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Detrás de eso hay un “divorcio” entre la justicia y el saturado sistema penitenciario que abona al rastro de sangre de la violencia carcelaria en Ecuador, donde cerca de 400 presos han muerto en poco más de un año, dicen expertos.
La última matanza se consumó la madrugada del lunes en la cárcel de Bellavista en Santo Domingo (a unos 80 km de Quito), donde 44 presos fueron asesinados a puñaladas en sus celdas. Fue la sexta desde febrero de 2021.
¿El detonante? El criticado traslado de un dirigente de la banda R7 desde una cárcel de alta seguridad gracias a una orden de un juez.
R7 es rival de Los Lobos, otra banda ligada al narcotráfico, según las autoridades, que sospechan que la presencia del cabecilla desató el amotinamiento.
“Este tipo de traslados son los que perjudican la gobernanza de los centros carcelarios” porque se hacen sin el “aval de los informes” del organismo encargado de administrar las prisiones SNAI, dijo su titular, Pablo Ramírez.
No es el único caso. Según el SNAI, en el último mes 224 reos de la cárcel de El Turi -donde en abril otra masacre dejó 20 muertos- fueron trasladados por orden judicial a otras prisiones con pocas condiciones para recibirlos. La mayoría fue a Bellavista, que terminó por saturarse.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, acusa a la justicia en algunos casos de “una discrecionalidad que hoy ya pone en riesgo la seguridad de muchas personas”.
Una corte de la provincia de Azuay, donde está El Turi, acusó en cambio al servicio penitenciario de ser “el único responsable de la crisis carcelaria”.
Mientras las acusaciones van de un lado a otro, la sangre se extiende dentro y fuera de las cárceles de Ecuador.
Por muchos años a salvo de la violencia de sus vecinos Colombia y Perú -los dos mayores productores mundiales de cocaína-, Ecuador cerró el año pasado con una tasa de 14 asesinatos por cada 100.000 personas, casi el doble que en 2020.
El narcotráfico ha crecido a la par y el gobierno decretó un estado de excepción hasta finales de junio en tres provincias del oeste, Guayas, Manabí y Esmeraldas, las más golpeadas por el tráfico de drogas.
Y las autoridades atribuyen las muertes tras las rejas a la lucha desenfrenada entre bandas por el control de la venta de droga.
Pero expertos también apuntan a problemas en el Estado.
Entre el sistema judicial y el penitenciario “hay un divorcio porque si no, no ocurrirían este tipo de cosas”, comentó a la AFP Alfredo Narváez, vocero de la comisión de pacificación de las cárceles que creó el gobierno del presidente Guillermo Lasso.
Los críticos denuncian excesos judiciales como en el caso del cabecilla de R7: en Bellavista la seguridad no era adecuada y hay sobrepoblación de reos.
Pero denuncian también un uso exagerado de la prisión preventiva, así como demoras de las cortes para extender beneficios penitenciarios y boletas de excarcelación, creando “hacinamiento y un problema a la administración penitenciaria”, dijo Narváez.
Entre las medidas para descongestionar las prisiones, el gobierno de Guillermo Lasso tiene un plan para indultar a unos 5.000 presos este año.
Unas 39.000 personas permanecen en las 65 cárceles de Ecuador, 30% por encima de la capacidad. Del total, 15.000 están sin sentencia.
En un intento por frenar las matanzas, de las peores en Latinoamérica, el gobierno también ha promovido la reubicación de reclusos.
Tras la matanza en Santo Domingo, ordenó trasladar a seis reos a dos cárceles de máxima seguridad.
Pero esos son igualmente polémicos.
Para Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), los traslados de presos crean “vacíos de poder” en los centros penitenciarios, que a su vez derivan en luchas por el liderazgo y “es ahí donde se produce la violencia”.
Bellavista, una cárcel relativamente pequeña, no había sido hasta ahora escenario de matanzas. Lo ocurrido el lunes fue una “carnicería”, dijo desconsolada la hermana de uno de los reos.
Las masacres se habían concentrado en el pasado en grandes complejos penitenciarios de las provincias de Guayas, Azuay y Cotopaxi.
“Las bandas penitenciarias han entendido que la violencia es su modus operandi para poder revertir esta pretensión del Estado de mantener el control”, comentó Pontón.
Y demostrar “quién manda a quién”, apuntó.
Fuente Ambito
