El Gobierno entregó este viernes a la Comisión Europea un Programa de Estabilidad desfasado. Al menos en lo que respecta al ámbito de las pensiones, ya que no incluye la reforma que se aprobó para ligarlas a la evolución del IPC, sino que ha realizado los cálculos teniendo en cuenta la anterior normativa, aprobada en 2011 durante la etapa de Mariano Rajoy. Así lo ha advertido Ciudadanos, que ya ha presentado una pregunta en el Congreso para intentar aclarar si el cuadro macroeconómico enviado a Bruselas está calculado de forma correcta.
En el apartado sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, concretamente en la página 120 del documento, se justifica que “el gasto en educación y, sobre todo, en pensiones, experimenta una contracción entre el principio y el final del período”, que va desde 2022 a 2025. Esta afirmación es difícil de justificar cuando el IPC se encuentra actualmente disparado —el dato adelantado de abril lo sitúa en el 8,4%—, lo que obligará a la Seguridad Social a acometer un gran esfuerzo económico para actualizar las pensiones conforme a la evolución de este indicador. En concreto, cada punto de subida del IPC tiene un coste presupuestario en pensiones de unos 1.800 millones de euros.
Además, en la página 118 se apunta que el gasto en pensiones del ‘Ageing Report 2021’, el informe que muestra cuál será el impacto económico y presupuestario del envejecimiento de la población a largo plazo, “se proyectó estimando el efecto de despliegue completo de la reforma paramétrica de las pensiones de 2011 hasta el año 2027″. Es decir, que contempla la reforma aprobada hace once años y no la que vio la luz hace apenas cinco meses y que actualmente está en vigor.
El Ministerio de Hacienda aclara en ese mismo párrafo que “el próximo ‘Ageing Report’, que se publicará en 2024, incorporará las medidas aprobadas de las reformas del sistema de pensiones”. No obstante, en las líneas anteriores sostiene que “conlleva operar con la legislación de pensiones en vigor en el momento del cálculo de las proyecciones”, por lo que Ciudadanos defiende que se debería haber tenido en cuenta la reforma que estipula la revalorización con respecto al IPC y no la aprobada en 2011 por el PP.
La nueva reforma de las pensiones es efectiva desde el 1 de enero de 2022, tras superar en diciembre la votación en el Senado, el último escollo para su aprobación. Por este motivo, la diputada de Ciudadanos en el Congreso, María Muñoz Vidal, se ha mostrado sorprendida con las conclusiones de este Plan de Estabilidad e insta al Ejecutivo a aclarar si “sigue en la indexación o la va a derogar”. Entiende que solo puede haber dos opciones: “O están engañando a Bruselas o están engañando a los pensionistas”.
Para clarificar este asunto, la propia Muñoz Vidal ha solicitado al Ejecutivo la respuesta por escrito a las siguientes preguntas: ¿por qué el Programa de Estabilidad 2022-2025 no incluye los efectos de la reforma de las pensiones aprobada en diciembre de 2021? ¿Tiene el Gobierno alguna proyección propia de las proyecciones de gasto ligado al envejecimiento distinta del ‘Ageing Report’?
También quiere saber si tiene el Gobierno alguna proyección propia de las estimaciones de la nueva senda de gasto, ligada al envejecimiento fruto de la indexación de las pensiones al IPC. Si la tiene, ¿por qué no se ha incorporado al Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea? Si no la tiene, ¿no va a actualizar el Gobierno sus proyecciones sobre el gasto en pensiones hasta la publicación en 2024 del nuevo ‘Ageing Report’? Todas estas cuestiones están incluidas en la pregunta presentada este viernes por la diputada de Ciudadanos ante la Mesa del Congreso.
El Gobierno entregó este viernes a la Comisión Europea un Programa de Estabilidad desfasado. Al menos en lo que respecta al ámbito de las pensiones, ya que no incluye la reforma que se aprobó para ligarlas a la evolución del IPC, sino que ha realizado los cálculos teniendo en cuenta la anterior normativa, aprobada en 2011 durante la etapa de Mariano Rajoy. Así lo ha advertido Ciudadanos, que ya ha presentado una pregunta en el Congreso para intentar aclarar si el cuadro macroeconómico enviado a Bruselas está calculado de forma correcta.
Fuente El Confidencial
