No así el proyecto, que mantiene estado parlamentario pero que debe ser ratificado nuevamente por el plenario de comisiones, convocado en este caso para el martes a las 14.
Fuentes parlamentarias no descartaron la posibilidad de que la iniciativa pueda ser incluida en el temario de una sesión especial que el oficialismo podría solicitar para el miércoles al mediodía.
El proyecto había recibido dictamen de la comisión de Agricultura, en una reunión que se realizó el pasado 16 de noviembre y que contó con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Un día después recibió el visto buena de la de Presupuesto y Hacienda.
En oportunidad de ese debate, la diputada entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos), señaló: “Es necesaria la ley de desarrollo productivo de cannabis medicinal y del cáñamo industrial porque va a generar un marco legal para el desarrollo de una industria que va a permitir el cultivo, la comercialización y la exportación del mismo”.
Por su parte, su compañera de bloque, Mara Brawer, puso de relieve que se trata de “una industria sustentable, ecológica y que genera puestos de trabajo. En el mundo hay aproximadamente 25 mil usos para la planta del cáñamo, de la cual se utilizan todas sus partes, desde la raíz hasta las hojas”.
A su turno, el radical Jorge Rizzotti dijo que la ley abre “una gran posibilidad en el desarrollo local y las economías regionales” y destacó que su provincia, Jujuy, es hoy “la única productora de aceite de cannabis medicinal en el país”, al afirmar: “Necesitamos de esta ley fundamentalmente para seguir creciendo”.
El proyecto promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.
El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.
En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).
Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito Ministerio de Desarrollo Productivo.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de “maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos”.
A través de la iniciativa, se promete convertir al cannabis en otro “commodity” de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne.
El marco normativo busca “desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad, y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad”.
La industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial incorpora cerca de 200 productos y servicios asociados en su cadena de valor, es decir que abre una multiplicidad de opciones para desarrollar actividades de servicios y de producción en toda la Argentina.
Según se informó, el potencial económico para el desarrollo de la actividad del cannabis medicinal y el cáñamo industrial para el año 2025 se proyecta en 10.000 nuevos empleos (alto porcentaje en I+D+i), 500 millones de dólares en ventas al mercado interno anuales y 50 millones de dólares de exportación anuales, revelan los datos.
Fuente Ambito
