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Por Daniel Santoro
Los jueces propusieron cambiar leyes, coordinar operativos policiales y crear una “agencia especial”. El ministro de Justicia Martín Soria contestó diciendo que la reunión fue “un teatro, un grotesco, una caradurez”.
La inédita cumbre de jueces federales del jueves en Rosario propuso una serie de medidas contra el narcotráfico que van desde la derogación de algunas leyes, la creación de una “agencia federal” y la designación urgente de magistrados en tribunales vacantes de Santa Fe.
Y hasta ahora la respuesta del Gobierno fue insultarlos. El ministro de Justicia, Martín Soria, dijo que los jueces hicieron en Rosario “un teatro, un grotesco, una caradurez, para a mostrarse preocupados por todo lo que pasa en Santa Fe cuando, años atrás, no movieron un solo dedo”.
En cambio, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, participaron del encuentro y fueron receptivos de las iniciativas.
Pese a los exabruptos de Soria, los miembros de la Corte y los 120 jueces presentes saben que si no hay consenso con el gobierno nacional y el Congreso, las propuestas caerán en saco roto. Mientras Santa Fe ya tuvo, en lo que va del año 108 homicidios vinculados con el narcotráfico.
Luego del discurso del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, los demás panelistas de la conferencia organizada por la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) -que preside el juez Jorge Morán- debatieron e hicieron una serie de propuestas para tratar de frenar este flagelo.
En síntesis las propuestas serían, reveló a Clarín una fuente judicial: “intervención de los tres poderes del estado cooperando entre ellos en cada una de sus competencias en la lucha contra la narcocriminalidad”. En particular, definir “la urgente cobertura de vacantes de jueces y fiscales federales que alcanzan a un tercio de los juzgados de ese fuero en la provincia Santa Fe”.
La diputada del peronismo renovador y miembro del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño, precisó a Clarín que hay 13 juzgados vacantes: 3 están en trámite recién iniciado; 5 ternas las tiene hace meses el presidente Alberto Fernández para elegir un candidato y mandarlo al Senado; 3 están en trámite en la Magistratura y 2 las retiene el Senado que controla la vicepresidenta Cristina Kirchner.
AJUFE discute cómo abrir un diálogo con el Gobierno y el Congreso, soslayando a Soria, pero quiere antes tener un “diagnóstico preciso de la situación en cada región territorial”. Además, pide el “dictado de leyes que atiendan con urgencia la punición de las nuevas formas del narcotráfico”.
De la cumbre surgió también que hay que buscar una “dirección y concentración de la actividad de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales” para evitar duplicación de esfuerzos. En varios casos, la Gendarmería, por ejemplo, investiga tráfico de drogas y la policía santafesina a la misma banda pero por un asesinato. Este medida va de la mano de la “creación de una agencia federal” contra el narcotráfico que propuso Lorenzetti.
Lorenzetti sólo adelantó que se trataba de “una agencia” integrada por distintas áreas del Poder Ejecutivo, el Judicial, las provincias y los municipios y que “esté por afuera de las urgencias y con el propósito de encaminarse a una solución del narcotráfico”.
El juez de la Corte propondrá a los jueces un proyecto concreto en los próximos días, reveló una fuente tribunalicia.
Si bien todos pensaron en la DEA, también es cierto que la Policía Federal, tras el traspaso de las comisarías porteñas a la policía de la Ciudad, empezó a dedicarse más a la lucha contra el narco.
Los jueces también reclaman “capacitación permanente de magistrados funcionarios y empleados para enfrentar de la mejor manera la investigación y juzgamiento de este flagelo” y medidas de protección física para los investigadores.
El presidente de la Junta de Cámaras Nacionales y Federales, miembro de AJUFE y juez de la cámara de apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, resaltó la frase del discurso de Rosatti en el sentido de que “la cárcel no debe controlar la calle”.
“El advenimiento de los celulares en las cárceles por la pandemia ha generado esta situación. Creo que fue una decisión absolutamente equivocada”, explicó Leal de Ibarra a Dato sobre Dato de radio Milenium. Fue un “mensaje” para la interventora del Servicio Penitenciario Federal y miembro de “Justicia Legítima”, María Laura Garrigós.
Sobre la llamada ley de narcomenudeo, Leal de Ibarra recordó que “el espíritu de la ley es que las jurisdicciones provinciales ataquen al pequeño comercio de droga. En realidad, el pequeño kiosco puede llegar al gran narcotraficante. ¿Quién discrimina que es poca droga o mucha droga? Yo propuse que se revea esa legislación para mejorarla o en todo caso para derogarla“.
Pero la primera reacción del gobierno ante la cumbre no fue positiva. Sobre las declaraciones de Soria, Leal de Ibarra contestó: “No fue un teatro. Fue un evento donde aquellos que todos los días estamos trabajando en materia de narcocriminalidad nos reunimos para intercambiar ideas y ver la manera de que esta situación se termine. Discrepo en forma respetuosa con el Ministro“.
En su discurso Rosatti tocó otro punto sensible: llamó a dar una “batalla cultural y educativa” en pos de “la cultura del trabajo, el respeto al prójimo y la inclusión social” como parte de esa pelea contra el narco. Aludió así a la necesidad de que haya más campañas de campañas de prevención para frenar el número de adictos. Se estima que en la Argentina hay más de 1,5 millones de personas que consumen marihuana y la mitad, cocaína. Es decir, un negocio multimillonario.
Además, de propuestas Rosatti anunció “la instalación de un salón multimedia con la última tecnología” en la Justicia Federal de Rosario, el segundo en el país además del que existe en Casación.
A su turno, Lorenzetti, quien participa de la Comisión de Narcotráfico del tribunal, afirmó que el país lleva “más de una década sin políticas de Estado” en esa materia y que “el problema central es que cada uno mira o resuelve una parte, y nunca logramos entender el todo”.
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió al cruce de las declaraciones de Lorenzetti y afirmó que en Rosario “actualmente hay 3.449 agentes de seguridad: 708 pertenecientes a Prefectura; 146 a la Policía de Seguridad Aeroportuaria; 2.357 a la Gendarmería y 238 a la Policía Federal”. Pero por el aumento de los crímenes, se ve que no alcanza esa cantidad de efectivos federales.
A su vez, el vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda, recordó que “hace 43 años” no se crean juzgados ni fiscalías en Rosario, cuando “de hecho ni existía el narcotráfico, por lo menos como lo conocemos hoy”. Es cierto, se necesitan más tribunales, pero el proyecto que aprobó el Senado hace dos años y que solo fue “una feria turca” para repartir cargos con los gobernadores sin referencias al mapa judicial que maneja la Corte, advirtió Camaño.
Pineda reclamó al Congreso la inmediata aplicación en Santa Fe del sistema acusatorio del nuevo código penal procesal que delega la investigación en los fiscales, que hoy solo funciona en las provincias de Salta y Jujuy.
Pero no todo fue coincidencias en Rosario. El fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario, Luis Schiappa Pietra, afirmó que los integrantes del Ministerio Público de la provincia quedaron afuera de la cumbre del Poder Judicial federal.
“Nosotros no fuimos convocados al encuentro aunque estaba presente el fiscal General de la provincia Jorge Baclini”, afirmó el fiscal. De paso ratificó que pedirá al Consejo de la Magistratura de la Nación que evalúe el comportamiento que tuvo un juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, en una investigación que tenía como protagonista al líder narco Esteban Alvarado.
Fuente Clarín
