Desahucio judicial en la sala Caracol: adiós a treinta años de música en directo

A las 10:35 horas, cinco minutos más de lo estipulado, por si el ya exinquilino «aparece con las llaves», la comitiva judicial da la orden de forzar la puerta. El cerrajero se afana, consigue abrir rápido los dos primeros bombines pero el tercero, un cilindro Iseo pompa, se le resiste hasta pasadas las 11. Es el fin de la última etapa de la sala Caracol, treinta años a la espalda, y un futuro incierto a tenor del maltrecho estado observado esta misma mañana. Pese a que el lanzamiento para devolver el local a la propiedad es ya un hecho, lo cierto es que la posibilidad de un futuro retorno tardará tiempo en llegar. La sala ha sido vaciada por los arrendatarios, que por llevarse se han llevado hasta el icónico rótulo de la fachada principal. Dentro, los retazos de los últimos conciertos aún permanecen. La batalla entre los que han sido los gestores de la sala y los propietarios de la nave es frontal. Hace días, los primeros publicaron un comunicado en respuesta a la orden de desahucio del juzgado de primera instancia número 40 de Madrid. Bajo el título ‘La Sala Caracol atropellada, violada y ultrajada de nuevo’, la parte saliente anunciaba que la sala se había visto «obligada a cerrar temporalmente al existir una controversia judicial muy grave con la propiedad de la nave, que se quiere apropiar de la marca y de la explotación del local». A juicio de los expulsados, los propietarios «se han basado en una decisión totalmente polémica de la magistrada, que acatamos pero no compartimos en modo alguno, que puede ser formalmente correcta pero totalmente y absolutamente injusta». En ese sentido, su abogado explicaba días atrás a ABC que el comienzo del conflicto con los propietarios comenzó durante la pandemia («Al verse obligados a cerrar, los dueños de la sala pidieron a los propietarios de la nave una reducción del cincuenta por ciento en el alquiler. Éstos se negaron, y a continuación, esgrimiendo que no estaban cobrando la cuantía total, les metieron un desahucio») y se agravó por un despiste («El abogado que la sala tenía en ese momento contestó a la demanda, pero se le olvidó hacer un traslado de copias a la parte actora. Es un trámite sencillo pero que es preceptivo, y se le olvidó. Entonces la subsecretaria dijo que se subsanase el error, pero la jueza no quiso conceder esa posibilidad, y argumentó que al no haber contestado a la demanda, los dueños de la sala tienen que ser desahuciados)». Una versión diametralmente opuesta a la aportada este jueves por la propiedad. «Ante las informaciones falsas e inexactas que el exinquilino de la Sala Caracol viene vertiendo en diferentes medios de comunicación, la propiedad del inmueble y de la marca se ve obligada« a emitir un comunicado. En el mismo, señalan «D. Moisés Yanco Alonso León y su sociedad Greenpower Factory S.L han estado alquilados solamente 5 años de los 30 años de historia de la sala», un tiempo en el que «han trabajado denodadamente por desprestigiarla, dando conciertos de neonazis». En la nota advierten que, «con todas las rentas aplazadas» durante la pandemia, «intentaron estafar a la propiedad con presupuestos de obra falsos con el fin de obtener un dinero que no les correspondía, lo que provocó la resolución del acuerdo de aplazamiento de rentas». De igual forma, indican que «han venido utilizando el espacio de conciertos durante los dos últimos años sin pagar la renta produciendo la quiebra económica de los propietarios, todo lo cuál provocó la resolución del contrato de arriendo y el consiguiente lanzamiento de la sala por impago de todas las rentas a pesar de recibir subvenciones que se negaron a emplear para pagar la renta».
Fuente ABC