Puigdemont destapa el informe Pegasus que tenía desde hace un año

El informe Pegasus, una investigación de una plataforma activista adscrita a la Universidad de Toronto (Canadá) que pone de manifiesto el espionaje a unos sesenta líderes independentistas catalanes entre 2017 y 2020, estaba en manos del entorno de Carles Puigdemont desde hace más de un año y su coordinación la llevó a cabo su abogado Gonzalo Boye. Así lo confirman fuentes de la seguridad del Estado y del propio expresidente de la Generalitat consultadas por ABC, que señalan que el caso salió a la luz pública justo cuando Puigdemont quiso, para beneficio propio, en contra de lo que proponía la plataforma Citizen Lab y el coautor del informe Elies Campo, que apostaban por recabar más información sobre el espionaje. El objetivo sería doble. Por un lado, desviar la atención mediática sobre la relación del entorno de Puigdemont con el Gobierno ruso –embarcado en una guerra contra Ucrania– y, por otro, tratar de influir en la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en verano tiene que determinar sobre la inmunidad parlamentaria de Puigdemont después de que la Eurocámara se la retirase para facilitar su enjuiciamiento en España. Así, para Puigdemont, el momento de dar a conocer la investigación era el mes de abril, es decir, ahora. Una decisión personal que obligó a acelerar la elaboración final del informe, firmado por Citizen Lab. La tesis del ‘tempo’ controlado por Puigdemont queda reforzada al saberse que Òmnium Cultural lanzó un video en internet el día de hacerse público el informe que no pudo producirse en unas horas y la web de difusión del caso, catalangate.cat, se registró hace cuatro meses. El ‘CNI catalán’
El contacto del nacionalismo con el espionaje digital no es nuevo. La Generalitat trató de hacerse con un programa similar a Pegasus pero menos sofisticado –por la época y el nivel de acceso de un gobierno regional a este tipo de ‘software’, a diferencia de uno nacional–, como fue Cerberus. Ocurrió poco antes de 2014 cuando el nacionalismo catalán empezó a poner las bases de lo que cristalizaría, finalmente, en lo que se conoce como el ‘procés’. Entonces, se habló de que se ponían los cimientos del ‘CNI catalán’. Desde hace unos días, el caso Pegasus centra el debate político. El presidente autonómico, Pere Aragonès, ha advertido a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de que está en juego la legislatura, si bien, con los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2022, el horizonte electoral del año 2023 (municipales y generales) y la alternativa de un Ejecutivo del PP influenciado por Vox, no parece que los independentistas tengan intención de tumbar al Ejecutivo. En cualquier caso, este ‘affaire’ de espionaje ha devuelto a la actualidad los vínculos que sitúan al nacionalismo catalán en el papel de protagonista y no en el de víctima. En 2013, en época de Artur Mas como presidente de la Generalitat, se filtró un informe del Govern catalán que ponía sobre la mesa la necesidad de crear una agencia de seguridad al estilo del CNI, la CIA (Estados Unidos) o el MI5 (Reino Unido). Su creación a pleno rendimiento solo podría tener sentido en una Cataluña independiente, se reconoció, pero ya se podían poner los cimientos. Y se intentó obtener Cerberus. Aquella quimera, recogida negro sobre blanco, señalaba la necesidad de destinar unos 28 millones de euros, en los primeros cinco años de la agencia, y dotarla de una estructura de al menos 300 agentes de los Mossos d’Esquadra. El informe tenía el sello del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), un órgano de la Generalitat entonces casi desconocido y que de 2013 a 2014 pasó de contar con un presupuesto de menos de un millón de euros a casi cinco millones. Poco después de la filtración se supo que el Cesicat, en colaboración con los Mossos, había elaborado unos 50 informes sobre activistas vinculados al movimiento 15-M. A finales del mes de julio de 2017, en pleno éxtasis del ‘procés’, el Parlamento catalán aprobó la ley por la que se creaba la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña con el objetivo de asumir las funciones, y sumar algunas más, que hasta la fecha desarrollaba el Cesicat, institución que quedó desprestigiada políticamente tras el ‘affaire’ de los 50 informes. Un cambio de nombre y poco más. La Agencia de Ciberseguridad, como el Cesicat entonces, tiene sobre el papel la función de defensa en el mundo digital. Pero con más dinero. Arrancó con un presupuesto de 7,5 millones y para 2022 cuenta ya con 64 empleados y 16,8 millones. Y está en coordinación con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), con un presupuesto de 708 millones y activo en el ‘procés’. Seguimientos políticos
La relación del nacionalismo con el espionaje no queda ahí. Se han hecho seguimientos a líderes constitucionalistas durante el ‘procés’ y a independentistas del entorno de la CUP. Uno de los casos de espionaje más sonoros fue el que se descubrió la víspera del 27-O de 2017, cuando agentes de la Policía Nacional pillaron a compañeros suyos de la Policía autonómica a punto de quemar documentos en una incineradora de San Adrián del Besós (Barcelona) que contenían, entre otros, datos de líderes constitucionalistas e información sensible sobre la protección del referéndum del 1-O. El asunto llegó a los tribunales, se acreditaron los seguimientos, pero el caso se archivó en 2019. El tripartito independentista (Junts, ERC y la CUP) impidió, en 2018, que el Parlamento catalán investigara el caso. A finales de 2020, la dirección de los Mossos apartó a un agente de la Comisaría General de Información por el presunto espionaje a grupos vinculados con la CUP. Un chivo expiatorio para el entorno de los independentistas antisistema, que defienden la existencia de un seguimiento y control políticos a las entidades que arropan su ecosistema. Según publicó ‘La Directa’, una revista cercana a los postulados de los antisistema, los Mossos suplantaron identidades en correos electrónicos de organizaciones como La Forja, Arran, Endavant o la misma CUP para buscar información interna. Las direcciones IP desde donde se suplantaron las identidades dirigían al CTTI y al cuartel general de los Mossos en Tarrasa (Barcelona).
Fuente ABC