De acuerdo con esta comisión, Lula fue juzgado por un tribunal imparcial y se violaron su privacidad y su derechos políticos.
“Si bien los Estados tienen el deber de investigar y enjuiciar los actos de corrupción y de mantener informada a la población, especialmente cuando se trata de un exjefe de Estado, tales acciones deben llevarse a cabo de manera justa y respetar las garantías del debido proceso”, remarcó Arif Bulkan, miembro del comité.
El expresidente Lula fue investigado en 2016 dentro de la macrocausa ‘Lava Jato’, que destapó una trama de corrupción dentro del seno de Petrobras y varias constructoras privadas, entre ellas Odebrecht. El juez encargado de la causa fue Sérgio Moro, que posteriormente se convirtió en ministro de Justicia con el actual presidente, Jair Bolsonaro.
Durante la investigación, Moro aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula, así como los de su familia y su abogado, después filtró el contenido a la prensa, a la que informó también de una orden de detención contra él para interrogarlo antes de avisar al propio expresidente.
Moro condeno a Lula a nueve años de cárcel en julio de 2017, pero no ingresó en hasta el abril de 2018. Su condena supuso además su inhabilitación como candidato presidencial cuando era el favorito en las encuestas para las presidenciales del 7 de octubre de ese año, que finalmente fueron para Bolsonaro.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) confirmó el año pasado la decisión de anular las condenas de Lula y el candidato de izquierda es actualmente el favorito de cara a las elecciones de octubre.
El Comité de la ONU sostiene que a pesar de que el Supremo anuló la condena y el encarcelamiento de Lula, “no fue suficiente” para reparar el daño causado, puesto que se violó su derecho a la libertad, a la privacidad, a un juicio justo e imparcial, así como a presentarse un cargo político.
Fuente Ambito
