Peligro. Denuncian graves problemas de seguridad en el centro atómico que queda sobre la General Paz

Por Diego Cabot

En medio de polémicos nombramientos en la Conea, el organismo que administra la planta de experimentación, un expediente muestra las deficiencias en la red para combatir incendios

iles de personas pasan a diario por el Centro Atómico Constituyentes, uno de los tres que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica CNEA). Sin embargo, pocos conocen que en la transitada esquina de la Avenida Constituyentes y General Paz, en el límite mismo de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, prácticamente en silencio, se esconde un peligro latente.

El tránsito no se detiene nunca en ese lugar que sólo se referencia por el cilíndrico gasómetro, el ícono de la zona. “El tanque de gas”, como se lo conoce, está sin uso y hoy pertenece a la distribuidora de gas provincial, Naturgy. Sin embargo, detrás de esa mojón de mirada obligatoria hay 8 hectáreas y 50 edificios en los que se emplazan diferentes instalaciones desde oficinas administrativas hasta laboratorios químicos, de radiobiología, carpintería, depósitos de material nuclear, una fábrica de combustibles nucleares y un reactor de investigación.

Ese lugar, donde el material radiactivo se utiliza a diario, la seguridad convencional está maltrecha. Un informe interno, que circuló por los despachos de los directivos y hasta llegó al secretario de Energía, Darío Martínez, da cuenta de que en caso de producirse un incendio, la red preparada para combatirlo no podría utilizarse ya que elementos imprescindibles, como mangueras o picos, han sido robados. Y pese a las advertencias, nadie las ha repuesto.

Según un documento que se disparó un día después de un informe sobre la seguridad del lugar televisado en LN+, denominado “Estado de la seguridad, protección física y medio ambiente”, tal como contó el informe, en Constituyentes hay instalaciones que procesan productos radioactivos, otras que generan radiaciones ionizantes mediante aceleradores, depósitos de materiales radioactivos y por último un reactor de investigación y estudio. “En todas estas instalaciones se trabaja aplicando estrictas normas de seguridad, y bajo el monitoreo constante de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)”.

Javier Rodríguez Zulato era Jefe de Seguridad y medio ambiente de la planta. Acaba de pedir licencia a su cargo. “El riesgo cero no existe y quiero ser respetuoso con las palabras. El personal técnico que trabaja acá es impecable, pero uno de los temas por los que me fui, fueron varios, fue la seguridad. Este lugar no es seguro; yo no lo siento seguro”.

La directora de la CNEA, Adriana Serquis, no anduvo con vueltas a la hora de explicar. Utilizó una fórmula conocida: la gestión Macri y la pandemia. “En lo atinente a la seguridad convencional, el Centro Atómico Constituyentes se encuentra abocado a un plan de recuperación de la infraestructura específica asociada a la seguridad, debido a que durante la gestión anterior (2016-2019) la misma se fue deteriorando sistemáticamente producto del desfinanciamiento provocado en todas las áreas de ciencia y tecnología, y particularmente en el sector nuclear. A esto último vale agregar que no podemos perder de vista la situación global producida a partir del mes de marzo del año 2020 como consecuencia del Sars2-Covid19″.

En el uso pacífico de la energía nuclear, la Argentina tiene reconocimiento mundial. Pero, en ese territorio del partido bonaerense de San Martín, ya se escribió la única página negra en la historia nuclear argentina. En 1983 un accidente se llevó la vida del operario. Casi 30 años después de aquel siniestro, la seguridad del lugar se ha convertido en un tema controversial.

La historia del centro Atómico Constituyentes se remonta a la década del 50. Pero hay un mojón en ese camino. El 23 de septiembre de 1983 un reactor de investigación que funcionaba con combustible de uranio altamente enriquecido fue sacudido por un aumento repentino e incontrolado de energía. El operador del reactor murió por exposición a la radiación.

La noticia no salió inmediatamente en los medios locales. Por entonces, la dictadura militar prefirió mantenerlo en secreto. Unos días más tarde, cuando fue informado a la Agencia Internacional de Energía Atómica, el diario The Washington Post publicó la noticia. Los gobiernos de Estados Unidos y Francia ya estaban al tanto de la novedad. Entonces se supo que, de acuerdo a los reportes técnicos, no se había liberado radiación de la instalación.

“El pequeño reactor, en Buenos Aires, sufrió un accidente de pronta criticidad, en el que en una milésima de segundo comenzó el tipo de reacción de fisión que ocurre al inicio de una explosión nuclear”, consignó la crónica.

La única víctima de radiación de la Argentina se llamaba Osvaldo Rogulich. Fue él quien, aquel viernes a la tarde, recibió el resplandor azul que se convirtió en letal. Según una crónica que escribió Santiago Albizzatti, “Las inmediaciones del Centro Atómico Constituyentes no eran un ejemplo de disciplina y seguridad. Según testigos y ex trabajadores del sitio, el sistema de vacío se atoraba, lo que provocaba que los operadores deban entrar a la zona del reactor para sacudir los caños con un escobillón mientras eran irradiados. Lo mismo ocurría con las ventanas de seguridad, que debían estar llenas de agua para detener la radiación, pero al estar torcidas muchas de ellas permanecían a medio llenar. Las fugas de neutrones térmicos eran tantas que a uno de los operadores debieron secuestrarle su anillo de casamiento y enterrarlo en el cementerio atómico de Ezeiza porque había quedado radioactivo”.

El mismo Albizzatti ejemplifica: una radiografía dispara 0,04 rads sobre el cuerpo humano, lo suficiente como para prohibirle a las embarazadas llevar adelante la práctica; en 70 milisegundos, Rogulich recibió unos 2000 rads de radiación gamma y unos 1700 rads de neutrones.

Treinta horas después, Rogulich tuvo vómitos, ansiedad, desórdenes neurológicos y lesiones vasculares. Convulsionó, tuvo tres paros cardíacos y, finalmente, a 48 horas y 25 minutos del accidente, murió.

Hoy, ese lugar de cuidado está en manos del más puro kirchnerismo. En la actual gestión se reemplazaron gran parte de los funcionarios técnicos por otros más cercanos a la política.

Desde que Rodríguez Zulato dio su testimonio, su realidad profesional cambió. “Me gustaría aclarar, ante ataques que he sufrido estos días luego de la difusión de la nota, que mí postura es totalmente a favor de la energía nuclear. Es porque estoy a favor que estoy convencido que no podemos tener un centro atómico con una red de incendio inadecuada -dijo el Jefe de Seguridad, ahora en uso de licencia-. Lo considero gravísimo. También quiero expresar que el personal técnico de la CNEA y específicamente del CAC, es de excelencia y que las instalaciones radiológicas están en buenas condiciones de seguridad. El problema es el resto del Centro Atómico, que al momento de enviar nota a la directora Adriana Serquis y al secretario Darío Martínez tenía su red de incendio prácticamente fuera de funcionamiento productos de hurtos ocurridos fundamentalmente en el período agosto-septiembre 2021 y que las autoridades, a sabiendas, no hicieron absolutamente nada para detener. Jamás hablé de catástrofe nuclear. Lo que dije y sostengo es que, en estas condiciones, de haber un incendio podría propagarse fácilmente a instalaciones radiológicas y las consecuencias serían difíciles de prever, y creo que con la desidia en referencia que tiene para con la seguridad está administración, si no se cambia la política de seguridad, el pronóstico no es bueno”.

¿Qué sucede hoy con la seguridad en el lugar? “De haber un incendio o un cortocircuito, parte convencional de la seguridad no está acorde. No lo he dicho yo, sino también los bomberos que explicaron que si hubiese un incendio, gran parte del Centro Atómico no podría ser extinguido”, agregó.

Serquis también le contestó justamente esa pregunta al secretario de Energía, Darío Martínez, mediante aquella carta con la que, a su vez, dieron por contestada la inquietud de LA NACION: “En el hipotético caso de un accidentado radiológico, el servicio médico realizará a la brevedad la asistencia y derivará al mismo para su atención adecuada y se le suministrará la medicación en caso de ser necesario”.

Desde hace unos meses, un expediente pasa de escritorio en escritorio. “En el mes de noviembre de 2021 se realizó un relevamiento de los gabinetes de la red contra incendios ubicados en las calles del predio, edificio Tandar y estacionamiento, donde se detectó un faltante de lanzas, uniones, mangueras, acoples, llaves para uniones”, dice el informe firmado por el comisario Guillermo Saniego Sierra, jefe de de la división Riesgo Radiológico y Nuclear de la Policía Federal Argentina.

Finalmente, completa: “Se encontraron mangueras con uniones cortadas y algunos sectores de las cañerías con evidente corrosión. Como consecuencia, la red contra incendios del predio no se encuentra operativa, ya que en caso de sucederse un siniestro, el personal de respuesta del Centro Atómico Constituyentes (CAC) no podrá hacer uso de ésta por no contar con los materiales y accesorios absolutamente indispensables para su funcionamiento”.

La nota está fechada el 5 de abril pasado. “Se recomienda la pronta reposición de los materiales de la red para que esté operativa y cumpla su fin de ser un medio contra incendios activo y permita actuar con rapidez cuando se detecte un incendio y trabajar para que no se propague”, finaliza.

En otro documento interno, al que accedió La Nación, se puede ver un listado con los faltantes. Finalmente, la conclusión: “Es indispensable reponer con urgencia todos aquellos elementos que fueron hurtados, a la brevedad posible. En caso de ocurrir un incendio en el CAC, el predio no dispone de una red de incendios”, dice el informe oficial del Departamento de Seguridad e Higiene.

Pero más allá de lo que sucede con la infraestructura, hay otra discusión interna respecto de poder, o no, revisar los bolsos del personal al salir. Nadie controla qué se saca del lugar.

La controversia respecto del control llevó a que la Gendarmería Nacional (GNA) intervenga en el asunto. El 21 de octubre del año pasado hubo una reunión entre el Jefe de sección de la fuerza, Adrián Villalba; Rodríguez Zulato y otro ejecutivo de Seguridad e higiene del Centro Atómico, Mariano Lemos, y el Gerente de Coordinación del lugar, Oscar Lagos. El motivo era tomar medidas respecto de los hurtos que ya se habían reportados.

Esa reunión quedó asentada en un acta al que La Nación accedió. De ahí se puede leer que Rodríguez Zulato y Lemos recomendaron “aumentar la presencia de personal de Gendarmería y sugirieron realizar control de bolsos, pertenencias y automotores de forma exhaustiva con el objeto de detectar hurtos y, también, con fines disuasorios”. El representante de la GNA observó lo mismo y pidió autorización para la la requisa a la hora de salir de un lugar en el que hay un depósito de material radiactivo. Finalmente, la línea política, en la voz de Lagos, terció para que todo siga como estaba: “El señor Lagos manifestó que por el momento no se realizará la revisión de pertenencias a particulares, ni la revisión de automotores”. Fin del debate, nadie controla nada.

Hay más sectores críticos. Por caso, el muro del predio, que impide el ingreso físico de personas, también tiene enormes irregularidades. En el informe se adjuntan fotos de tapiales derrumbados; apenas con levantar un pie es posible pasar el muro.

Hoy la Comisión Nacional de Energía Atómica es otro de los apéndices del Estado manejado por sectores kirchneristas fuertemente politizados y es otra puerta de entrada de militantes que acceden al empleo público. Decenas de resoluciones con una fórmula conocida, se han sucedido para que ingrese personal. “Que atento la imperiosa necesidad de personal que esta Comisión Nacional presenta, se ha evaluado rigurosamente y, priorizado, la cobertura de ciertas posiciones a fin de dar continuidad a las actividades y proyectos en ejecución para cumplir con los compromisos asumidos.”, dicen las resoluciones que son la llave de ingreso al Estado de personal no calificado.

Es difícil contar lo que sucede dentro de esos terruños sagrados de la administración kirchneristas. Que lo diga Rodríguez Zulato. Antes de terminar aquella carta que Serquís redactó de urgencia después de que se difundiera el contenido del informe, dejó escrito lo siguiente: “El Departamento de Sumarios Administrativos, se encuentra en proceso de análisis de la información a efectos de poder determinar en caso de corresponder el inicio de actuaciones sumariales”. El costo de hablar se paga en cuotas. Pero se paga.

La vida sigue en Constituyentes y General Paz. El Centro Atómico Constituyentes es un lugar de orgullo para la ciencia y la industria nuclear argentina. Pero a la ciencia debe cobijarla la política entregándole las condiciones para que se desarrolle. Eso falla en esas ocho hectáreas. Una vez más, la política le da la espalda a la ciencia.

Fuente La Nación