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Según explicaron sus propios autores, en el Código se “protege el sistema político y estatal socialista, del conjunto de acciones y actividades que se cometen contra el orden constitucional y con el propósito de crear un clima de inestabilidad social y un estado de ingobernabilidad”.
Apenas fue publicado como proyecto en el sitio de la Fiscalía General en marzo, el texto despertó rechazo entre la disidencia al gobierno comunista.
“El nuevo Código Penal es una nueva vuelta de tuerca del régimen para intensificar la represión contra los ciudadanos”, dijo a la AFP René Gómez Manzano, presidente de la Corriente Agramontista, la organización más antigua de abogados opositores cubanos.
Este proyecto es parte de una serie de leyes, como la de soberanía alimentaria, del código de familias y de datos personales, destinadas a complementar la nueva Constitución aprobada apenas en 2019.
En la reunión extraordinaria que sostendrá el Parlamento el sábado, varios de estos proyectos de ley serán presentados ante el pleno, entre ellos el Código Penal para ser votado por los diputados.
“Llama la atención que, a diferencia del Código de las Familias, este nuevo cuerpo legal se esté cocinando en forma reservada”, advierte Gómez, abogado, expreso político y activista disidente de 77 años.
El Código de las Familias, que incluye la legalización del matrimonio gay, el vientre “solidario” y el reconocimiento de varios padres, ha sido muy publicitado y sometido a una amplia consulta popular, para luego llevarse a un referendo.
El Código Penal tipifica 37 nuevos delitos relacionados con “las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación“, explican los autores, un equipo multidisciplinario designado especialmente para su elaboración.
Se trata de una manera de dar respuesta a la llegada del internet móvil a Cuba desde finales de 2018, que ha sacudido la sociedad civil cubana y generado otras áreas de posibles delitos, incluso políticos.
Esta legislación llega también luego de las históricas manifestaciones del 11 y 12 de julio pasados en Cuba, las mayores en 60 años, que dejaron un saldo de un muerto, decenas de heridos y más de 1.300 detenidos, muchos de los cuales han sido condenados a penas hasta de 30 años.
“No es el Código Penal que Cuba necesita”, dijo a AFP el jurista Harold Bertot, hasta hace poco académico de la Universidad de La Habana, ahora en Madrid, investigando. “Cronológicamente coincide su discusión y eventual puesta en vigor en un momento de tensión política y social en Cuba”, estima.
El Código “apuesta por el expansionismo penal, el endurecimiento de las penas, y (está) diseñado para tener un notable impacto en el activismo político cubano”, añade.
En el texto, al delito de “desórdenes públicos” se agrega una figura que penaliza las manifestaciones individuales o en grupos, mientras que en actos “contra la seguridad del Estado” se inserta otra figura para castigar el financiamiento externo de actividades no legales.
Medios de prensa digitales de oposición, activistas y grupos disidentes son acusados de “mercenarios” por recibir financiamiento de agencias estadounidenses y ONG, por lo que pudieran ser procesados ahora con penas de cuatro hasta diez años de prisión.
“En un país donde los medios privados son ilegales y los periodistas no tienen la posibilidad de obtener financiamiento local, prohibir el financiamiento extranjero es una sentencia de muerte para el periodismo independiente”, reaccionó en febrero el Comité para la protección de los periodistas (CPJ).
Así el actual delito de “propaganda enemiga” pasa a ser “propaganda contra el orden constitucional”, mientras que los delitos contra el orden público incluirán la “difusión de noticias falsas o predicciones maliciosas con la finalidad de causar alarma, descontento o desinformación”, señalan los autores del Código.
Bertot considera además que la ley prevé “un número no despreciable de delitos de la pena de muerte como sanción, aun cuando se reconozca su carácter ‘excepcional’, va en dirección contraria a tendencias criminales en el propio continente americano que han apostado por su abolición”.
En las primeras décadas de la revolución cubana, “el paredón”, pena capital por fusilamiento, se aplicó frecuentemente con carácter disuasivo. Desde el 2000 se aplicó sin embargo una moratoria de hecho, que sólo se rompió en abril de 2003, con la ejecución de tres secuestradores de un bote con 50 pasajeros en la bahía de La Habana, intentando emigrar.
Fuente Ambito
