Argentina
España
USA
Israel
La Cámara de Cuentas de Aragón ha puesto en tela de juicio dos contratos de vacunas contra la meningitis y el neumococo, por los que el Gobierno regional del Javier Lambán pagó 3,2 millones de euros. En sus expedientes se han detectado anomalías que, como mínimo, evidencian un grave descontrol por parte de la Administración autonómica. La más destacada, la ausencia de los preceptivos albaranes de recepción del suministro, documento imprescindible para poder acreditar que el contrato se ha cumplido en las condiciones acordadas y que el dinero abonado es el correcto. Los auditores que han inspeccionado esos expedientes reclamaron los albaranes, los esperaron durante meses, pero el Gobierno socialcomunista que preside Lambán no los ha aportado. Ni siquiera ha presentado alegaciones, una explicación siquiera para intentar descargarse de responsabilidad. Así que los auditores han tenido que anotar esa grave incidencia en su informe de fiscalización. Estas irregularidades se suman al las mascarillas ‘fantasma’ que destapó ABC el pasado 30 de abril, los 244.570 euros que pagó el Gobierno de Lambán hace dos años por un cargamento de guantes y mascarillas que tampoco ha acreditado que llegaran. No constan ni los albaranes oficiales de entrega ni las facturas regladas, pero sí el pago por adelantado a una empresa a la que el propio Ejecutivo regional reconoce que le perdió el rastro poco después de abonarle ese cuarto de millón de euros, un abono que desaprobó la Intervención de fondos. Pese al informe en contra del interventor, Lambán le dio carpetazo al asunto a través de un acuerdo político en el que implicó a todo su Ejecutivo de coalición: 21 meses después de haber pagado, el Consejo de Gobierno que preside Lambán dio por bueno el expediente. Fue un acuerdo colegiado en el que participaron los cuatro partidos que forman la actual coalición de gobierno que preside Lambán: el PSOE, Podemos, los soberanistas de la Chunta y el PAR. El caso de las mascarillas ‘fantasma’ fue detectado por los auditores de la Cámara de Cuentas en el mismo trabajo de inspección en el que han sacado a la luz irregularidades en esos dos contratos de vacunas, que costaron 3,2 millones de euros. Tampoco aparecen los albaranes de entrega, pero sí las facturas. Y, pese a que los auditores han advertido que no han podido comprobar que esas vacunas se entregaron, no ha aparecido ningún informe en contra de la Intervención de fondos. Todo apunta a que el interventor al que le tocó velar por la legalidad no puso reparo alguno, pese a que los albaranes son esenciales para poder autorizar el pago. De hecho, su ausencia fue lo que llevó a otro interventor a desaprobar el abono de las mascarillas ‘fantasma’. Tres consejeras socialistas
Hay que tener en cuenta que el responsable de Intervención en el caso de las mascarillas ‘fantasma’ no es el mismo que en el de los contratos de vacunas que están en entredicho. Del primero se encargó el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que depende de la consejera de Derechos Sociales, la socialista Mariví Broto. Esas compras de vacunas, por su parte, fueron gestionadas por la Consejería de Sanidad, dirigida también por el PSOE. Y cada uno de esos órganos cuenta con interventores diferentes.Estos otros dos contratos, por los que se pagaron 3,2 millones de euros, eran de vacunas contra la meningitis y el neumococo ABC ha tenido acceso a los dos contratos de vacunas salpicados por irregularidades administrativas. Los dos fueron adjudicados directamente, sin competencia efectiva. Ambos recayeron en la empresa Pfizer. El primero, en abril de 2020. El segundo apenas cuatro meses después, en abril. Los dos fueron adjudicados por la Consejería de Sanidad. El primero de ellos lleva la firma de las socialista Pilar Ventura, que tuvo que dimitir unas semanas después por indignar a los sanitarios con unas declaraciones en las que consideraba un acicate para los sanitarios tener que improvisar equipos caseros de protección frente al Covid, ante el desabastecimiento que sufrían. Meses después de esas dos adjudicaciones, Pfizer se convirtió en uno de los productores y suministradores de referencia de vacunas contra el coronavirus. Pero esos contratos sobre los que ha advertido la Cámara de Cuentas no eran de vacunas contra el Covid, sino contra otras patologías. En concreto, el que firmó en abril Pilar Ventura consistió en la compra de 60.000 dosis de la ‘vacuna frente a meningococo ACWY’, por un precio total de 1.962.480 euros, impuestos incluidos. El segundo contrato lo rubricó la sucesora de Pilar Ventura, la también socialista Sira Repollés, que sigue estando al frente de la Consejería aragonesa de Sanidad. Lo firmó el 7 de septiembre de 2020 para comprar 28.000 dosis de la vacuna antineumocócica por 1.247.792 euros, IVA incluido. Descontrol
Los albaranes son esenciales para dar luz verde al pago de las facturas correspondientes. Son prueba de entrega del suministro contratado, imprescindible para certificar la recepción del material. Constituyen, por tanto, un documento elemental en todo expediente administrativo de compra. Pero es que, además, en uno de estos contratos incluso se puso especial hincapié en incidir en ese requisito. Esto hace todavía más sorprendente que el Gobierno de Aragón no haya facilitado albarán alguno a la Cámara de Cuentas, «lo que impide asegurar el importe real de las dosis entregadas y si estas son coincidentes con las recogidas en las facturas existentes», advierten los auditores. Pero no son las únicas irregularidades detectadas. En el contrato de la vacuna antineumocócica, la Cámara de Cuentas ha detectado también que se tramitó de forma anómala. Se adjudicó por procedimiento negociado sin publicidad, lo que obliga a negociar las condiciones, que haya un cierto tira y afloja con el que la Administración logre mejorar la oferta. Pero la realidad es que el Gobierno de Lambán se limitó a aceptar las condiciones del proveedor, sin más. «No presenta ninguna baja, ni incluye dosis gratuitas, ni reposición gratuita (…) Todo ello pone de manifiesto que no ha existido proceso de negociación alguno entre la Administración y el licitador», indican los auditores. En el otro contrato, el de las vacunas frente al meningococo, el Gobierno aragonés pactó que el licitador le regalaría 3.000 dosis, lo que sirvió para engordarle la puntuación. Sin embargo, «no consta documentación acreditativa de que se haya realizado dicha entrega de dosis gratuitas», advierten los auditores.
Fuente ABC
