El Gobierno de Ximo Puig rechaza modificar la ley para que las familias puedan elegir las clases en castellano

El Gobierno de Ximo Puig en la Generalitat Valenciana ha informado en contra de modificar la ley para permitir a las familias que elijan las clases en castellano para su hijos en los centros educativos, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que cuenta con cerca de 40.000 firmas de apoyo, cuatro veces más de las necesarias. Desde la asociación Hablamos Español han puntualizado que se trata de un dictamen informativo que no paraliza la tramitación de su propuesta por la libertad de elección de la lengua vehicular, con carácter informativo. Desde esta entidad habían reclamado un debate en las Cortes Valencianas, para el que cuentan con el respaldo del PP, Ciudadanos y Vox, pero los socios del Consell (PSPV-PSOE, Compromís y Podemos) se posicionan así en contra de variar la polémica Ley de Plurilingüismo. La protesta frente al Parlamento autonómico por parte de representantes de Hablemos Español para que se discuta tampoco ha hecho cambiar de opinión al equipo de gobierno de Ximo Puig. Tampoco, las demandas presentadas por familias en zonas castellanohablantes, por ejemplo, Orihuela, contra los proyectos lingüisticos de centro, en los que se considera de la citada Ley de Plurilingüismo es «contraria a derecho». No obstante, la argumentación expuesta de nuevo por la Generalitat insiste, tal como señaló en las respuestas a varias familias que han denunciado la discriminación, como reveló ABC
, es que hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que dan la potestad a la Administración para establecer en qué lengua se estudia en cada centro y no los padres de los alumnos. Esta jurisprudencia se refiere a litigios presentados en Cataluña por el conflicto lingüístico también, si bien desde Hablamos Español rechazan que se puedan interpretar esos fallos judiciales como aval para que ninguna administración pueda imponer una lengua u otra. En la misma línea está la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, que también facilitan asesoría jurídica gratuita a los afectados y canaliza algunas de estas denuncias. Además, aseguran que en muchos centros educativos se aplican estos proyectos lingüísticos sin el preceptivo apoyo de dos terceras partes de los miembros del consejo escolar.
Fuente ABC