Por Miguel Ángel Toma
Un cambio muy significativo ha ocurrido en los últimos días en Chile, respecto de la cuestión de los pueblos originarios y de quienes arrogándose su representación utilizan la violencia armada para lograr sus objetivos. Foto Camilo Vaca Narvaja, quien mantiene estrecha relación con Alberto Fernández, en apoyo a los denominados Mapuches
La actual ministro del Interior de ese país, Izkia Sitches, en concordancia con las promesas electorales del hoy Presidente Gabriel Boric, anunciaba que iban a retirar la presencia militar de la Araucanía y Bio Bio, oportunamente impuesta por Sebastián Piñera. Ni bien asumió el nuevo gobierno se puso en práctica el retiro de las tropas en un gesto claro hacia esos sectores de que se estaba dispuesto a avanzar en un diálogo que reemplazara a la violencia para encarar esa situación.
Es más, con una ingenuidad solo aplicable al ideologismo de cierta izquierda, la ministro del Interior, al hacer referencia a la zona en conflicto y como un paso más en las concesiones dispuestas a ofrendar en el altar del diálogo, llamó a ese territorio como el Wallmapu. Obviamente esto encendió todas las alarmas (salvo las del gobierno) de este lado de la cordillera, porque aun suponiendo la ingenuidad mencionada, ese territorio comenzaba en el Océano Pacífico y terminaba en el Atlántico, abarcando gran parte del territorio continental de nuestro país.
Camilo Vaca Narvaja con Alberto Fernández
Respetuosos de la soberanía de terceros Estados, Chile puede hacer lo que quiera o pueda con su integridad territorial, pero a la inversa, ese mismo criterio lo pretendemos para nosotros mismos. Y las palabras de la Ministro, no apuntaban precisamente en esa dirección.
Pocos días después viajó al sur de su país y fue recibida a los tiros por los grupos radicalizados que operan en la región, lo que demostró palmariamente cual es la única metodología que están dispuestos a sostener los mencionados grupos. Con la alternativa del diálogo sepultada por la respuesta violenta que le dieran, finalmente el gobierno resolvió volver a militarizar nuevamente esos territorios como único medio de contener la violencia que, en los últimos tiempos, lejos de menguar, ha ido en franco ascenso. Una vez más la cruda realidad se imponía a las visiones ingenuas o maniqueas propias de determinados sectores políticos.
Pero mientras este drástico cambio se daba en Chile, en nuestro país se producía una situación absolutamente opuesta y de una gravedad política e institucional inusitada. En efecto, la tardanza de presentar dentro de los plazos legales el recurso que suspendiera la aplicación del fallo de primera instancia dictado por la Jueza Silvina Domínguez, terminaba por dejar firme la cesión de 180 hectáreas de tierras del Estado a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue y en las que se encuentra desplegada desde el año 1937, la Escuela Militar de Montaña, Juan Domingo Perón, del Ejército Argentino.
Las primeras comunicaciones oficiales del Ministerio de Defensa no dejaban en claro de quien había sido la responsabilidad de esa demora o en todo caso eran lo suficientemente ambiguas como para permitir suponer que recaía en los auditores militares, No obstante, a raíz de una denuncia judicial interpuesta por Diputados opositores y cuya investigación recayera en el fiscal Carlos Stornelli, empezó a develarse un entramado muy sospechoso que lejos de afectar a los funcionarios militares colocaba la lupa sobre los funcionarios civiles designados por el Ministro de Defensa en el área legal. Más concretamente en la figura del Director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa, Gastón Havela. Este funcionario ha hecho una carrera meteórica, porque pasó de ser un simple escribiente en la Secretaría Letrada de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, a ser el responsable de los asuntos legales del Ministerio de Defensa, nombrado por Jorge Taiana, el actual Ministro de esa cartera.
¿Cómo fue la secuencia de los hechos? Veamos. Según trascendió de fuentes de la investigación, el fallo de primera instancia fue recibido por el Ministerio de Defensa el día 2 de febrero a las 12:11 horas, pero recién fue remitido, mediante nota de Gastón Havela al Director de Asuntos Jurídicos del Ejército, Coronel Walter Horacio Franco, 48 horas después, o sea el 4 de febrero a las 15:09. Textualmente la nota señalaba: Remito en archivo adjunto los autos Comunidad Mapuche…..a fin de tomar la correspondiente intervención en las actuaciones mencionadas. Como se verá el Ejército fue notificado cuando ya los plazos legales se habían vencido y a pesar de la presentación judicial que se efectuó la misma fue rechazada por extemporánea con lo cual quedaba en firme el fallo que otorgaba esas 180 hectáreas a la mencionada comunidad.
¿Irresponsabilidad, impericia, complicidad, negocio inmobiliario, apoyo a la causa secesionista de los pseudo mapuches? La investigación está en marcha y esperemos que más temprano que tarde podamos saber el nombre del responsable y el móvil que los motivó. Pero, de todos modos, se ha generado un peligroso antecedente que puede repercutir negativamente en otros reclamos similares que afectan a más de 4000 hectáreas.
Finalmente, seamos claros, No estamos frente a un simple reclamo de tierras, a las que pretenden acceder por la vía judicial cuando les resulta favorable o por la violencia cuando el camino legal se les dificulta. Estamos frente al inicio de un proceso que tiende a conformar un espacio suficiente de territorio que se lo quiere separar de nuestra soberanía para constituir una Nación independiente con la excusa de una reivindicación ancestral mapuche, por otro lado, altamente cuestionable desde la perspectiva histórica. Este es el desafío que hoy enfrentamos, con funcionarios con conductas tan reprochables como las que hemos detallado.
