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Las políticas de vivienda, sobre todo las destinadas a las familias vulnerables, a los jóvenes y al medio rural, serán uno de los principales ejes de actuación de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en los próximos años. Su titular, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió ayer en las Cortes autonómicas, durante casi dos horas, su programa para la actual Legislatura y, en esta pormenorizada exposición, se detuvo especialmente en el «impulso del parque residencial público y privado». En este sentido, aseguró que «vamos a mejorar las condiciones de las ayudas al alquiler cuando sus destinatarios sean los jóvenes». Así, alcanzarán hasta el 60% de la renta anual con independencia de cuál sea el municipio de empadronamiento, y se elevarán hasta el 75% cuando los jóvenes residan en municipios de menos de 10.000 habitantes. Además, las ayudas ordinarias al alquiler se incrementarán un diez por ciento de forma que la renta subvencionada para todos los beneficiarios que cubren los requisitos llegará al 50 por ciento. Suárez-Quiñones anunció como novedad el fomento de la promoción de vivienda protegida en el modelo ‘cohousing’ para jóvenes de hasta 35 años y para alquiler. Se trata de pisos en áreas urbanas con una superficie de 60 metros cuadrados que comparten elementos comunes, como la lavandería, para facilitar la autonomía de quienes logran un primer empleo. El objetivo es construir hasta 2026 un total de 1.295 viviendas en doce promociones distintas con una inversión de 115 millones de euros. Promoción pública
Por lo que se refiere a la compra, el titular de Medio Ambiente planteó la reducción de un 20 por ciento del precio de compra en las edificaciones públicas, preferentemente para jóvenes hasta de 35 años y que quieran residir en municipios del medio rural. «Nuestro objetivo es incentivar el asentamiento de familias jóvenes en los pueblos». En materia medioambiental, Quiñones anunció la tramitación, ya en marcha, de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En este punto, su deseo se encontró con la posterior oposición del procurador de Vox, su socio de Gobierno en la Junta, José Antonio Palomo Martín, quien advirtió de que su grupo no apoyará esa iniciativa legislativa. Es más, habló de «ecologismo de corte totalitario» y frente a «la religión climática», planteó «el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza». En el capítulo de promesas, Suárez-Quiñones aseguró que la depuración será otro de los objetivos de la legislatura, con la previsión de destinar 248 millones de euros para depurar el cien por cien de los vertidos. Otro de los anuncios es la instalación de 140 kilómetros de nuevas redes de calor, que abastecerán a 30.000 viviendas y 350 edificios públicos, que consumirán 170.000 toneladas de biomasa. Y más previsiones: la restauración de 2.500 escombreras y una inversión de 21 millones de euros con el objetivo de conseguir que Castilla y León sea la primera comunidad con el objetivo de «cero escombreras en suelo público». En el apartado de la lucha contra incendios, se instalarán dos nuevas redes de cámaras de vigilancia de incendios forestales en el sur de las provincias de Salamanca y Ávila (ya hay en León y Zamora) y se reforzará la formación del personal «como instrumento para incrementar su seguridad». Además, se renovará en esta legislatura la flota de vehículos del operativo de lucha contra incendios forestales.
Fuente ABC
