Y añadió: “Se penalizan las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones”.
Según Ferro, esa ley también protege los intereses “individuales de las personas como garantía de la estabilidad de la nación, la seguridad jurídica y la tranquilidad ciudadana”, informó la agencia de noticias AFP.
El 11 y el 12 de julio de 2021 miles de personas protagonizaron en 50 ciudades las mayores protestas contra el gobierno del Partido Comunista en 60 años, que dejaron un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos.
En aquel momento, el presidente Miguel Díaz-Canel había afirmado que no iba a permitir a “ningún contrarrevolucionario, ningún mercenario, ningún vendido al gobierno de EE.UU” que se dejara llevar por “estrategias de subversión ideológica” para “desestabilizar” el país.
El nuevo Código sustituye al de 1997 y complementa a la Constitución de 2019, junto a la Ley de Amparo de derechos constitucionales y el Código de Ejecución Penal, que serán sometidos a votación en esta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, iniciada el viernes y que se extenderá hasta mañana.
Entre sus aspectos novedosos están “su aplicación a infracciones y actos ilícitos que afectan el espectro radio eléctrico, el medio ambiente y el patrimonio natural”, según Ferro.
La nueva ley mantiene la pena de muerte “con carácter excepcional”, en 23 delitos, y la suprime en cuatro respecto al código anterior.
Se aplicará básicamente “en delitos contra la seguridad del Estado, terrorismo, tráfico internacional de drogas y asesinato”, dijo el fiscal.
Se mantiene la exigencia de responsabilidad penal a partir de los 16 años de edad y contempla “múltiples previsiones para el tratamiento diferenciado a los comprendidos entre los 16 y 18”, con lo cual “se cumple estrictamente la convención de los derechos del niño”, dijo el fiscal.
En el texto se introducen como nuevas sanciones la reclusión domiciliaria y el servicio en beneficio de la comunidad y se suprimen las medidas de seguridad predelictiva, rechazadas por muchos sectores de la sociedad.
Fuente Ambito
