La sociedad se defiende

Por Miguel Angel Iribarne

A pocos kilómetros del lugar en que estoy escribiendo se extiende la localidad de Los Hornos. Periferia más que centenaria de la Plata, siempre se caracterizó por su espíritu progresista (en el sentido inocente del vocablo, claro…) que la ha llevado a constituir el segundo o tercer centro comercial de una Región Platense que hoy araña el millón de habitantes. Ocurre que, como es ya bien sabido a través de los medios, pegada a sus límites suburbanos se conformó en los años recientes la mayor usurpación de terrenos de toda la provincia de Buenos Aires, con más de mil familias establecidas sobre ciento sesenta hectáreas. La Justicia Federal acaba de determinar que en el caso no existe usurpación.  El impacto operado por este proceso desencadenó una viva reacción entre comerciantes y vecinos hornenses, y repercutió generalizando las propuestas de una respuesta efectiva: la consigna de la desobediencia fiscal comenzó a extenderse. La prosecución del pleito en sede judicial resulta inviable porque la Provincia no ha querido apelar el fallo.

En San Nicolás, en cambio, la Justicia protegió a la sociedad.  El resultado fue el procesamiento y detención de dirigentes sindicales aparentemente consagrados a la práctica de la extorsión mediante el bloqueo de Pymes que venía siendo denunciado desde hace casi un  lustro en otras jurisdicciones.  Probablemente el comportamiento activo de la Magistratura nicoleña tenga que ver con la previa visibilización del reclamo de los pequeños empresarios por parte del Movimiento Antibloqueo que se constituyó hace meses para enfrentar las conductas mafiosas.

En el NOA, más precisamente en sectores de los Valles Calchaquíes situados entre Salta y Tucumán,  hace tiempo que personas que se autodefinen como “pertenecientes a las etnias originarias” –sin que sea posible establecer ninguna relación efectiva con sus presuntos ancestros- han venido registrándose para percibir subsidios y en algunos casos organizándose para ocupar parcialmente fincas de la región.  Como resultado previsible los dueños de éstas han reclutado grupos de choque compuestos por individuos tan –o tan poco-  indígenas como los anteriores para encargarles que los libren de los ocupantes.

Las agresiones violentas y variadas tropelías cometidas por grupos que se identifican como mapuches en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén son sobradamente conocidas como para explayarnos sobre ellas en esta nota. Lo nuevo es el comportamiento judicial, expresado en el reciente fallo sobre el caso Benuleo, que deja establecido que aun la presunta existencia de un derecho a la tierra no autoriza el uso de conductas delictuales para hacerlo efectivo: el derecho no excusa el delito. Ahora falta comprobar si el resto de los organismos federales y provinciales aceptan efectivamente dicho principio.

Otro dato significativo: en noviembre del año pasado se constituyó el Foro de Seguridad Rural, cuyo coordinador, Héctor Hernández Vieyra, estima que la multiplicidad de casos de usurpación de tierras en muy diversas regiones del país permite inducir la existencia de una estrategia general destinada a corroer el orden jurídico-político argentino y exhorta a los productores agrarios a agruparse para defenderlo.

Recapitulando: sea para defender lo propio haciendo aquello que el poder constituído no hace, sea para patentizar el reclamo, animando de ese modo al poder constituído a actuar de acuerdo a su misión, la organización de los distintos sectores sociales en función de autodefensa es un fenómeno que se multiplica miméticamente. 

Un gran sociólogo francés del siglo pasado, Jules Monnerot, al estudiar las vísperas de la formación de los regímenes autoritarios europeos de entreguerras, constataba lo que ocurre cuando el hombre “homogeneo”, el hombre “normal”, comienza a experimentar nostalgia del poder. Es el fenómeno que denomina detresse du pouvoir, que podría traducirse aproximativamente como penuria del poder o desamparo (del ciudadano) por parte del poder.  

“Para el hombre así descentrado el fracaso de la oligarquía instalado es una experiencia vívida.  Expropiado de su condición, de sus perspectivas de futuro, golpeado en sus bienes, en su humilde seguridad, en sus valores(…) el poder, relación entre la protección y la obediencia, deja   un vacío cuando se retira,  una necesidad dolorosa, si no directamente del poder mismo, sí del orden social que el poder aseguraba o asumía.  En tal situación, los representantes oficiales del poder que, cada vez más, es la sombra de sí mismo, aquellos que ostentan sus símbolos externos, ya solo suscitan el sarcasmo, la aversión, en el mejor de los casos el escepticismo.  El régimen político que representan está desacreditado(…) Todo ocurre como si la aversión por los políticos y los funcionarios que simbolizan a un Estado devaluado,  no hiciera sino reavivar la nostalgia de un poder capaz de devolver el orden y la prosperidad,  Un número creciente de hombres están listos para la revolución porque aspiran al orden”.

Creemos que la tendencia actualmente observable en la Argentina hacia lo que suele llamarse “antipolítica” tiene que ver con la percepción popular de que el grueso de la clase propiamente política está desinteresada o es incapaz de aplicar su energía al rescate de las seguridades mínimas que los “hombres normales” añoran.  Por ende, la consolidación de la república democrática en nuestro país pasa solamente por la posibilidad de una reforma profunda de dicha clase.  Si ello no ocurriese la deriva hacia le anarquía o el autoritarismo serían incontrolables.  Perderiamos, paralelamente, lo que nos queda de orden y lo que subsiste de libertad.

Miguel Angel Iribarne

* Profesor emerito, Universidad Católica Argentina. Fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de La Plata.