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El Gobierno intentó ayer disipar las sospechas y malestar de algunas asociaciones de víctimas y miembros de las fuerzas seguridad por su fracaso ante la Justicia europea para evitar que una sentencia a favor de un preso de ETA se convierta en una nueva doctrina de la que ya se están beneficiando otros etarras. Y lo hizo filtrando a una agencia de noticias los escritos y recursos que la Abogacía del Estado ha presentado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para que no diera la razón al etarra Xabier Atristain, lo que obliga a España a anular la condena a 17 años de cárcel que le impuso en 2013 y a indemnizarle con 20.000 euros. Desde que la Abogacía del Estado presentó el 13 de abril su último recurso contra ese fallo europeo, ABC ha solicitado reiteradamente al Ministerio de Justicia ese documento o, al menos, referencias de la jurisprudencia utilizada para rebatir a Atristain. Pero se ha negado una y otra vez. Incluso después de que colectivos de víctimas como Dignidad y Justicia mostraran su «gran preocupación» ante la posibilidad de que el Gobierno hubiera utilizado poca jurisprudencia europea para defenderse, apenas un par de ejemplos, y además del siglo pasado, como informaba ABC este viernes. Al día siguiente y a través de Ep, ayer sábado se conocieron algunos detalles de esos documentos, aunque la mayoría de ellos tan obvios como insuficientes. El resumen es que la Abogacía del Estado insistió al TEDH en que, de fallar a favor de Atristain –como ha hecho–, esa nueva doctrina europea pondría en peligro la lucha antiterrorista y afectaría a otras causas judiciales. De hecho, la Audiencia Nacional ya ha absuelto a otros dos etarras aplicando esa misma doctrina y una exjefa de ETA ya la ha utilizado para recurrir su condena de 24,5 años de cárcel ante el Tribunal Supremo. Los recursos del Gobierno también insistían en que, gracias a la detención incomunicada de Atristain por la que el TEDH condena a España, se evitaron atentados. Ya se sabía
Ambos argumentos ya se daban por descontados, como explicó este periódico en sendas informaciones la semana pasada. La primera, sobre el breve informe con el que el Gobierno resumió a la Asociación Víctimas del Terrorismo ese último recurso, pero sin facilitárselo, justo antes de que el TEDH ni siquiera lo admitiera. Por ese informe ya se sabía que el Gobierno era consciente de la gravedad de este precedente. Y ABC detallaba también hace una semana que la Guardia Civil evitó varios atentados por la gran cantidad de explosivos y planes para asesinar que encontró en casa de Atristain tras interrogarle. Lo que sigue ocultando el Gobierno es con qué y cuánta jurisprudencia europea defendió España su postura. La única que se conoce por el fallo del propio TEDH son dos ejemplos de 1979 y 1992. No parece mucha ni muy actualizada. Y, visto el resultado, desde luego no ha sido suficiente.
Fuente ABC
