En el Congreso se impulsa una nueva prórroga de las moratorias previsionales y un régimen especial de retiro para personas con determinadas enfermedades, impulsado principalmente por la senadora Nacional por el Frente de Todos de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti.
“Mientras este tipo de normas siga teniendo alto consenso político, no tiene sentido discutir cuál es el mejor régimen monetario para lograr la estabilidad”, señala un informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
La crisis económica y política parece sin salida. Esto aumenta las expectativas sobre el próximo gobierno. Hay muchos candidatos que aspiran al poder y pocas propuestas. La excepción es el debate en torno al régimen monetario. Dolarización, convertibilidad, metas de inflación, régimen bi-monetario aparecen, según el candidato, como “el” instrumento para lograr la estabilidad. Se trata de una discusión necesaria pero que pasa por alto que, cualquiera sea el régimen monetario que se adopte, el resultado será un nuevo fracaso si no se aborda un ordenamiento integral del Estado. Por eso es clave explicitar y asumir que el desorden actual es el resultado de la acumulación de malas políticas públicas sostenidas durante décadas por gobiernos de todos los colores políticos.
Dos ejemplos concretos se vieron en los últimos días, observa IDESA. El Congreso dio media sanción, con casi unanimidad, a la creación (superpuesta con beneficios ya existentes que cubren estas contingencias) de un régimen de pensiones no contributivas para personas de bajos ingresos afectadas con HIV, hepatitis B o C y tuberculosis, y para las que son de ingresos medios y altos se les permitirá jubilarse, sin aportes, a los 50 años. La otra iniciativa fue presentada en el Senado y propone extender las moratorias previsionales.
IDESA observa que dar jubilaciones sin aportes sin evaluar los costos concita alta “transversalidad” política. En este sentido, según datos del Ministerio de Economía para el año 2021 se observa que:
Hay 3,5 millones de jubilaciones otorgadas con las moratorias, de las cuales 800 mil están duplicadas con una pensión por sobrevivencia.
Estas jubilaciones con moratorias generan un gasto público de 2,4% del PBI.
El déficit primario del Sector Público Nacional ascendió a 3,0% del PBI.
Estos datos muestran que las moratorias tienen un costo fiscal equivalente al 80% del déficit fiscal primario. Así las cosas, el informe elaborado por IDESA advierte que seguir dando jubilaciones contributivas sin aportes agrava de manera estructural la insolvencia fiscal. Con esta dinámica en las finanzas públicas, no hay posibilidad de lograr la estabilidad. El desorden del Estado lleva a desequilibrios fiscales altos y permanentes que impiden, cualquiera sea el régimen monetario, tener una economía estable. Por eso, el ordenamiento previsional, junto con el ordenamiento tributario y funcional del Estado, son desafíos mucho más importantes y difíciles que definir cuál es el régimen monetario más apropiado.
Para IDESA, el desorden previsional tiene origen en una larga acumulación de normas impulsadas de manera improvisada y oportunista. El ejemplo más ilustrativo y que más daño ha hecho son las moratorias. Se trata de un mecanismo –sin antecedentes en otras partes del mundo– que permite a una persona simular haber trabajado como autónomo “en negro” para reconocerle aportes no realizados y acceder a una jubilación en idénticas condiciones que una persona que efectivamente trabajó e hizo los aportes correspondientes. La primera moratoria data del gobierno de Néstor Kirchner, pero luego contaron con un amplio y transversal consenso político, como lo prueba el hecho de que fueron sucesivamente prorrogadas, incluso durante el gobierno de Mauricio Macri.
En el resto del mundo, para contemplar la situación de personas mayores sin aportes se utilizan las pensiones no contributivas. Este instrumento permite moderar los costos financieros y evitar dar la señal de que aportar al sistema previsional no genera beneficios. Pero el punto más importante es que las moratorias generan la duplicación de beneficios cuando fallece el titular de la jubilación o su cónyuge dado que, por ser un beneficio contributivo, puede generar también una pensión. Por esto, las moratorias son el principal factor que explica el alto y creciente fenómeno de duplicación de beneficios.
El consenso que sostiene las malas políticas previsionales queda demostrado con la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La PUAM tiene un diseño más apropiado que las moratorias porque no es un beneficio contributivo. Esto permite diferenciarla de la jubilación a la que acceden las personas que hicieron aportes regularmente y, lo más importante, no genera derecho a pensión por fallecimiento evitando los múltiples beneficios. Pero como cuando se creó la PUAM no se eliminaron las moratorias ni las pensiones por sobrevivencia se dejó pasar la oportunidad para que se sigan dando y duplicando jubilaciones contributivas sin aportes, en lugar de trabajar para perfeccionar la PUAM.
Fuente Mendoza Today
