La juez del caso Erial procesa a Eduardo Zaplana por la trama de comisiones de las ITV y los parques eólicos

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha procesado al exministro del PP y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana por el caso Erial, en el que se investiga el supuesto cobro de más de diez millones de euros en comisiones por las concesiones de las ITV y los parques eólicos en la Comunidad Valenciana. Como paso previo a la apertura de juicio oral, la juez también ha procesado a otros 19 investigados. Entre ello, el presunto testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló, el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas -entonces al frente de Bancaja- o miembros de la familia Cotino -propietarios de una de las empresas adjudicatarias-
. Al mismo tiempo ha decretado el sobreseimiento para la hija y la mujer del exministro de Trabajo al no contemplar evidencias de delito. Si «existen indicios», según el auto, de que algunos de los imputados «se aprovechaban de los cargos políticos que ostentaban a lo largo de varios años, junto con empresas existentes aunque la mayoría creadas exprofeso, y ayudadas también por empresarios individuales» para facilitar «la obtención de contratos públicos obteniendo todas las partes beneficios económicos» que «posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos». En ese sentido, la juez indica que los concursos para la privatización de las ITV en 1997 -una decisión política en la que no intervino ningún técnico- y la ordenación territorial de los parques eólicos de 2003 resultaron ser «a la carta» para que las empresas interesadas, «previa estipulación de comisión, se hicieran con dichas adjudicaciones». De hecho, junto a las instrucciones se incluía ya cuantía que iban a tener que pagar los adjudicatarios. «Dirigidos por» Zaplana, el expresidente de la Generalitat «hizo partícipes» a sus amigos y conocidos por los cargos políticos que había ocupado «de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas» para conseguir su colaboración. Por ejemplo, Joaquín Barceló figuraba como administrador de sociedades y cuentas corrientes creadas tanto en el extranjero -para enviar el dinero- como en España -para devolverlo-. Mientras, Zaplana permanecía «oculto en la sombra de todo tipo de actividad» para eludir responsabilidades. En definitiva, tejió una extensa red para «obtener ganancias ilícitas» sin ser descubierto. Una actividad que se extendió en el tiempo incluso cuando ya había abandonado el Palau de la Generalitat rumbo a Madrid, con Olivas como jefe del Consell. Tanto es así que la juez incide en que su papel «fue también fundamental»: solo por el desarrollo y ejecución de los parques eólicos con «criterios arbitrarios» habría recibido una comisión de 580.000 euros. El negocio era redondo. Sin ir más lejos, una empresa de proyectos eólicos, propiedad de algunos de los procesados, tenía un valor inicial de 120.000 euros. Sus acciones se vendieron un lustro después por 48 millones. Entre los investigados del círculo íntimo de Zaplana también figuran su exjefe de gabinete Juan García, su asesor financiero Francisco Grau, su secretaria Mitsouko Enríquez o hasta su peluquero Pedro Romero. Enríquez recibió 2,3 millones en siete años desde las cuentas del extranjero, según la juez, para entregárselos al exministro. Ahora, la Fiscalía y las partes tiene diez días para solicitar la apertura de juicio oral por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental, o el archivo del procedimiento, que lleva siete años en marcha. La investigación se inició en 2015 en secreto y no estalló hasta mayo de 2018, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a Zaplana en su casa del centro de Valencia. Estuvo ocho meses en prisión provisional, dos de ellos ingresado en el hospital por la leucemia que padece. La operación y también la macrocausa recibieron el nombre de ‘Erial’ por las adjudicaciones que se hicieron en terrenos abandonados sin cultivar y, más metafóricamente, por el expolio de recursos públicos presuntamente practicado por los investigados.
Fuente ABC