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Aunque en marzo se archivaron todas las investigaciones judiciales contra el exmonarca de 84 años, las numerosas revelaciones sobre el origen poco claro de su fortuna dañaron seriamente su imagen y la de la monarquía en España, apreciada hasta entonces por su papel en la transición a la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
Si bien el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, mantuvo discreción sobre el regreso, se opuso a que Juan Carlos I pernoctara en el palacio de la Zarzuela de Madrid, por ser una residencia oficial, y finalmente dormirá en casa de un amigo en Sanxenxo.
El socio minoritario de la coalición de Gobierno, el partido de izquierda Podemos, lamentó en un mensaje en Twitter que “la monarquía es una institución diseñada para delinquir” y “la Justicia no es igual para todos”.
La oposición conservadora, en tanto, defendió el viaje.
“El rey emérito no tiene causas pendientes en su país y tiene todo el derecho a visitar o a regresar a España”, dijo el martes el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.
El diario El País sostuvo por su parte, en su editorial de hoy, que “no hay ya razón legal o jurídica alguna que impida al rey emérito viajar a España, pero existe un reguero de razones de carácter ético que explican el revuelo que ha causado la noticia”.
La Corona española se vio salpicada en los últimos años por varios escándalos.
A las revelaciones sobre la fortuna de Juan Carlos I se les unieron otros asuntos, entre ellos un viaje a cazar elefantes a África con su amante Corinna Larsen en 2012, en plena crisis económica, que fue descubierto por un accidente y por el que pidió perdón.
Además, su yerno, Iñaki Urdangarín, fue condenado en 2017 a 6 años de cárcel por los negocios ilegales que hizo al frente de la fundación que encabezaba, en un juicio en el que también se sentó en el banquillo de los acusados su hija, la infanta Cristina, finalmente condenada a pagar una multa.
La más importante de las tres investigaciones abiertas por la fiscalía a Juan Carlos I buscaba determinar si cobró comisiones por la adjudicación a dos empresas españolas de un contrato para la construcción de un tren de alta velocidad entre La Meca y Medina, en Arabia Saudita, en 2011.
Una transferencia en 2008 de 100 millones de dólares por parte del rey de Arabia Saudita a una cuenta suiza de la cual era beneficiario despertó las sospechas, pero la fiscalía concluyó que se trató de “un regalo”.
En 2014, Juan Carlos abdicó en su hijo, y justificó su exilio en Abu Dabi en la necesidad de “facilitar” el trabajo a Felipe VI.
El rey trató en los últimos tiempos de marcar distancias con su padre y en marzo de 2020 renunció a su herencia y le retiró su asignación anual de casi 200.000 euros.
Más recientemente, a finales de abril, puso en marcha, con el Gobierno de Sánchez, una operación de “transparencia” en la Casa Real, que ahora deberá auditar sus cuentas, hacer públicos sus contratos y hacer un inventario de los regalos recibidos.
Fuente Ambito
