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“La Fiscalía General de la República continúa informando al pueblo sobre la respuesta legal a los hechos del 11 de julio de 2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista”, señala el texto.
Los manifestantes antigubernamentales han sido condenados por los delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza, violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos. Los tribunales del país han emitido 76 sentencias que “han adquirido firmeza”.
El régimen cubano ha acusado previamente a Estados Unidos de financiar y fomentar las manifestaciones ocurridas en Cuba.
En las protestas generalizadas del 11 y 12 de julio de 2021, miles de personas salieron a las calles en pueblos y ciudades de todo el país. Muchos cubanos gritaron “libertad” mientras marchaban irritados por la escasez de alimentos, medicamentos y molestos por los cortes de electricidad en medio de un incremento de los casos de coronavirus en la isla.
Cuba había informado en marzo que sólo en La Habana fueron sentenciados más de 100 manifestantes a penas de entre 4 y 30 años de cárcel.
La Fiscalía añadió que 36 manifestantes fueron condenados por sedición y se les sentenció a penas de entre 5 y 25 años de prisión. Otros 84 cubanos – añadió – recibieron rebajas en sus condenas iniciales, incluyendo a 15 jóvenes entre 16 y 18 años de edad luego de transcurrir el tiempo para la apelación de sus sentencias. La edad penal en Cuba es de 16 años.
Y apuntó que la violación de las sanciones impuestas por el Tribunal en sus sentencias o la comisión de un nuevo hecho delictivo, podría llevar a la revocación de la sanción subsidiaria y el cumplimiento del resto de la pena originalmente fijada, en privación de libertad.
El gobierno cubano había dicho en enero de este año que 790 personas, entre ellas 55 menores de 18 años de edad, habían sido encausadas debido a su participación en las protestas.
Grupos de derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea sostienen que los juicios han carecido de transparencia y han solicitado con insistencia la liberación de las personas sentenciadas.
Fuente Ambito
