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Luego de que la hemorragia que sobrevino en el Frente de Todos cuando el kirchnerismo le dio la espalda al proyecto del Gobierno para acordar con el FMI por la deuda, el clima interno entre las distintas tribus del oficialismo quedó agrietado.
Sin embargo, con el correr del tiempo el sector referenciado en Cristina Kirchner asumió que ya no habría vuelta atrás con esa medida y entonces se dedicó a diseñar alguna herramienta para que el esfuerzo de la disciplina fiscal exigida por el organismo internacional no recaiga en sectores bajos y medios de la sociedad.
El proyecto para crear el “Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional” nació de las entrañas del Instituto Patria, con el apoyo absoluto de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el afán de condicionar al Gobierno de Alberto Fernández para que ponga un freno a cualquier intento de trasladarle el costo del ajuste a los sectores del trabajo argentino.
También le sirvió el kirchnerismo como punta de lanza para quedarse con el relato de la lucha contra la especulación financiera, obligando al Gobierno a hacer malabarismo para explicar su alianza antinatura con Juntos por el Cambio para salvar el acuerdo con el organismo internacional.
Oscar Parrilli, mano derecha y principal alfil de Cristina Kirchner en el Senado, fue el encargado de ponerle la firma al proyecto del “impuesto a la fuga”, cuyo anuncio no hizo ninguna gracia a las carteras de Economía y Desarrollo Productivo. En los despachos de esos ministerios preferían evitar cualquier iniciativa que generase zozobra en el mercado y en el Círculo Rojo, a raíz de los frágiles equilibrios en los que se sostiene el plan de estabilización de la economía consensuado con el FMI.
Un indicio que alimenta esta hipótesis es que el ministro de Economía, Martín Guzmán, no concurrió a ninguna de las dos cámaras legislativas para defender la iniciativa. Pero una vez presentado en el Senado el proyecto, fue el propio albertismo el que entendió que no había margen para tensar aún más la convivencia de las distintas tribus del Frente de Todos en el Congreso, ni para quedar pegado a una imagen de servidor del FMI, por lo que alineó rápidamente a su tropa para defender la iniciativa en ambas cámaras. Rápida de reflejos, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti comunicó la decisión.
Teniendo en cuenta el antecedente tan fresco que desangró al Frente de Todos por la sublevación de La Cámpora y el kirchnerismo al acuerdo con el FMI, con heridas que no terminaban de suturar, esta iniciativa del “impuesto a la fuga” era clave para poner a prueba la unidad del espacio oficialista en el Senado. En la Cámara alta no hubo fisuras: se aprobó el pasado 12 de mayo pasado con la unanimidad de los votos oficialistas y un aliado frecuente, Alberto Weretilneck de Río Negro.
En la Cámara de Diputados, en tanto, el desafío es el mismo y la unificación del discurso en las filas oficialistas es un hecho. Hasta ahora las únicas voces disonantes en el debate que comenzó ayer en la comisión de Legislación General fueron de la oposición. La estrategia del Frente de Todos, al igual que en el Senado, es dejar pegada a la oposición a los intereses de los evasores con bienes no declarados en el extranjero.
Juntos por el Cambio insiste en que se trata de un blanqueo que beneficia injustamente a personas que cometieron delitos, y que la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) ya tienen herramientas para repatriar el dinero oculto en el exterior.
Si bien el primer objetivo del Frente de Todos de mostrarse compactos y uniformes discursivamente respecto a este proyecto estaría logrado el terreno para avanzar con la aprobación no parece ser del todo fértil. En la foto de hoy, no están los 129 votos necesarios.
En el Frente de Todos tomaron nota de esta limitación y por eso vienen manejando los tiempos del debate con extrema cautela. Prueba de ello es que se tardó bastante en activar el inicio del tratamiento en Diputados, y se dejó afuera a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que tiene competencia en el tema.
Cuando un proyecto se quiere apurar, la dinámica elegida tiene el formato de plenario de comisiones. Pero cuando se quiere avanzar en puntas de pie, sigilosamente y a cuentagotas entonces se convoca a una sola comisión para dar el puntapié inicial. Y esto último es precisamente lo que está pasando en la Cámara baja con el proyecto de Parrilli y Cristina Kirchner.
Un “poroteo” provisorio arroja que el Frente de Todos cuenta con 117 votos propios (el número 118, Sergio Massa, no vota en su condición de presidente de la cámara, salvo desempate) podría sumarle los votos de los diputados rionegrinos Luis Di Giácomo y Agustín Domingo del bloque Juntos Somos Río Negro, y hay dudas sobre lo que harían los habituales aliados del Frente de la Concordia Diego Sartori y Carlos Fernández, ya que en el Senado se ausentó a la sesión la senadora del mismo espacio político Magdalena Solari Quintana.
Pese a la impronta “antifuga” que coincide con el relato de la izquierda, los diputados del FIT no acompañarían la iniciativa oficialista porque consideran que al aprobar ese proyecto se estaría convalidando el acuerdo con el FMI, que consideran “ilegal” a raíz de una deuda de origen contraída por Macri que también tildan de “ilegal”. En ese mar de incertidumbres navega el proyecto oficialista, aunque el puerto final no se ve en el horizonte y el viento de frente no ayuda.
Fuente Mendoza Today
