Así se refirió Martini al recurso de apelación presentado por la defensa técnica de la médica Lucía Miranda Ruiz, que se desempeña en el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, contra la resolución que no hizo lugar al pedido de sobreseimiento.
“Lo que se trae a consideración es si los hechos investigados se adecuan o no al ordenamiento jurídico penal; es decir, ante todo, una cuestión fáctica y de prueba que impone examinar los elementos de convicción agregados a la causa y las medidas que, eventualmente, podrían restar por producirse”, dice la resolución judicial.
En este sentido, el magistrado recordó que el sobreseimiento es una decisión “que cierra definitiva e irrevocablemente la causa a favor de quien se dicta, por eso, en principio presupone un estado de convicción asimilable a la certeza absoluta, cualquiera sea la causa que se estime como concurrente para disponerlo”.
Por ello, el auto de sobreseimiento procede si se ha alcanzado certeza sobre la falta de responsabilidad del imputado y ello surge de las diligencias producidas, sostuvo el juez.
En base a esto, consideró en esta instancia prematuro el dictado de sobreseimiento, pues esto “requiere un estado de convicción asimilable a la certeza absoluta sobre la procedencia de las causales que lo autorizan, lo que, al presente, no se encuentra acreditado”.
De esta manera, Martini resolvió no hacer lugar al recurso de apelación.
A la vez, acordó darles intervención en el incidente de apelación, como Amicus Curiae -amigos del tribunal- a la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a la Asociación Civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), acompañadas por las organizaciones “La revuelta colectiva feminista” y “La red de acompañantes en derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos”.
Marcha
El viernes pasado, en el marco de un pañuelazo, organizaciones feministas y de derechos humanos volvieron a pedir por el sobreseimiento de Ruiz.
“Estamos acá porque es la primera vez que la causa de Miranda Ruiz sale de Tartagal para ser evaluada en el Tribunal de Impugnación de Salta, lo cual nos da esperanzas y nos genera expectativas ante la posibilidad de que haya una respuesta diferente”, expresó en esa oportunidad a Télam la abogada Rocío García Gallo, coordinadora del Área Legal de CDD.
Las abogadas de Fundeps, CDD y CELS forman parte de las diversas organizaciones y organismos que se presentaron en la causa como amicus curiae, entre ellos el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
Ruiz se desempeña como médica residente del Hospital de Tartagal, que está 365 kilómetros al norte de la capital salteña, y brinda asistencia a las consultas sobre anticoncepción y planificación familiar.
Fue imputada por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega, por el delito de “aborto sin consentimiento”.
Del decreto de imputación surge que la médica habría intervenido en el procedimiento de interrupción voluntaria de un embarazo de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años, “sin su consentimiento, ya que previamente habría manifestado su arrepentimiento”.
La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la gestante.
Ruiz, que estuvo detenida durante algunas horas, en septiembre pasado, luego de ser imputada, aseguró que ella no puede “obligar a nadie a abortar”, y destacó que, como médica residente, no actúa sola en casos como este, sino con el aval de la institución.
Los dos pedidos de sobreseimiento fueron rechazados por el juez de Garantías de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, por lo que la defensa jurídica de la profesional presentó la apelación correspondiente, que Martini rechazó.
Fuente Ambito
