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El independentismo salió ayer en tromba a denunciar la «guerra sucia» del Estado y la creación de un «GAL digital» para acabar con el movimiento secesionista tras las última revelaciones sobre una supuesta red de espionaje masivo a través de teléfonos móviles, y que afectaría a los principales líderes del ‘procés’ entre 2017 y 2020. La plataforma de investigación de la Universidad de Toronto (Canadá) CitizenLab, especializada en temas de ciberseguridad, asegura en un extenso informe que al menos 63 líderes independentistas habrían visto cómo se accedía electrónicamente a sus dispositivos móviles, en una lista en la que estarían los expresidentes Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra –este último durante el ejercicio de sus funciones–, Pere Aragonès –cuando ejercía de vicepresidente en la pasada legislatura–, los principales dirigentes de ERC, Junts y la CUP, las esposas de Jordi Cuixart y Puigdemont, los abogados de los políticos con causas judiciales, así como los líderes de las principales organizaciones civiles del secesionismo, como la ANC y Òmnium Cultural. También los dirigentes de Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu. La información la adelantaron ‘El País’ y el semanario norteamericano ‘New Yorker’ en base al informe de CitizenLab, que incluye el listado completo de nombres de las personas que habrían sido víctimas a partir del sistema Pegasus, una conocida y muy controvertida herramienta de espionaje creada por la empresa israelí NSO Group y cuya venta, según asegura la propia empresa, tiene que ser supervisada por el Ministerio de Defensa hebreo y no se suministra más que a estados o agencias gubernamentales con el propósito de combatir el terrorismo o la búsqueda de personas desaparecidas. Se trata de la misma empresa que podría estar detrás del supuesto espionaje a cinco comisionados de la UE en 2021 recientemente destapado, y que habría ‘hackeado’ en 2020 el movil, entre otros, del entonces presidente del Parlament Roger Torrent, que denunció por ello al director del CNI, además de otras investigaciones que se saldrían del cauce legal. «Nexo con el Gobierno» La plataforma de ciberseguridad CitizenLab detalla que las infecciones se produjeron en coincidencia con acontecimientos políticos relevantes, y que algunos de ellos no eran públicos, lo que a su criterio confirmaría su uso por parte de una agencia de información. «Si bien actualmente no atribuimos esta operación a entidades gubernamentales específicas, la evidencia circunstancial sugiere un fuerte nexo con el gobierno de España, incluida la naturaleza de las víctimas y los objetivos, el momento y el hecho de que se informa que España es un cliente gubernamental de NSO», añade la plataforma. Fuentes de Interior citadas por Ep señalaron que ni este ministerio, ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil «han tenido nunca relación alguna con la empresa NSO y, por tanto, nunca han contratado ninguno de sus servicios». Desde el CNI se declinó comentar los hechos. Relator de la ONU
Frente a este desmentido, la tesis sobre la supuesta responsabilidad del Estado en la campaña de espionaje fue ampliamente propagada por el secesionismo, que denuncia juego sucio para acabar con el movimiento y que, previsiblemente, podrá usar este caso como nuevo factor aglutinante en un momento de división y desorientación estratégica. De hecho, hoy el expresidente Puigdemont, el líder de ERC, Oriol Junqueras, el diputado de la CUP Carles Riera, y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural han convocado una rueda de prensa conjunta en la que denunciarán estos hechos en el Parlamento Europeo, en una imagen de unidad prácticamente inédita desde 2017. En dicha rueda de prensa también participará un investigador de Citizen Lab y el exrelator especial de la ONU sobre libertad de expresión David Kaye. Es el mismo relator que en 2018 pedía a las autoridades españolas que no se acusase de rebelión a «figuras políticas en Cataluña» en el juicio del 1-0 por el riesgo que ello «desalentase un discurso totalmente legítimo, incluso si es controvertido e incómodo». De igual manera, esta tarde, el presidente Aragonès, el vicepresidente Jordi Puigneró –uno de los espiados en 2020 junto a Roger Torrent–, así como el resto de consejeros realizarán una declaración política sobre el caso y no habrá rueda de prensa tras la reunión del ejecutivo catalán. <blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ca” dir=”ltr”>L'operació d'espionatge massiu contra l'independentisme català és una vergonya injustificable. Un atac als drets fonamentals i a la democràcia extremadament greu. Un exemple més de la repressió contra un moviment pacífic i cívic. Arribarem fins on calgui.</p>— Pere Aragonès i Garcia (@perearagones) <a href=”https://twitter.com/perearagones/status/1516012341162348547?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 18, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script> «La operación de espionaje masivo contra el independentismo catalán es una vergüenza injustificable. Un ataque a los derechos fundamentales y a la democracia extremadamente grave. Un ejemplo más de la represión contra un movimiento pacífico y cívico. Llegaremos hasta donde sea necesario», aseguró ayer Aragonès. 50.000 espiados desde 2016
Según informóABC el pasado año, de acuerdo con un estudio coordinado por la plataforma Forbidden Stories, desde 2016 unas 50.000 personas a nivel mundial han sido espiadas por los países que ‘alquilan’ el código Pegasus. Entre los clientes figuran, según el estudio, gobiernos y agencias de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajistán, Marruecos, México, Ruanda y Togo, informa Rodrigo Alonso. El Departamento de Comercio de Estados Unidos, por su parte, tiene a NSOGroup en su lista negra. Pegasus puede acceder a los contactos, los mensajes, las llamadas y grabar audio y vídeo. «Permite que cualquier conexión que sale fuera del dispositivo en el que está instalado sea visualizado por el propietario del código», explicaba David Sancho, jefe de análisis de amenazas de Trend Micro.
Fuente ABC
