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El juez titular del tribunal encargado del caso de Diego Bello ha dictado orden de arresto para los tres policías acusados de la muerte del joven coruñés, asesinado en Filipinas en enero de 2020. Según se recoge en la orden, el juez César Pérez Bordalba solicita la detención de los tres agentes (Panuelos, Pazo y Cortés) acusados, como ya había señalado la Fiscalía en marzo, de asesinato y falsificación de pruebas. Indica además que no se contempla para ellos, y respecto a ninguno de los delitos que se les imputa, posibilidad de abonar fianza. El documento es contundente al explicar las acusaciones que se les imputan: «el 8 de enero de 2020, los acusados mencionados anteriormente, conspirando, ayudándose mutuamente, cómplices y armados, con la intención de matar y con evidente premeditación, sirviéndose de su posición de poder, asaltaron y dispararon a Diego Bello, infligiéndole heridas en el cuerpo que causaron directamente su muerte«. Respecto a la falsificación de pruebas, aseguran que los agentes «plenamente conscientes colocaron la pistola como posesión del inocente Diego Bello tras su muerte con la intención de implicarlo o imputarle el crimen de tenencia ilícita de armas». El tío de Diego Bello, en declaraciones a Europa Press, ha comentado que desconocen si las detenciones se han producido ya o en qué fechas se podría celebrar el juicio. Con todo, ha puntualizado que no creen que sea pronto, dados los ritmos de los procesos judiciales y que, además, el país se encuentra ahora inmerso en un proceso electoral. La orden de arresto llega algo más de un mes después de que la Fiscalía de Manila hiciese pública la resolución en la que veía indicios «abrumadores» para señalar como autores de un delito de asesinato y otro de falsificación de pruebas a los tres policías implicados en la muerte del coruñés Diego Bello, asesinado en Filipinas en enero de 2020. Escrito de la Fiscalía
El Departamento de Justicia examinó todas las pruebas, así como 11 testimonios, entre ellos, amigos y vecinos de Diego en la isla de Siargao, su casera, empleados del joven coruñés y también agentes policiales. A esto se suman además el análisis de las pruebas de balística y de la escena del crimen. Tras todo ello, el departamento vio evidencias «abrumadoras» de que los tres agentes –el Capitán Vicente Panuelos, el sargento Ronel Azarcon Pazo y el sargento Nido Boy Esmeralda Cortés– cometieron delitos de asesinato y falsificación de pruebas. No así de perjurio, también esgrimido por la acusación, pero respecto del que la Fiscalía vio «falta de causa probable», pese a tener en consideración las alegaciones de los denunciantes. En cuanto al delito de asesinato, la Fiscalía desmontó la teoría de la defensa propia basándose, por ejemplo, en la cantidad de disparos que recibió Diego Bello –uno de ellos a bocajarro–. Señalan también que el fuego cruzado narrado por los acusados, nunca ocurrió, puesto que el joven coruñés «estaba desarmado en ese momento». En esta línea, apuntan a que los policías se sirvieron de una «clara superioridad» respecto de la víctima e indican además, que hay pruebas que hablan de una «evidente premeditación» en el asesinato. Así, explican que los acusados monitorizaron, el día anterior a los hechos, los movimientos de Diego Bello, lo que redunda en la desestimación de la alegación de defensa propia. En el documento se habla hasta de «conspiración» y, en cuanto a la falsificación de pruebas, acusan a los implicados de colocar, «maliciosamente y a sabiendas», la pistola que supuestamente había utilizado Bello para atacarlos.
Fuente ABC
