Por Rubén Lasagno
Once meses de la desaparición de Marcela López ¿Un tema cerrado para la justicia, un baldón para el gobierno o la complicidad de todos ellos para esconder un crimen?
Hace 11 meses que de Río Gallegos desapareció sin dejar rastros la vecina Marcela López. EL 22 de mayo del 2021 toda una familia comenzaba a trajinar un drama que solo pueden medir el dolor quienes lo sufren y raramente pueden explicar aquellos que lo padecen, porque desde el otro lado, de parte de los encargados de dar respuesta, hay solo silencio, displicencia y oscuridad.
No vamos a repetir acá una historia tristemente archiconocida, donde está en vilo la justicia de Santa Cruz, el poder político y los investigadores que no investigan lo suficiente. Todo se sabe, todo se analizó y nada ni nadie ha resuelto un caso que trasciende el misterio; entraen el campo de la impunidad y la injusticia.
Solo basta mirar “a vuelo de dron” qué ocurre alrededor del caso Marcela López: nada. Nadie habla del tema en los medios provinciales, el gobierno de la provincia elude el tema y ni siquiera los diversos organismos en defensa de la mujer y la familia se ocupan al menos de mencionar el caso; la justicia provincial tiene archivada la causa y hace unos meses atinó a decir que se “reiniciaba la búsqueda” de Marcela, como forma de templar los ánimos de la crítica social por la inacción vergonzosa de la justicia de Santa Cruz y llamativamente, la justicia federal, último reducto que encontró la familia para pedir auxilio y que se investigue, no ha respondido.
El 12 de diciembre de 2021, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia a cargo del juez Javier Leal Ibarra llevó a cabo la Audiencia entre la querella y la fiscalía del caso Marcela López, donde las partes fueron convocadas para establecer si existen fundamentos suficientes como para que la Justicia Federal tome a su cargo la intervención en el caso de la mujer desaparecida en Río Gallegos.
Pasaron cuatro meses y aún la Cámara no les ha comunicado a las partes si va a tomar la investigación a su cargo o lo rechaza. Un retardo de 4 meses para decidir algo tan urgente como la desaparición de una persona, es una “sospechosa eternidad”, pero también podemos inferir que no es tanto el plazo que se toman, si la decisión se trata de investigar o no al poder.
La causa de Marcela López tiene un peso específico per se por lo que representa que en una sociedad tan pequeña como la nuestra, haya desaparecido una persona sin encontrarse el mínimo rastro a 11 meses el suceso.
Tiene una enorme significación, por los detalles que rodean al hecho, las declaraciones de los principales actores y los hallazgos de dinero, huesos extrañamente enterrados, etc, que pone al caso en un nivel de alta sospecha de no estar bien investigado.
Finalmente, desde lo actitudinal, todo converge hacia una necesidad imperiosa de parte del poder político y judicial, de silenciar, anestesiar o dormir la causa, por razones no explicitadas pero las cuales se pueden inferir, a partir del momento que uno de esos principales actores (Balado), expresó en una conversación con la hija de Marcela (Rocío), datos claves que se pueden sintetizar en dos momentos expresados en esos audios publicados por OPI: cuando Balado niega la posibilidad de que Marcela se haya suicidado, indicando que no tenía ese perfil, aumentando la intriga cuando alude que podría haber sido secuestrada porque “vio o escuchó algo” y luego, cuando menciona que el lugar donde se encontraron los dólares termosellados pertenecen al administrador de los bienes de la familia Kirchner, sobre quien deja pendiente la sospecha de que está involucrado.
Once meses han pasado y nadie ha podido resolver nada al respecto. Solo se observan maniobras mediáticas tendientes (por ejemplo) a invalidar las pruebas encontradas por el adiestrador Herrero, decir públicamente que “se sigue buscando” cuando en realidad hace muchísimo tiempo dejaron de investigar y como si esto fuera poco, la Justicia Federal, quizás el último reducto en el cual la familia y la sociedad tienen alguna esperanza, hace 4 meses sigue pensando si va o no a hacerse cargo de investigar el caso.
Dado el tiempo transcurrido y los ejemplos que huelgan en estos casos, todo indicaría que la justicia federal no va a querer meterse en el caso, no olvidemos que en el Juzgado de Río Gallegos rechazaron hacerlo. Excusas y explicaciones no les va a faltar a los jueces que decidan no tomar la causa y esto (ojalá no suceda) será el cierre definitivo de un caso más de impunidad, sobre un crimen que ronda el poder en nuestra Argentina comúnmente impune.
Fuente Agencia OPI Santa Cruz
