Funcionarios municipales y judiciales fueron denunciados por asociación ilícita
Varias denuncias apuntan a que las autoridades del depósito municipal se encontrarían comercializando motocicletas en perfecto estado, que fueron secuestradas en operativos de tránsito y luego les aseguraron a sus dueños que habrían sido compactadas.
La primera denuncia se llevó a cabo en la fiscalía General del departamento judicial de Morón, durante los primeros días de noviembre de 2021. De acuerdo al denunciante, el juez de Faltas Nro. 1 de Hurlingham, Rafael De Francesco, una de las víctimas se presentó en su despacho reclamando que habían secuestrado su motocicleta Yamaha el 10 de agosto, tras un operativo de tránsito.
Días después, el conductor se acercó al juzgado a resolver su situación al juzgado de Faltas Nro. 2, donde le devolvieron su licencia de conducir y le indicaron que debía ir al depósito municipal a recuperar su moto. Al llegar al lugar, las autoridades del municipio que conduce el intendente kirchnerista Damián Selci, tras la licencia del actual ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, le informaron que su moto había sido compactada. A pesar de los reclamos del propietario, que aseguró que no había razón alguna para tan drástica medida, los funcionarios fueron inflexibles.
Sin embargo, pocos días después de dicho episodio, el conductor reconoció a su motocicleta circulando por su barrio. La investigación judicial habría descartado que se trate de un caso aislado, sino que sería el modus operandi de una banda conformada por autoridades y empleados del depósito municipal de Hurlingham.
De acuerdo al avance de la investigación (IPP 10-00-043980-21) y a medida que se acumulan las denuncias y los testimonios, se supo que quien sería la cara visible de la banda delictiva sería Daniel “Tuna” Benítez. De acuerdo a los testimonios de las víctimas, sería este personaje quien primero pretende cobrarle 30 mil pesos a cada propietario por “sacarle” la moto del depósito y que, en el caso de no lograr llevar adelante la transacción, le vende el vehículo a otro interesado.
En la maniobra estarían involucrados varios funcionarios municipales, entre ellos el ex secretario de Seguridad, Damián Feu, y las autoridades del juzgado de Faltas Nro. 2 de Húrlingham, quienes serían los encargados de cambiar los números del motor, del cuadro y la patente, al igual que algunas motopartes.
En efecto, entre los implicados en la maniobra delictiva estarían el jefe distrital, comisario Andrés Lasala, y el titular del juzgado de Faltas Nro. 2 de Hurlingham, el doctor Xavier López, quien casualmente viene de desempeñarse como jefe del departamento de Sumarios del municipio de Hurlingham, bajo la gestión del actual ministro nacional Juan Zabaleta.
Fuente Realpolitik
