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Imputan al ex ministro de Seguridad de Santa Fe y asesor de Aníbal Fernández, Marcelo Sain, por una compra de armas
Al ex funcionario se le atribuye la coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial.
Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad de Santa Fe y actual asesor de Aníbal Fernández, fue imputado en una investigación sobre presuntas irregularidades en una licitación para comprar armas. En la causa también fueron incluidos en esa acusación el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, y el ex secretario de Coordinación Técnica, Maximiliano Novas.
Según la información judicial, a los tres se les atribuyó la coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial. El monto total de la adjudicación fraudulenta que intentaron fue de 17.103.543 dólares.
La denuncia fue presentada en marzo por legisladores santafesinos. Este jueves, se decidió imputar al ex funcionario, que fue desplazado el año pasado por el gobernador Omar Perotti, en medio del escándalo desatado por audios en los que Sain descalificaba a los policías provinciales.
La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, dirigida por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, determinó que tanto Sain como los otros dos imputados buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente.
¿Cómo fue la maniobra? Según lo denunciado por los legisladores opositores, la licitación impulsada por el Ministerio de Seguridad cuando el actual asesor de Fernández estaba al frente de la cartera tenía una extraña particularidad.
“En lugar de poder cotizarse por pistolas, por fusiles de asalto, por subametralladoras, etc, en forma individual (lo cual hubiera posibilitado obtener un mejor precio en cada rubro), se pretendió obligar a cotizar ‘a todo o nada’. Sólo podían presentarse las empresas que comercializaban todos los ítems, como si se tratara de un combo y no de elementos individuales”, sostuvieron los legisladores en su demanda.
La denuncia contra Sain fue presentada en marzo por legisladores santafesinos. Foto Juan José García.
Esa particularidad, afirmaron, imposibilitaba controlar la existencia de sobreprecios y reducía el número de empresas en condiciones de ofrecer la totalidad de los ítems. “La maniobra de ‘renglón único’ no reconoce antecedentes inmediatos en una compra de esta magnitud”, concluyeron.
La licitación fue suspendida por la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, dentro del Ministerio de Economía santafesino, tras el reclamo de una empresa. Finalmente, el 4 febrero de 2021 la Justicia también puso un freno al procedimiento administrativo, que ahora es investigado por la Justicia.
Ahora, la Fiscalía confirmó la maniobra ilícita. “Al momento de realizar la imputación, la Fiscalía informó que esas condiciones especiales que definieron los imputados para la licitación pública consistieron en confeccionar un pliego de bases y condiciones particulares en el que se detalló que la cotización del armamento no se podía cotizar parcialmente por renglones, ni por parte de los renglones”, informó el Ministerio Público Fiscal santafesino.
En ese sentido, a pesar de que el procedimiento había recibido observaciones administrativas, “los imputados modificaron el pliego y establecieron que la cotización de las armas debía hacerse en un solo renglón y que debía incluir varios ítems. Es decir, los cinco renglones iniciales (uno por cada tipo de arma a comprar) se agruparon en un renglón único, con el objetivo de que el proveedor que se presente sea el único para todos los rubros”.
Para la Fiscalía eso se realizó con la intención de seguir con la maniobra defraudatoria.
La licitación buscaba que la Provincia comprara 12.000 pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, seis fusiles semiautomáticos para francotirador y seis fusiles para francotirador de cerrojo manual. Esos cinco ítems, tras los cambios orquestados por Sain y los otros dos imputados, debían sí o sí ser provistos por una mina empresa, rechazando así la competencia entre diferentes empresas por venderle al estado cada tipo de armamento.
Así, por ejemplo, la empresa nacional Bersa, que solo podía proveer una de las armas requeridas, se vio impedida de participar. “En la Argentina no hay empresas que puedan proveer todas esas armas al mismo tiempo. Sí hay alguna intermediaria que pueda cubrir esa oferta”, señaló tras denunciar el hecho el legislador radical, Juan Cruz “Cacu” Cándido, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Santa Fe.
En su momento, el dirigente radical, hombre del riñón del ex ministro se Seguridad, Maximiliano Pullaro, agregó que el “pliego técnico para la compra transcribe en partes lo que dice el catálogo de venta de una empresa que podría ser beneficiada en esta maniobra”, lo que llamó su atención.
En ese sentido, la Fiscalía ratificó casi al pie esa sospecha. Remarcó que la particularidad de ese renglón único era que se integraba con armas que sólo podían ser ofrecidas por Emprendimientos Grupo Patagónico SRL. Y puntualizó que los tres imputados sabían que sólo esa empresa estaba en condiciones de hacer el ofrecimiento, ya que las características del armamento descripto en el pliego fueron copiadas de folletos comerciales de la propia firma a la cual pretendían beneficiar.
“Sain y dos miembros de su equipo fueron imputados hoy. Intentaron un adjudicación fraudulenta por 17.103.543,60 dólares. Vinieron a Santa Fe a hacer cualquier cosa, menos a trabajar por la seguridad pública”, tuiteó el denunciante tras la imputación. “Los resultados están a la vista: más violencia, más delito. El gobernador en parte es responsable por haberlo sostenido pese al fracaso”, siguió.
En función de las evidencias recolectadas, se estimó que el perjuicio para el erario público hubiera sido de entre 2.814.000 y 8.274.000 de dólares.
La defensa de Sain
Marcelo Sain participó vía Zoom de la audiencia en la que terminó imputado y según trascendió hizo una declaración que no estuvo vinculada al delito del que lo acusaron. El exministro santafesino se limitó a rechazar su responsabilidad en la defraudación pública y apuntó contra la Justicia.
El portal aires de Santa Fe afirma que Sain dijo que la investigación de la Unidad de Delitos Complejos del MPA “no se inscribe dentro de un proceso de investigación de delito sino de un proceso político del cual usted fiscal forma parte”, le dijo a uno de los acusadores.
“(Es parte) de una maquinación política dirigida por su jefe, Carlos Arietti, que no es un fiscal autónomo sino que en el marco de su campaña para ser fiscal general le quiere vender al bloque histórico de poder que ha gobernado esta provincia, este hecho político que usted está protagonizando como garantía de que los va a proteger de cualquier investigación que los comprometa”, siguió.
Siguiendo el libreto del lawfare al que apelan muchos dirigentes K, Sain redobló su apuesta y apuntó contra un miembro de la Corte Suprema. “Esta maquinación política tiene un jefe superior, que hace años se posicionó como jefe de la banda, un hombre del partido justicialista, que es el doctor Gutiérrez, Rafael Gutiérrez, miembro de la Corte Suprema de Justicia”.
“Como ya han dicho personas en procesos, no sólo tiene descaradas vinculaciones con legisladores el justicialismo y del socialismo, con quien ha cogobernado esta provincia sino que además ha establecido la estrategia de persecución penal contra mi, de la que usted fiscal Hernández, forma parte”, agregó.
Sain fue desplazado el año pasado por el gobernador Perotti, en medio del escándalo desatado por audios en los que descalificaba a los policías provinciales.
“Creo que ustedes juegan en la primera D y yo juego en la primera A. Vos dirás que soy un hijo de puta, un fanfarrón, un turro. No, negro. Tengo muchos años de experiencia jugando en primera A. Ahora estoy en el vestuario de la primera D. Eso es lo que yo pienso de todos ustedes. Es la visión santafesina pueblerina, una visión muy pedorra. Gracias a Dios que Dios atiende en la Capital Federal. Porque si no este país sería Uganda, hermano. Porque si Dios atendiese en Santa Fe estamos hundidos todos“, cuestionaba el funcionario ante su interlocutor, en los mensajes que se viralizaron.
“Son unos negros pueblerinos. A las dos de la tarde están en la casa”, se escucha en en otro tramo del audio.
“El audio privado que se está difundiendo tiene un año y medio. Es un audio ‘privado’ enviado a un jefe de policía con pretensión de ministro. No es una escucha judicial, un material de prueba defendiendo a un policía narco, como los que están en la justicia. Raro que salga ahora”, se justificó Sain en su cuenta de Twitter en ese momento.
Fuente Clarin
