La polémica de los indultos se reactiva también en el Tribunal Constitucional

En plena efervescencia de los indultos a los presos del ‘procés’, con la reciente decisión del Tribunal Supremo de reconsiderar la legitimación de quienes los recurrieron, el Pleno del Tribunal Constitucional estudia esta semana la admisión a trámite de un recurso presentado por el Grupo Popular. Se trata de un amparo contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de no pedir al Gobierno los expedientes completos de las medidas de gracia concedidas hace ya casi un año. Los populares acudieron al órgano de garantías después de que La Moncloa se negara a darle copia de esos informes y Batet rechazara reclamarlos. Los populares consideran vulnerado su derecho al ejercicio del cargo representativo y exigen a la presidenta de la Cámara Baja que requiera el Ejecutivo la entrega de la documentación de forma «íntegra». En su escrito, los populares recuerdan que la Constitución establece el derecho de los diputados a solicitar al Gobierno la documentación que consideren pertinente. A su juicio, la negativa de Batet a amparar el derecho constitucional de los parlamentarios es «cristalina» y denuncian incluso «una cierta disposición a defender al Gobierno». Tildan el rechazo de Batet de «incomprensible» e «insostenible en derecho». La pugna entre el PP y La Moncloa por el acceso a todos los expedientes relacionados con los indultos del procés comenzó prácticamente tras la concesión de la medida. El pasado 23 de junio, solo un día después de otorgarlos, la portavoz popular, Cuca Gamarra, solicitó al Ejecutivo, a través del Congreso, copia de todos los documentos. El Gobierno contestó el 2 de septiembre rechazando la petición con el mismo argumento con el que está vetando el acceso de los ciudadanos a estos documentos a través de Transparencia. «Contienen circunstancias personales, familiares y sociales, así como datos de ilícitos penales que no se pueden divulgar sin contar con el consentimiento expreso del afectado» o «transcurridos los plazos establecidos» (25 años desde la muerte del indultado o 50 años desde la concesión del perdón). Deber de proporcionar la documentación Los populares consideran que este argumento vulnera la legalidad. Primero, porque resulta contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el derecho de la sociedad a estar informada sobre los indultos otorgados. Segundo, porque los datos personales pueden suprimirse como de hecho se hace en las resoluciones judiciales. Para el grupo parlamentario, el argumento del Gobierno revela su deseo de «sustraerse, por cualquier medio y de forma arbitraria, del deber de proporcionar la documentación». Ocho días después de recibir esta contestación, la portavoz popular decidió pedir amparo a Batet para que instara a La Moncloa a remitir los documentos. La presidenta de la Cámara señaló que no le correspondía «valorar» la respuesta del Ejecutivo, pero lo hizo de forma explícita cuando negó que el Gobierno hubiera incumplido su deber porque ofreció «razones fundadas en derecho» para no facilitar la información.
Fuente ABC