El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a enfrentarse esta semana a una votación clave en el Congreso para la que no tiene los apoyos garantizados de sus socios de investidura. La discrepancia nada tiene que ver con el texto que se vota, sino con el presunto caso del espionaje a los líderes independentistas con el programa Pegasus. El escándalo ha dejado al PSOE aislado, recibiendo críticas de todos sus socios, lo que pone en riesgo la votación en el Congreso del real decreto-ley del plan de emergencia económica, que tiene que pasar su convalidación el próximo jueves. Sánchez ha reclamado a sus socios “el mayor acuerdo posible” durante su intervención en la ceremonia de entrega de los premios Cepyme a las pequeñas y medianas empresas del país.
Sánchez ha argumentado que la inflación es “el aspecto más negativo en la coyuntura económica actual”, de ahí la necesidad de que sus socios pasen este decreto en el Congreso. El presidente ha defendido que este plan, con el que inyectará 16.000 millones de euros a empresas y familias entre abril y junio contiene “medidas rigurosas y bien diseñadas” para frenar la inflación. Entre ellas se encuentra la bonificación de 20 céntimos al precio del diésel y la gasolina y la creación de una nueva línea de avales del ICO.
“El Gobierno ha escuchado a los sectores afectados, a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales”, ha afirmado Sánchez, por lo que les pide a todos ellos su respaldo para la convalidación definitiva de la norma en el Congreso. El presidente tiene en el aire esta importante votación, sobre todo después de que Esquerra Republicana mostrara el domingo su descontento con las explicaciones ofrecidas por el Gobierno. La ‘consellera’ de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, calificó las explicaciones de su homólogo del Gobierno central, Félix Bolaños, de “insuficientes” y advirtió de que tendría “consecuencias graves”.
El Gobierno se ha quedado en una situación delicada y por eso necesita centrar el debate parlamentario en el texto normativo del real decreto y no en las cuestiones políticas. En el texto no hay oposición por parte de sus socios, pero el problema para el Gobierno es que esos socios desaparezcan. Sánchez ha defendido que esta medida es necesaria para frenar la gran amenaza económica a la que se enfrenta el Ejecutivo y así poder garantizar la intensa recuperación de la economía española.
El presidente ha celebrado que España será la economía europea que más crecerá en 2022 citando a las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional publicadas la semana pasada. En concreto, el FMI anticipa un avance del PIB español del 4,8%, casi el doble que el de la eurozona. “Lo digo con cautela”, ha explicado Sánchez, “pero hay elementos en el desempeño económico de nuestro país que se han mostrado por encima de las previsiones”.
Se ha referido, en concreto, al ritmo de creación de empleo, que ha llevado a España a superar la cota de los 20 millones de afiliados por primera vez, a la creación de empleo indefinido tras la aprobación de la reforma laboral o a la reactivación del sector turístico. Además, Sánchez ha anunciado que las administraciones públicas licitarán 11.000 millones de euros en los próximos tres meses con cargo a los fondos europeos, lo que supondrá una inyección de recursos adicional a empresas y hogares.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a enfrentarse esta semana a una votación clave en el Congreso para la que no tiene los apoyos garantizados de sus socios de investidura. La discrepancia nada tiene que ver con el texto que se vota, sino con el presunto caso del espionaje a los líderes independentistas con el programa Pegasus. El escándalo ha dejado al PSOE aislado, recibiendo críticas de todos sus socios, lo que pone en riesgo la votación en el Congreso del real decreto-ley del plan de emergencia económica, que tiene que pasar su convalidación el próximo jueves. Sánchez ha reclamado a sus socios “el mayor acuerdo posible” durante su intervención en la ceremonia de entrega de los premios Cepyme a las pequeñas y medianas empresas del país.
Fuente El Confidencial
