El año que se cobró más vidas: al menos 1.255 ahogados en la travesía hacia España

Las rutas migratorias hacia España se convierten en una tumba de agua con demasiada frecuencia. El año pasado se batió un récord de muertes y desapariciones en estas travesías, según los datos que proporciona la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones (OIM), desde 2014. Así lo recoge, el Defensor del Pueblo en su informe anual presentado al Congreso a principios de este mes. Según la OIM hubo más de 1.255 casos en las diferentes rutas que conducen a nuestro país desde las costas de África, con la peligrosísima travesía que tiene como destino Canarias copando ese dato de muerte con 1.109 víctimas. Y esa cifra solo incluye aquellos fallecimientos en los que se recupera el cadáver, o naufragios con testimonios de supervivientes, «por lo que el balance podría ser mucho peor», advierte el Defensor. Los llamados ‘naufragios invisibles’ en los que no hay supervivientes son casi imposibles de documentar, de ahí que resulte una quimera contar con datos exactos. En lo que va de año, Canarias no solo vuelve a disparar las cifras de llegadas de irregulares; también de víctimas: 174 personas habrían perecido ya hasta finales de marzo en ese viaje hacia la nada, lo que supone un aumento del 287 por ciento con respecto a las muertes y desapariciones registradas durante el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 45 víctimas. Es la otra cara de la inmigración irregular, esa ante la que resulta cómodo cerrar los ojos. Una tragedia silenciosa de la que ya apenas se habla. El Defensor del Pueblo sí lo hace porque además año tras año recibe quejas por estos muertos invisibles que no son ‘nuestros’ muertos. Las quejas de 2021 se centran en las dificultades de los familiares para conocer el paradero de sus allegados y para interponer denuncias por su desaparición. Los que engulle el Atlántico también tienen madres, hijos, hermanos y parejas. Rescate de una patera con inmigrantes subsaharianos que llegan a Canarias – ABC
En 2017 se firmó un convenio entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española en materia humanitaria e identificación de cadáveres, al que Canarias se suscribió en 2020, en plena pandemia. El objetivo es colaborar en poner nombre a esos cuerpos que se rescatan o que devuelve el mar, a través del intercambio de datos entre los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de la Cruz Roja. Solo 16 identificados
Justicia tiene que comparar sus bases de datos de cadáveres no identificados con los de personas desaparecidas que proporcione la ONG. Desde que se puso en marcha, la consejería canaria reportó la muerte de 85 personas, de las que solo 16 pudieron ser identificadas. Es una tarea titánica a la vista de la diferencia entre lo que ocurre y lo que se puede nombrar. El Defensor pidió información también a Interior para conocer datos del Centro Nacional de Desaparecidos en su labor de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En dicho sistema, como se sabe, figuran las denuncias de las personas desaparecidas, así como los expedientes correspondientes a los restos humanos y cadáveres sin identificar. Interior explicó en su respuesta la dificultad para cotejar esa información porque «técnicamente no se podía diferenciar si las muertes se habían producido en el contexto migratorio o en otras circunstancias». Para intentar avazar se ha creado un grupo de trabajo con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para revisar las necrorreseñas y la explotación de las bases de datos ya existentes y se están impulsando la cooperación con asociaciones que representan a las familias de esos miles de cadáveres sin nombre.
Fuente ABC