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Un juez provincial negó que hubiera un fraude en el proceso del canje de deuda pública que protagonizaron el gobernador y el ex ministro.
El gobernador K Gildo Insfrán fue favorecido por la justicia local de Formosa al ser sobreseído en un expediente vinculado al caso Ciccone, donde se investiga un extravagante contrato de asesoramiento de la renegociación de la deuda que la provincia tenía con la Nación, a través de una consultoría que costó 7,6 millones de pesos. También fueron sobreseídos Amado Boudou, su amigo José María Núñez Carmona y funcionarios provinciales.
Ese trabajo -que se corroboró que fue simulado- lo facturó The Old Fund, la firma que luego la Justicia le atribuyó a Boudou a través de un presunto testaferro. Si bien la resolución tiene casi cinco meses, recién trascendió ahora, a través del diario Ámbito Financiero, de Cristóbal López.
El caso dejó de tramitar hace más de un año en Comodoro Py, cuando el juez Ariel Lijo decidió que se desdoble, es decir, que el tramo que involucra a funcionarios formoseños se termine de investigar en esa provincia y la instancia que involucra ex funcionarios nacionales, como Amado Boudou, tramite en los tribunales federales de Retiro.
La discusión fue dirimida por la Cámara Federal porteña. El debate inició cuando Lijo hizo lugar a un recurso de la defensa de Insfrán que planteó que el caso sea remitido a la provincia que él gobierna hace 26 años. Los camaristas entendieron que un tramo de los acontecimientos investigados habrían ocurrido íntegramente en la provincia del Norte, con la intervención de funcionarios locales (y un particular cuya participación resulta inescindible de la de aquellos) y con la afectación de fondos provinciales.
Así fue que el tramo que incluía a Insfrán quedó radicado en la justicia federal formoseña. El juez Marcelo López Picabea sostuvo en su resolución que no detectó irregularidades en los convenios de renegociación de deuda que firmó la provincia el Estado Nacional. Entendió que la reestructuración de la deuda no incurrió en ningún hecho ilegal.
La medida se dictó a finales del año pasado y al no contar con la apelación del Ministerio Público Fiscal, el gobernador formoseño quedó finalmente sobreseído.
Qué se investigó
El expediente se concentra en el procedimiento de la renegociación de la deuda de Formosa con el Gobierno nacional, para el cual se contrató una “simulada consultoría” de más de 7 millones de pesos a The Old Fund, del presunto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele. Esa firma, además, se quedó con el 70% de las acciones de la ex calcográfica Ciccone.
La causa investigó la maniobra por la cual Boudou, mientras ocupaba el cargo de Ministro de Economía de la Nación, y Núñez Carmona, su socio y amigo personal (en roles desdoblados, uno desde el sector público y el otro privado, respectivamente), a través de la firma The Old Fund, y de su representante Alejandro Vandenbroele, “habrían realizado un contrato de consultoría, de forma irregular y en violación a la ley provincial 1.180, con el Fondo Fiduciario de la Provincia de Formosa (FON.FI.PRO), administrado por Jorge Ubaldo Melchor”.
Durante la instrucción se determinó que se “simuló un asesoramiento para la reestructuración de la deuda pública de Formosa; deuda que ya había sido negociada y su convenio firmado entre el anterior Ministro de Economía de la Nación, Carlos Fernández, y el Gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, más de dos meses antes de que Amado Boudou asumiera a cargo de dicha cartera. El objetivo, según determinó en su momento el juez Lijo, fue que se concrete la contratación entre The Old Fund y el FON.FI.PRO para el “cobro espurio de dinero perteneciente a fondos públicos de la provincia de Formosa”.
En números, se sostuvo que luego de asumir, Boudou, en su calidad de Ministro de Economía, firmó junto con Insfrán, en su carácter de Gobernador de Formosa, una adenda al convenio previamente rubricado por Cristina Kirchner, a través de la cual “se estipuló que la reestructuración de la deuda no sólo incluyera al capital y los intereses, incrementando el valor del bono a emitir a la suma de 312.941.277,63 pesos. Eso permitió que The Old Fund cobre 7.667.161 pesos por un asesoramiento que nunca brindó“.
Pero para el juez de Formosa que recibió el expediente nada de esta maniobra fue corroborado. Entendió que la reestructuración encarada por el gobierno de Insfrán nada tenía que ver con la contratación de The Old Fund.
En un tramo de su resolución, el juez formoseño indicó: “En su dictado (por los decretos de Insfrán) no media la finalidad atribuida en la imputación sino, categóricamente, que este decreto, a la par de la necesaria aprobación del convenio, con igual o mayor importancia para su ejecución, tuvo la expresa finalidad de garantizar con recursos provinciales el cumplimiento de los pagos comprometidos a la Nación en el convenio suscripto y aprecio que está muy lejos de configurar un aporte personal o una contribución al hecho típico descripto en la acusación”.
Por un lado, en la resolución a la que accedió Clarín, el juez indicó que Insfrán estaba facultado para encarar la renegociación de la deuda adquirida con Nación, como también la creación del fondo fiduciario y la contratación de The Old Fun, en busca de “la conveniencia” de los organismos intervinientes en la operatoria. En función de esas atribuciones, el juez entendió que no se había cometido ningún delito como sí se había sostenido en la imputación origina cuando el caso tramitó en Comodoro Py.
Al entender de juez López Picabea, tanto Boudou como el gobernador de Formosa sólo buscaron “la cancelación de la deuda” de la provincia con la Nación. Se basó en los convenios firmados y rechazó así la operatoria de corrupción que el juez Lijo ya había dado por confirmada. En otro tramo negó categóricamente lo corroborado por los fiscales federales Jorge Di Lello y Carlos Rívolo, quienes trazaron la relación entre las disposiciones para el pago de la deuda y la contratación de The Old Fun, propiedad de Alejandro Vanderbroele, señalado testaferro de Boudou.
“Resultan actos de imposible vinculación con el contrato de consultoría entre esa firma y el Fondo Fiduciario Provincial, queda descartado que los actos de Insfrán hayan tenido la finalidad que sostiene la imputación”, dijo el juez provincial.
Fuente Clarin
