“Es un instrumento jurídico pionero para prevenir una ineficiencia” en toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumidor, que supone pérdidas económicas e impacto medioambiental, anunció el ministro de Alimentación, Luis Planas, en una conferencia de prensa tras un consejo de ministros.
“En un mundo donde por desgracia aún existe el hambre y la malnutrición, evidentemente este tema nos golpea la conciencia de todos”, señaló el ministro.
El proyecto, que debe ser debatido en el Congreso, busca reducir los 1,36 millones de toneladas de comida y bebidas que los españoles tiran a la basura al año, lo que significa una pérdida de 250 euros (266 dólares) por persona, según cifras del gobierno.
En el caso de supermercados y restaurantes, estos tendrán que establecer mecanismos para donar los alimentos sobrantes a ONG y bancos de alimentos.
Si ya no son aptos para el consumo humano, deberán transformarlos en otros productos como jugos o mermeladas, o, en última instancia, garantizar que sirvan para consumo animal o compost.
Para evitar el desperdicio, los restaurantes deben facilitar a sus clientes sin coste envases para llevarse las sobras, una práctica poco extendida en España.
El proyecto prevé multas por incumplimiento de la normativa, que van de los 2.001 a los 60.000 euros (de 2.130 a 64.000 dólares).
Pese a ello, Luis Planas subrayó que esta “no pretende ser una ley intervencionista”, sino “de concienciación”.
De allí que no habrá sanciones para los hogares, que serán blanco de campañas educativas en toda España.
Otros países europeos como Italia y Francia ya adoptaron en años recientes leyes contra el despilfarro de alimentos.
La Unión Europea (UE) se comprometió para 2030, siguiendo los objetivos de la ONU, a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos tanto de empresas como de consumidores.
Fuente Ambito
