldes disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se apartaron del acuerdo de paz suscrito con el Estado en 2016.
La ONU recordó que “el uso intencional de armas letales sólo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida”.
También, instó a las autoridades a proteger a los testigos y periodistas, estos últimos, amenazados por sus publicaciones sobre el caso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado investigar los hechos y evitar “la estigmatización de las víctimas”.
La operación removió las heridas de los “falsos positivos“, como se conoce al mayor escándalo de las fuerzas militares de Colombia que descubrió que al menos 6.400 civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos entre 2002 y 2008.
Aunque el grueso de los guerrilleros de las FARC entregó las armas en 2017, quedaron activas células disidentes sin mando unificado que suman unos 5.200 combatientes, en su mayoría nuevos reclutas.
Fuente Ambito
