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El lunes asumirá la presidencia del organismo y cumplirá con todos los pasos formales. La oposición presentará un pedido de per saltum para que resuelva sobre la insólita cautelar de un juez de Paraná.
Bajo amenazas de muerte y de juicio político, Horacio Rosatti asumirá el lunes como presidente del Consejo de la Magistratura. En los días siguientes convocará a tomar juramento a los nuevos miembros de ese organismo, entre otras medidas para hacer cumplir el fallo de la Corte.
Acto seguido, el máximo tribunal le “dará una respuesta” al pedido de avocamiento del colegio de abogados de la CABA sobre la insólita precautelar que firmó el miércoles el juez federal de Paraná, Daniel Alonso. El titular de ese colegio, Alberto Garay, le pidió que solicite la inhibición de Alonso o directamente anule su resolución.
La maniobra con el juez de Paraná, tal como contó ayer Clarín, permitió tapar el incumplimiento de Cristina Kirchner, como presidenta provisional del Senado, y de Sergio Massa, como titular de la Cámara de Diputados, de un fallo de la Corte, como dijeron diputados de la oposición y destacados juristas.
En forma paralela, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, presentará en los primeros días de la semana próxima un pedido de per saltum (salto de instancias judiciales) para que la Corte resuelva directamente sobre la precautelar.
Y su aliado y senador por Juntos por el Cambio, Luis Juez, está dispuesto a hacerle una denuncia penal a Cristina por “incumplir un fallo de la Corte”, entre otras duras medidas ante esta grave situación institucional.
Desde el punto de vista jurídico, desde las cero hora del sábado 16 volvió a tener vigencia la ley 24.937 que se votó en diciembre de 1997 por unanimidad en el Senado –entre ellos Leopoldo Moreau que era radical y ahora es ultracristinista- y dos tercios de los Diputados.
Así la Magistratura volvió a tener 20 miembros y la preside el titular de la Corte, es decir Rosatti. Moreau dijo que estudia pedir el juicio político a Rosatti, mientras en Twitter militantes K amenazaban de muerte del presidente de la Corte.
Además, ayer se venció el plazo de 120 días para que el Congreso sancionara una nueva ley sobre la composición del organismo que propone, sanciona y destituye jueces.
Esa fecha se puso porque la dirigente política tres veces en estos años prometió sancionar una nueva ley que le devuelve el equilibro al Consejo entre políticos y representantes de jueces, abogados y académicos. La última fue del ex jefe de gabinete de Macri, Marcos Peña.
En diciembre de 2021, la Corte declaró inconstitucional la ley 26.080 que hizo sancionar Cristina para reducir sus miembros de 20 a 13 y sacar a la Corte del organismo y tener ella el poder. Así pudo nombrar 368 jueces en ocho años.
Por la última jugada de Cristina anclada en la precautelar, esta semana no podrán jurar los dos nuevos representantes del Congreso por la segunda minoría: Juez por el Senado y Roxana Reyes por Diputados. Cristina y Massa se aferran a la precautelar de Paraná para no hacerlo, como ya se dijo.
El presidente del Consejo de la Magistratura saliente, el camarista K Alberto Lugones, en la última reunión del organismo con su integración de trece miembros el miércoles, esbozó la estrategia de la vicepresidenta.
“El fallo dice que el presidente de la Corte (Rosatti) se hará cargo (del Consejo) cuando se produzca la integración conjunta y simultánea. Yo no inventé ese encorsetamiento que se puso la Corte, lo pusieron ellos”, afirmó.
Así Lugones interpreta el fallo de la Corte y sostiene que se debe esperar a que el Congreso nombre a los dos consejeros políticos para poder sesionar.
Luego Lugones dijo que “ni formal ni informalmente se me comunicó que la Corte va a asumir mañana (por el lunes) pero si asumiera sería una especie de intervención”.
Desde el punto de vista legal, el miércoles pasado venció el mandato de Lugones, quien pertenece a la lista Celeste en la interna de los Magistrados, la más cercana al kirchnerismo, al igual que el juez federal de Paraná que dictó la precautelar.
“La aplicación de la 24.937 (ley que reguló el Consejo hasta la reforma legislativa de 2006) fija que el presidente de la Corte tiene que asumir (la presidencia del Consejo) pero con todos los integrantes acá adentro”, aseguró.
En base a un reglamento provisorio, Lugones pretende seguir, pero sabe que si firma cualquier resolución se expone a una denuncia penal.
En cambio, el presidente del colegio de abogados y constitucionalista Garay dijo “creo que la Corte quiso decir es que en la medida que los distintos grupos de profesionales estén elegidos, simultáneamente irán todos” a sumarse.
Ahora si Cristina y Massa no mandan los nuevos representantes, desde el punto de vista legal “el Consejo de la Magistratura puede funcionar con el quórum que determine la ley. Sin dos o tres representantes, tiene quórum de sobra”, agregó el constitucionalista.
Seguramente, la vicepresidenta y el titular de la cámara baja cumplirán con el pedido del juez de Paraná y explicarán por escrito la situación sobre “un derecho que no tienen”, sino que corresponde a la segunda minoría de las dos cámaras.
Se espera con expectativa que Cristina exponga, por primera vez en público y no a través de sus operadores judiciales, su posición.
“En realidad, acá lo que se persigue es obstruir e imposibilitar que se ejecute la sentencia de la Corte en lo que hace a la representación de los legisladores. Es gravísimo”, sentenció Garay.
En tribunales se esperan más jugadas de la vicepresidenta. Un conocedor de los pasillos de Comodoro Py dijo: “Seguro los operadores judiciales de CFK están buscando otro juez como Alonso con el pliego pisado en el senado para denunciar, por ejemplo, a los nuevos representantes en la Magistratura”.
Desde la publicación del fallo de la Corte en diciembre del año pasado, el Consejo se abocó a organizar los dispositivos electorales para cumplir con la sentencia de la Corte.
Así fue que los magistrados eligieron la semana pasada a la jueza del fuero civil Agustina Díaz Cordero, y los abogados de todo el país a Jimena de la Torre (por la oposición) y María Fernanda Vázquez (por el kirchnerismo).
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y la Asociación de Magistrados notificaron el miércoles a la Corte de esas designaciones que le permiten asumir a Rosatti.
Mañana, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectores de todas las universidades nacionales, dará a conocer su representante y se completarán así las integraciones de los organismos técnicos del Consejo de la Magistratura.
En tanto, en medio del conflicto político, la consejera electa Jimena De la Torre, prometió que el lunes estará en la puerta del Consejo, ubicado en Libertad y Viamonte, para asumir su cargo, en un apoyo indirecto a la marcha que por redes sociales se está convocando por la “independencia del Poder Judicial”.
Fuente ClARIN
