El independentismo no logra elevar el ‘catalangate’ a escala europea

Si no fuera por los independentistas y el esfuerzo de algunos eurodiputados españoles para rebatir sus postulados, no se habría notado que el debate de actualidad celebrado este miércoles en el Pleno del Parlamento Europeo tenía su origen en una propuesta de Los Verdes en relación al denominado «catalangate», el supuesto espionaje con Pegasus a más de medio centenar de individuos vinculados al separatismo en Cataluña, buena parte de ellos, cargos electos. La Cámara no quería, de hecho, debatir sobre este asunto, que ya fue propuesto sin éxito por Los Verdes (donde está integrado ERC) cuando el prófugo expresident de Cataluña Carles Puigdemont dio luz verde a la difusión de la investigación sobre el supuesto espionaje realizada por CitizenLab, adscrita a la Universidad de Toronto (Canadá). Sin embargo, el grupo tiene derecho por turno a elegir un tema de actualidad para someter a debate en uno de cada siete plenos. El de estos días, que se celebra en Estrasburgo, era el que les correspondía, ahí su oportunidad. Por eso, pese a la expectación mediática, en los pasillos del Parlamento Europeo lo que se respiraba era cierto escepticismo. Se trataba al fin y al cabo, de un debate sin propuesta alguna de resolución. Sin votación, sin texto que enmendar. La nada. Y que se celebre además quince días después de que se constituya formalmente en la Cámara una comisión parlamentaria creada para investigar lo que ha ocurrido con Pegasus en países como Hungría o Polonia, tampoco ayuda. Poco puede aportar el Pleno sin que ese órgano delegado haya siquiera iniciado sus trabajos, más allá de que se atisben qué intereses o preocupaciones tienen los distintos grupos en esa investigación. De la prohibición del sistema a la regulación de su uso a nivel comunitario. Pero ahí estaban Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Antoni Comín, los tres sin grupo parlamentario que les acoja y vertiendo graves acusaciones contra España, de nuevo, ante el Parlamento Europeo por cuenta de ese supuesto espionaje aún por acreditar. En la misma línea, eurodiputados de ERC como Jordi Solé o Diana Riba, y desde Bildu, Pernando Barrena. La peneuvista Izaskun Bilbao o Idoia Villanueva, de Podemos, han entrado al caso concreto catalán, aunque en tonos bien distintos. En total, 67 intervinientes, de los que algo más de una docena eran españoles. El resto ha obviado el ‘catalangate’ en sus intervenciones. La ponente de la iniciativa ha sido la eurodiputada de Los Verdes Saskia Bricmont, que se ha expresado en clave europea para defender que, contra la opinión del Consejo y la Comisión, el espionaje con Pegasus «no es una cuestión de seguridad nacional» sino un asunto comunitario porque lo que está en juego es el Estado de Derecho. Ha afeado a ambas instituciones, como al Parlamento, que guardasen silencio sobre el caso catalán. «Quiero oírles condenar enérgicamente estos actos de espionaje», ha proclamado. No lo ha conseguido, más allá de que el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, ha reiterado el mensaje que ya dio la Comisión condenando en genérico «todo acceso ilegal a las comunicaciones» de los ciudadanos. También ha dejado claro que no habrá una investigación específica en la Comisión Europea: «La competencia es de cada Estado miembro y la Comisión no está en situación de investigar casos específicos». Empujará, eso sí, los trabajos del Parlamento Europeo al respecto y colaborará en lo necesario. En representación del Consejo acudía a la comisión el también secretario de Estado de Francia para los asuntos europeos, Clément Beaune, y la posición, similar: «Las limitaciones a la privacidad están enmarcadas en unas normas nacionales y europeas de protección». «Europa no puede mirar a otro lado. Sin la Unión Europea no hay posible democracia en Europa. Pegasus y la democracia no son compatibles», ha replicado Puigdemont en su turno de palabra. Comin, que estaría entre los espiados, ha apuntado directamente a que la cuestión es si se puede o no utilizar ese sistema, pues en su opinión, no hay resolución judicial que lo justifique. Ponsatí ha interpelado directamente a las instituciones europeas: «España está espiando a sus ciudadanos en una violación de derechos bajo el ojo complaciente del Consejo y la Comisión (…) ¿La comisión va a ser un cártel de Estados para perseguir a las minorías? Cumplan su deber de defender nuestros derechos frente a un Estado autoritario», ha espetado. Ya en Los Verdes, Diana Riba se ha situado como víctima de Pegasus y ha dicho que su caso es extensivo al resto de la Cámara. «El Gobierno español es el único responsable de aclarar este escándalo. Ya admitió que adquirió Pegasus. No tiene más remedio que explicar quién lo está utilizando, cómo, contra quién y qué se hace con toda esta información», ha señalado ante la cámara comunitaria. Hablaba, además, de espiados de primera y de segunda. Esto pasa, ha añadido, «no sólo en Hungría, también en España», en un intento de equiparar situaciones distintas. La comisión se puso en marcha después de que el Parlamento Europeo tuviese constancia directa de víctimas de Pegasus en el país del este, como en Polonia. Se trata de periodistas, políticos de la oposición, pero también jueces y fiscales. Hungría, además, como Polonia, lleva tiempo ya en el foco de las instituciones europeas por incumplimientos de normativa comunitaria tan esencial como el respeto a la independencia de los jueces. «A nadie le debe sorprender» La respuesta de los populares europeos no ha tardado en llegar. La portavoz de la delegación española, Dolors Montserrat, se ha dirigido a Puigdemont, en un razonamiento que podría hacerse extensivo a sus otros dos compañeros sin grupo parlamentario en Europa: «No le voy a aceptar ni una sola lección de legalidad por ser un prófugo de la Justicia». Conforme ha defendido ante el pleno, con el «sospechoso» informe de CitizenLab los independentistas «han encontrado su oportunidad para la victimización» y para emprender «otra ofensiva contra el Estado». «Lo mínimo que cabe esperar de los servicios de inteligencia de un país es que investiguen a siempre con amparo judicial», ha destacado, en relación a que se trata de personas que derogaron la Constitución en un desafío al Estado y fueron condenados por sedición. «Si el Estado es atacado, el Estado debe defenderse», ha añadido. En la misma línea, Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior y vicepresidente de la comisión del Parlamento Europeo que investigará el uso de Pegasus en los estados miembro. Para él, el objetivo de este debate, como de la difusión de ese informe de CitizenLab, obedece a un «teatro mediático y propagandístico con el que pretenden que Europa se olvide de sus ataques al Estado de derecho y ocultar que el apoyo al independentismo en Cataluña ha caído a mínimos históricos». «Sus teatros ya no engañan a nadie», ha espetado. En su intervención, ha puesto de manifiesto que la tecnología no es mala de por sí y ha incidido en todo caso, en que cuando un Estado lo utiliza al margen de la ley «merece la repulsa», pero eso «no tiene nada que ver con lo que algunos afirman que pasa en España, un Estado de Derecho». En todo caso, ha planteado que «a nadie le debería sorprender que se hayan podido hacer escuchas a personas condenadas por sedición y que han manifestado que volverían a cometer ese delito». «La paradoja» del independentismo
Jordi Cañas, de Ciudadanos, ha ido a atacar «la paradoja» de que quienes derogaron la Constitución «dando un golpe de Estado, denuncien sin pruebas que el Estado se defienda» y que «quienes fueron acusados de espiar (…) e impidieron una comisión de investigación en el Parlamento catalán para investigar las denuncias por presunto espionaje, utilicen este pleno» para elevar esa denuncia. «Robaron siete millones de datos de los catalanes», ha añadido, para incidir en que «son expertos en la propaganda y la mentira y en defender sus derechos mientras violan los de todos». «En cualquier Estado de Derecho el peso de la prueba recae en la acusación pero ellos acusan sin pruebas y usando y abusando de este Parlamento no para saber la verdad, sino para esparcir la mentira», ha zanjado. Para Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, «poco les han espiado y poco les han perseguido». «Los europeos están cansados de ver como no salen ustedes de una crisis tras otra. Ahora Pegasus, es agotador», ha señalado, para denunciar su «sectarismo». «¿Quieren una Europa más fuerte y más segura? Pues hablen de la seguridad que preocupa a los europeos, no la que preocupa a los politiquillos», ha dicho ante la Cámara. Mientras, desde las filas de los socialistas españoles, Juan Fernando López Aguilar, que preside la Comisión de Justicia, Libertades Civiles e Interior del Parlamento Europeo, no ha entrado al caso concreto y ha puesto el foco en el trabajo de un año que tiene por delante la de investigación sobre Pegasus. Considera que dado el potencial lesivo de derechos fundamentales que tiene esta tecnología, y que «hay indicadores claros de que al menos veinte Estados han dispuesto» de ella, «no cabe descartar que se deba concluir con la incompatibilidad del sistema con los estándares europeos». En todo caso, como defendía el también socialista Ibán García del Blanco, «no se trata de espiados de primera o de segunda sino de acusaciones muy graves que afectan a la salud de la democracia europea». «Necesitamos pruebas concluyentes de quiénes han sido espiados, cómo y cuándo y quién está detrás (….) No adelantemos conclusiones. Este es un debate extemporáneo», ha señalado en relación a las tareas de la comisión de investigación. Eso sí, a la que se ha abierto en el Parlamento Europeo, porque en el Congreso de los Diputados, de momento, el PSOE no está por la labor. La eurodiputada de Podemos Idoia Villanueva ha reivindicado este asunto: «Todos deberíamos apoyar investigaciones en nuestros Estados (…) exigir responsabilidades y garantías de no repetición».
Fuente ABC