La Fiscalía Anticorrupción analizó la denuncia presentada por el grupo de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid el pasado abril por las compras de material sanitario por cerca de 20 millones de euros que hizo la Comunidad de Madrid en plena pandemia a dos empresas que no se dedicaban a ese sector. Tras revisar el relato de los hechos, acordó archivar la denuncia porque sólo expresaba meras sospechas, que no indicios o conductas que pudieran ser constitutivos de delito, según informaron fuentes fiscales al diario ABC. Sin embargo, como ya ocurrió en el caso de las pesquisas sobre una adjudicación a la empresa que gestiona un amigo de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, la Fiscalía Europea tiene otro criterio. En aquel asunto, ambas representaciones del Ministerio Público chocaron porque cada una consideraba que tenía competencia para investigar. El resultado final es que hay dos investigaciones en curso. La de Anticorrupción que busca delitos relacionados con el tráfico de influencias y la de Fiscalía Europea, sobre fraude a las subvenciones de la UE. Ahora también se evidencia un criterio dispar. Mientras Anticorrupción denostó la denuncia de Unidas Podemos por vana e imprecisa, la Fiscalía Europea sí ve razones para admitirla. Ha abierto dos investigaciones para analizar si hubo fraude y/o estafa a las subvenciones en los diez contratos covid que recibieron las sociedades Vin Dore 24K S.L., y Air Global Media S.L. La primera es una empresa dedicada a las bebidas alcohólicas. La segunda, trabaja con material radiofónico. Las compras fueron ejecutadas desde el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), incardinado en la Consejería de Sanidad y el dinero se repercutió al Fondo Europeo para el Desarrollo Regional. Aunque cada uno de los decretos señala en su encabezado que se dirige la investigación «contra» cada una de las empresas, en los razonamientos la Fiscalía Europea explica que es pronto para elevar imputaciones concretas. «Es imprescindible llevar a cabo previamente (…) diversas diligencias de investigación -dicen los decretos-, pues sólo a través de las mismas podrán quedar adecuadamente determinados los hechos objeto de investigación y si resulta o no procedente la imputación de los posibles autores». La vía de emergencia
En el caso de la investigación sobre Air Global Media S.L, la denuncia exponía que Madrid adjudicó en 2020 cuatro contratos para suministrar material sanitario por importe conjunto de 10 millones de euros. La empresa no tenía ese tipo de negocio en su objeto social y si bien desde 2020 no ha depositado sus cuentas en el Registro Mercantil, constaría que multiplicó «hasta casi cincuenta veces su cifra de negocios» en la primera ola de la pandemia. Apuntaba posible ocultación de precios inflados y comisiones millonarias. Respecto de Vin Dore 24K, que fabrica espumosos con partículas de oro, la denuncia señalaba la adjudicación de tres contratos de 7,74 millones antes de que su objeto social recogiese ese negocio. La empresa pasó de estar en números rojos en 2019 a declarar 26 millones en beneficios.
Fuente ABC