Un 10% de la obra pública podría quedar desierta por la inflación

Sólo en lo que se refiere a las obras públicas certificadas y ejecutadas por la administración autonómica en 2021 –que alcanzó una inversión de en torno a los 600 millones de euros–, el sector de la construcción estima que asumió un sobrecoste de 120 millones. Así lo ha apuntado el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, quien ha denunciado como, en un «buen» año en cuanto a licitación, la inflación llevó a las empresas a entrar «en pérdidas» por tener que asumir unas actuaciones con un valor un 20 por ciento superior al que figuraba en el contrato, firmado antes de que la crisis energética, la guerra de Ucrania o la escasez de materiales irrumpieran en el mercado. Ante esa situación, cada vez son más las convocatorias que se están quedando desiertas sin que ninguna compañía quiera pujar por realizar unas actuaciones que temen no poder sufragar en un panorama que continúa en escalada. Desde la Cámara de Contratistas claman por la actualización de precios en las nuevas licitaciones, ya que calculan que al menos un diez por ciento se van a quedar desiertas. De momento, en los tres primeros meses de 2022, medio centenar de convocatorias llegaron a este desenlace, un 7,41 por ciento del total de procesos abiertos, con especial incidencia en los de la administración estatal. Cinco de seis no encontraron postor, mientras que en las sacadas por la Junta acabaron así el 77 por ciento, mientras que en la local fue de un tercio. Antes de la pandemia, estos casos se daban en menos de un uno por ciento de los concursos. Respecto a las actuaciones que ya están en ejecución, el sector pide una mayor cobertura de los sobrecostes. Asumiendo que, aunque «quieran», las administraciones «tienen difícil» la «compensación» porque deben cumplir la ley y los presupuestos firmados, entienden que existen herramientas para hacerlo como el Real Decreto aprobado por el Gobierno y al que se ha adherido la Comunidad para la revisión de los precios. Si bien ha valorado el mismo, Pascual ha denunciado que es «insuficiente» ya que se limita a ciertos materiales y margina al que cree que es el «principal elemento del alza», la energía. Así, volviendo a ese extra de 120 millones de desembolso que estima que han asumido las empresas con contratos ejecutados con las administración autonómica en 2021, sólo 48 serán susceptibles de ser abonados. En esta línea, ha insistido en que tanto en obras en ejecución como en las planificaciones futuras se tenga en cuenta el alza de los precios de las obras  para que no «se arruinen» las empresas en unos momentos en los el volumen de trabajo es «adecuado» y representa un buen punto de partida. En 2021 la licitación subió en un 53 por ciento, con actuaciones por valor de 1.376 millones de euros y se ejecutó un 78 por ciento del mismo, con un grado de cumplimiento «excepcionalmente alto» –generalmente ronda el cuarenta por ciento– tras un 2020 marcado por el parón del Covid en el que no se alcanzaron los 900 millones. Se estima que esa tendencia continúe en 2022, cuando los contratistas calculan que se licitarán 1.462 millones de euros, de los que 580 corresponderían al Estado; 482, a la Comunidad, y 400, a entidades locales. Para su ejecución y para la carga de trabajo que pueda llegar a través de los fondos europeos insistió en la necesidad de mano de obra en la construcción y de una mayor incorporación de la mujer, que sólo copa un 8% de los puestos en el sector.
Fuente ABC