De esta manera, quien alquiló un departamento en mayo 2021 con un valor promedio de $43.160 (zona media, según precios de referencia Zonaprop), pasará a pagar en mayo 2022 $66,433 con un incremento del 53.91% en base al Índice de Contratos de Locación (ICL) que tiene en cuenta en partes iguales las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). El ICL es publicado por el Banco Central de la República Argentina.
Cómo continúa el debate por la Ley de Alquileres
El Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron en los primeros días de abril analizar durante 30 días hábiles las reformas que se deben efectuar a la ley sancionada en 2020 ante la reducción de una oferta para alquilar, con el fin de aprobar una nueva iniciativa en la primera quincena de mayo.
El primero en exponer fue Federico Priori de Inquilinos Agrupados de Neuquén, quien sostuvo que “el que debe equilibrar esa relación asimétrica entre inquilinos y propietarios es el Estado” y planteó que “acá se van a disputar dos modelos: uno tiene que ver con la intervención del Estado y otro que directamente las leyes del mercado nos gobiernen”, a la vez que se pronunció a favor de “defender el ajuste anual y los contratos de 3 años”.
Por su parte, la investigadora Laura Ceroli, docente de Planificación Urbana, consideró que la actual ley “es perfectible” y destacó la importancia de “mantener contratos de 3 años, reemplazar el índice de actualización por uno más representativo que abarque a toda la población inquilina, así como la penalización para propietarios de viviendas ociosas”.
La ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.
A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma generó muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.
También tuvo diferentes cuestionamientos el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.
Fuente Ambito
