La Comisión Europea ha dado finalmente este miércoles por la tarde la luz verde final al esquema para el establecimiento de un tope al precio del gas para la producción eléctrica en España y Portugal y que permitirá fijar un límite máximo inicial de 40 euros por megavatio hora (MWh) y que durante los próximos 12 meses situará el precio medio en unos 50 euros. Este esquema, que se ha llamado “excepción ibérica”, es una concesión que obtuvieron ambos Estados miembros durante el Consejo Europeo de marzo en el que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, admitió que la Península Ibérica requería de un “tratamiento especial”.
La medida asciende a un valor de 8.400 millones de euros, 6.300 de los cuales corresponden a España. La primera subasta del mercado mayorista que incorporará el nuevo mecanismo tendrá lugar el próximo martes, 14 de junio, para casar los precios horarios del día siguiente, según ha confirmado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una rueda de prensa. La última será el próximo 31 de mayo de 2023. Sin embargo, todas las cábalas dependen de que el real decreto aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 13 de mayo sea convalidado por el Congreso de los Diputados este mismo jueves
El coste final recaerá sobre los consumidores, pero Ribera ha reiterado que será muy inferior al ahorro del ‘pool’
El Ejecutivo comunitario ha detallado en un comunicado los detalles del nuevo mecanismo: “El apoyo tendrá la forma de un pago que opera como una subvención directa a los productores de electricidad destinada a financiar parte del coste del combustible”, reza la nota. El coste final recaerá sobre los consumidores, pero Ribera ha reiterado que será muy inferior al ahorro del ‘pool’ en el mercado mayorista de la luz. En un principio se habló de un precio medio de la electricidad de 130 euros por megavatio hora (MWh) para el conjunto del periodo, pero ahora Ribera prefiere no hacer predicciones.
A partir del séptimo mes de aplicación, es decir, a partir de enero de 2023, el tope al gas para la producción eléctrica se incrementará en 5 euros mensuales desde los 40 euros MWh, hasta situarse en los 70 euros por MWh en mayo del año que viene. Esto significará una rebaja de la factura regulada de entre el 15 y el 20%, la mitad de lo que había prometido el Gobierno inicialmente.
Bruselas explica que la medida se va a financiar a través de las rentas de congestión obtenidos por Red Eléctrica por el comercio transfronterizo de electricidad con Francia, y por otro lado a través de “un gravamen impuesto por España y Portugal a los compradores beneficiarios de la medida”. Finalmente, el mecanismo será idéntico en ambos países, después de que el diseño inicial del Gobierno luso retrasase la aprobación, según ha asegurado Ribera. La ministra de Transición Ecológica ha atribuido la diferencia en los costes que tendrán que afrontar los consumidores de ambos países al distinto tamaño de ambos mercados, pero en ningún caso al hecho de que las prórrogas de los contratos a plazo vigentes en Portugal queden exentas de financiar la medida, como la redacción genérica del primer decreto de Lisboa parecía sugerir.
La Comisión señala que la “excepción ibérica” “se diferencia de otras formas de intervención de precios por las circunstancias particulares del mercado eléctrico mayorista ibérico”, bebiendo así del principal argumento que utilizó Pedro Sánchez durante el Consejo Europeo de marzo: que la Península Ibérica tenía la particularidad de ser una “isla energética”. “La limitada capacidad de interconexión de la Península Ibérica, la elevada exposición de los consumidores a los precios mayoristas de la electricidad, así como la elevada influencia del gas en la fijación de precios de la electricidad, han supuesto una perturbación especialmente grave para las economías española y portuguesa”, admite el Ejecutivo comunitario.
Marcos Lema Juan Cruz Peña
“La medida temporal que aprobamos hoy permitirá a España y Portugal bajar los precios de la electricidad para los consumidores que se han visto muy afectados por la subida de los precios de la electricidad debido a la invasión rusa de Ucrania. Al mismo tiempo, se preservará la integridad del Mercado Único”, ha señalado Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva a cargo de Competencia. “Además, da tiempo a España y Portugal para promulgar reformas que aumentarán la resiliencia futura de su sistema eléctrico, en línea con los objetivos del Green Deal, y, en última instancia, mitigarán aún más los efectos de la crisis energética en los consumidores finales”, ha añadido la danesa.
Un largo camino
El departamento que dirige Vestager ha sido el que más problemas ha puesto al esquema del Gobierno español y portugués, y de hecho la vicepresidenta Teresa Ribera tuvo que viajar a finales de abril a Bruselas junto a su homólogo portugués, José Duarte Cordeiro, para intentar resolver las dudas que tenía el equipo de la vicepresidenta. Tras esa reunión Ribera y Duarte Cordeiro anunciaron un “acuerdo político” con la Comisión Europea, pero la luz verde final ha tardado todavía más de un mes en llegar.
Pero esa fue solamente una de las tres veces que el Gobierno celebró un acuerdo con Bruselas a pesar de que eran solamente etapas dentro del proceso. La primera vez fue el propio 26 de marzo, tras el Consejo Europeo en el que Von der Leyen reconoció la necesidad de un “tratamiento especial”, a pesar de que la propuesta tenía todavía que convertirse en algo sólido. La segunda vez fue el propio 26 de abril, tras la reunión de Ribera y Duarte Cordeiro.
Una tercera vez llegó pocos días después, el 9 de mayo, António Costa, primer ministro portugués, anunció ante algunos periodistas portugueses que la Comisión Europea había dado luz verde a los planes que su Gobierno y el español habían enviado en los últimos días teniendo en cuenta las dudas expresadas por Vestager. El ministerio de Transición Ecológica confirmó esa luz verde. Pero la Comisión Europea tuvo que aclarar que no había ninguna decisión formal: lo que había hecho era mostrar su conformidad con los planes que había recibido, pero todavía no había ninguna decisión.
La Comisión Europea ha dado finalmente este miércoles por la tarde la luz verde final al esquema para el establecimiento de un tope al precio del gas para la producción eléctrica en España y Portugal y que permitirá fijar un límite máximo inicial de 40 euros por megavatio hora (MWh) y que durante los próximos 12 meses situará el precio medio en unos 50 euros. Este esquema, que se ha llamado “excepción ibérica”, es una concesión que obtuvieron ambos Estados miembros durante el Consejo Europeo de marzo en el que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, admitió que la Península Ibérica requería de un “tratamiento especial”.
Fuente El Confidencial
